El Gobierno aplazó ayer por segunda vez, y minutos antes de su votación, el debate sobre la reforma fiscal que introdujo como enmiendas a la ley sobre el impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales. El PSOE no logró remendar las costuras del bloque de investidura, después de pactar con Junts la retirada de la permanencia del impuesto a las energéticas, y con el PNV un tributo sobre la banca, con vigencia limitada a tres años. El resultado: un texto que las izquierdas se niegan a apoyar, y que deberá ser repensado y renegociado por Ferraz en los próximos tres días. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató -hasta el último momento- zurcir un a acuerdo de mínimos, que -de momento- no ha logrado cerrar. Aun así, el Ejecutivo ve margen para alcanzarlo, al menos, en los aspectos clave como el impuesto a la banca o el alza en el tributo a las rentas de capital. Medidas que sirvan como boceto para seguir avanzando en una reforma más profunda.
A la espera de lo que ocurra finalmente el próximo lunes, fuentes parlamentarias aseguran que todo apunta a que el Gobierno acabará retirando las enmiendas para salvar la ley inicial, con la que se da cumplimiento a una trasposición europea, y que busca incluir un impuesto mínimo global para las multinacionales, que sí contaría con el apoyo de la mayoría del Congreso, incluido el PP. La Comisión Europea obliga a los países a aprobar esta norma, para evitar sanciones.
Si el PSOE no logra convencer al resto de grupos, decaerá el paquete fiscal planteado, y con él la supresión del régimen fiscal especial de las 'socimis', el impuesto a los bienes de lujo (coches, yets, o yates privados) o la exención a las primas de los seguros privados sanitarios. También la permanencia de los dos gravámenes a banca y energéticas, que solo este año recaudarán 2.859 millones de euros; el alza del tipo máximo del IRPF a las rentas de capital del 28% al 29%, la reforma técnica del Impuesto de Sociedades, que corrige la nulidad que el Constitucional decretó sobre la modificación acometida por el exministro Cristóbal Montoro, y la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística.
Con todo por hacer, los plazos corren en contra de Moncloa. El Ejecutivo –que trata de aprovechar un proyecto de ley en trámite para agilizar los plazos de su reforma laboral- tendrá que recomponer el planteamiento en plena guerra política con sus socios de investidura, que da poco margen para el acuerdo. El puzzle, parece por ahora imposible de resolver.
El borrador acordado entre PSOE y Sumar, que ambos proponían como boceto de reforma, disgustó a partes iguales a Junts y PNV, y a las formaciones a la izquierda de Sumar (ERC, Bildu o Podemos). Pero lo hizo especialmente a los de Carles Puigdemont, que siguen mirando el enredo parlamentario que sufre el PSOE desde lejos. La formación dejó claro desde el principio que la reforma fiscal que saliera adelante "debía de ser la suya, o no sería".
Los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos rechazan medidas que supongan subidas de impuestos, o que pongan en riesgo inversiones estratégicas de bancos o energéticas en sus territorios. Cabe recordar, que la amenaza de Repsol de llevarse a Portugal un proyecto de 1.100 millones de euros en Tarragona, y la presión de BBVA y CaixaBank, precipitaron la caída de estas dos medidas, que el propio Gobierno había prometido impulsar a Bruselas. Estirando la cuerda por el lado contrario, se encuentran los grupos de izquierda que exigen la permanencia –sí o sí- de ambos tributos.
La precaria negociación de los Presupuestos
Con estos mimbres, el Gobierno tiene complicado sacar adelante un paquete fiscal que –al menos- tenga una posibilidad de salir adelante en el Congreso de los Diputados. La disputa del bloque de investidura ha reabierto -además- la dificultad parlamentaria a la que se enfrenta ahora Moncloa par sacar adelante un proyecto de Presupuestos para 2025. Los grupos, consideran complicado alcanzar un consenso entorno a las Cuentas, cuando han sido incapaces de hacerlo en torno a las enmiendas fiscales. Es más, las semanas pasan, y Hacienda sigue sin presentar el proyecto de ley de Presupuestos, lo que hace prácticamente imposible que lleguen a tiempo y se puedan aprobar antes de que termine el año.
Llegado el caso, 2025 arrancará -de nuevo- con las Cuentas de 2023 prorrogadas, hasta que el Gobierno articule una mayoría capaz de renovar el proyecto de ley actualizado. Cabe recordar, que día de hoy, el PSOE no ha conseguido cerrar un acuerdo -en este sentido- ni siquiera con su socio de coalición, con quien lleva semanas negociando.
A ello, se añade la presión del Ejecutivo comunitario, que sigue a la espera del envío del plan presupuestario, que debe completar el plan fiscal estructural que España mandó hace un mes a Bruselas. En el documento, Economía incluyó el compromiso de impulsar una reforma fiscal capaz de garantizar unos ingresos de unos 4.500 millones de euros anuales, es decir, el 0,3% del PIB. También otras medidas estructurales que deberían recoger los futuros Presupuestos, que siguen en el cajón de la vicepresidenta primera.
Y, por si fuera poco, la ausencia de una reforma fiscal pone en riesgo la recepción de 7.000 millones de euros procedentes del quinto pago de los fondos europeos. Un desafío que, no solo pone en problemas la senda fiscal trazada, sino también el crecimiento estimado del PIB en el corto plazo. Pese a que se estima una caída del consumo público ya en 2025, Moncloa fía parte del músculo del crecimiento de la economía a las inversiones procedentes de los tramos que quedan de financiación europea.