Redactor de Macro en elEconomista
Hacienda

Las posturas irreconciliables a derecha e izquierda del PSOE frustran el intento del Gobierno de acometer una reforma fiscal suficiente como para cumplir con Bruselas. El grueso del paquete tributario naufraga y pone en entredicho la viabilidad de un proyecto de Presupuestos –el de 2025- que necesita de un consenso, que hoy no existe. Tan solo un puñado de enmiendas, convertidas en transaccionales, han logrado prosperar. Se trata de la corrección técnica sobre los cambios que el exministro Montoro acometió sobre Sociedades y el alza del alza del tipo máximo del IRPF a las rentas de capital para rendimientos de más de 300.000 euros. Por contra, y pese al intento de PSOE, la permanencia del impuesto a la banca ha sido rechazada por la Comisión de Hacienda, que ha llegado a ser pospuesta hasta en dos ocasiones. La permanencia del tributo a las energéticas queda fuera tras la presión de Junts. "No vamos a aceptar este chantaje", ha dicho Pilar Vallugera de ERC, que ha acusado a Junts de ser un lobby al servicio de Repsol.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, exprimirá los minutos que restan para la celebración -hoy a las 17 horas- de la Comisión de Hacienda, para cerrar un acuerdo de mínimos que permita aprobar los cimientos de la reforma fiscal, que la Comisión Europea reclama como hito para el envío de 11.000 millones procedentes de los 'Next Generation': 7.600 millones en transferencias directas del quinto tramo, 4.000 millones del sexto.

Más de 5.600 millones de los 14.373 millones de euros que el Gobierno ha desplegado hasta la fecha en medidas para combatir las consecuencias de la DANA, un 39% del total, se articulan a través de créditos o aplazamientos fiscales o moratorias crediticias en coordinación con el sector financiero. Estos mecanismo están lejos de ser transferencias a fondo perdido, y exigen un compromiso de pago futuro por parte de los afectados que se acojan a alguno de los dos protocolos.

El Gobierno aplazó ayer por segunda vez, y minutos antes de su votación, el debate sobre la reforma fiscal que introdujo como enmiendas a la ley sobre el impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales. El PSOE no logró remendar las costuras del bloque de investidura, después de pactar con Junts la retirada de la permanencia del impuesto a las energéticas, y con el PNV un tributo sobre la banca, con vigencia limitada a tres años. El resultado: un texto que las izquierdas se niegan a apoyar, y que deberá ser repensado y renegociado por Ferraz en los próximos tres días. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató -hasta el último momento- zurcir un a acuerdo de mínimos, que -de momento- no ha logrado cerrar. Aun así, el Ejecutivo ve margen para alcanzarlo, al menos, en los aspectos clave como el impuesto a la banca o el alza en el tributo a las rentas de capital. Medidas que sirvan como boceto para seguir avanzando en una reforma más profunda.

El Gobierno aplaza, minutos antes de su votación, el debate sobre la reforma fiscal que introdujo como enmiendas a la ley sobre el impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales. El PSOE no ha logrado remendar las costuras del bloque de investidura, después de pactar con Junts la retirada de la permanencia del impuesto a las energéticas, y con el PNV un tributo sobre la banca, pulido por las propias entidades financieras. El resultado: un texto que las izquierdas se niegan a apoyar, y que deberá ser repensado y renegociado por Ferraz en los próximos tres días. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató -hasta el último momento- zurcir un a acuerdo de mínimos, que -de momento- no ha logrado cerrar.

Los socios de coalición trazan una nueva subida del IRPF a las rentas de capital, la tercera desde 2021, que dejaría el tipo máximo -que grava los rendimientos superiores a 300.000 euros- en el 30%, siete puntos por encima del tipo vigente hace tan solo tres años. Desde entonces, la Agencia Tributaria no ha dejado de hacer caja. El impuesto ingresó 2.606 millones de euros en 2020. La cifra superó los 3.884 millones el año pasado; un 49,03% más. Ahora, PSOE y Sumar proyectan una nueva subida de la presión, aprovechando el viento de cola de los mercados, especialmente en renta variable, del que proceden parte de las retribuciones gravadas por el tributo.

Hacienda asume buena parte del paquete de propuestas tributarias que Sumar puso sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos de 2025, y eliminará la exención fiscal de los seguros privados a los que se empezará a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS), en el 8%. Con ello, el Gobierno pretende ingresar unos 750 millones de euros anuales, en plena batalla con las compañías aseguradoras a cuenta de la renovación del convenio de Muface.

Hacienda asume buena parte del paquete de propuestas tributarias que Sumar puso sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos de 2025, y eliminará la exención fiscal de los seguros privados, a los que se empezará a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS). El sector ya reconoce que trasladará el impacto del impuesto a sus usuarios. "Esto va a provocar el encarecimiento de los seguros", revelan fuentes empresariales. El acuerdo firmado ayer por los socios de coalición defiende que la exención de la que disfrutan los seguros privados "tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". "Pagarán más quienes más tienen", dijo ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un punto que las propias aseguradoras rechazan. "No entendemos que se esté hablando de rentas altas, cuando el 30% de la población en España tiene un seguro privado", defienden.

PSOE y Sumar acuerdan un texto base sobre el que sustentar la reforma fiscal que el Gobierno había comprometido con Bruselas dentro del plan fiscal estructural y en el quinto tramo de los fondos 'Next Generation'. Los socios de coalición pactan mantener la permanencia del impuesto a la banca, que pasará a manos de las CCAA quienes podrán introducir bonificaciones, a cambio de incrementar en dos puntos el tipo máximo del IRPF para las rentas de capital mayores de 300.000 euros, e imponer nuevos impuestos medioambientales a aviones privados, coches de lujo o yates, con el que Sumar aspira a ingresar 250 millones de euros.