El impuesto a las energéticas, que el Gobierno creó con motivo de la reciente crisis inflacionista y que quería hacer permanente, se extinguirá el próximo 31 de diciembre. Una vez concluido el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que pretendía lograr esa permanencia, las fuentes consultadas por elEconomista.es confirman que Hacienda no logró el apoyo de Junts -clave para sacar adelante la iniciativa- a pesar de haber negociado con el grupo de Carles Puigdemont hasta las 18 horas, momento en el que se extinguía el plazo para presentar enmiendas.
El partido independentista sí permite que se mantenga, durante tres años, la tasa excepcional para la banca, que presentará modificaciones. De acuerdo con las enmiendas registradas contemplará una bonificación del 25% en la declaración del Impuesto de Sociedades. Además, las fuentes consultadas en Junts remarcan que han conseguido que la aplicación de la actual tasa sea "progresiva", aplicando un mayor o menor tipo de acuerdo con el tamaño de los bancos.
También habrá modificaciones en el sentido de que la tasa a los bancos será rediseñada para considerar la evolución del ciclo de tipos de interés y las cuentas de las propias entidades, según ha confirmado el PNV en un comunicado. Su base imponible, además, será el margen de intereses y comisiones obtenido por las entidades de crédito. La caída del gravamen a las eléctricas supondrá una merma en la recaudación a partir de 2025. La Agencia Tributaria ha ingresado 1.164 millones de euros a través de este tributo durante los dos últimos años.
Junts insistió en la necesidad de que los impuestazos no perjudiquen a las empresas energéticas. Cabe recordar que Repsol amenazó con trasladar sus futuras inversiones en Tarragona a Portugal si la permanencia del impuesto seguía adelante. La compañía que dirige Josu Jon Imaz tiene previsto desembolsar 1.100 millones de euros en un proyecto para convertir residuos urbanos en combustible en Tarragona.
Por su parte, los nacionalistas vascos han confirmado que las enmiendas pactadas con el PSOE permitirán que los impuestos a la banca, y las multinacionales, se apliquen a través de los regímenes tributarios forales del País Vasco y Navarra, en cumplimiento de la Ley del Concierto Económico. El PNV quería que la figura fuera un tributo y poder concertarlo y "graduarlo" en su territorio.
Todas las fuentes coinciden en que ha sido más fácil la negociación en torno al gravamen a la banca. Fuentes del sector daban por descontado el acuerdo por el que este tributo se integrará en el sistema fiscal. Pese a que no se conocen los detalles del impuesto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya adelantó que estará adaptado a la banca para que no tenga efecto en el crédito.
La pasada semana, las patronales AEB y CECA rechazaron que el Gobierno hiciera permanente este gravamen y alertado de un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real, con una merma estimada de 50.000 millones de euros de capacidad crediticia.
Más allá de los impuestazos fuentes de Junts, ponen de manifiesto que ayer consiguieron más logros. En especial, este partido consiguió que quede en la cuneta el proyecto de imponer un gravamen a las mutuas sanitarias privadas.
También habrá modificaciones fiscales, en forma de desgravaciones, para las empresa que destinen parte de su beneficio a reinversiones.
La desaparición del impuesto a las energéticas, a partir de 2025, acaba con el riesgo de que desaparezcan inversiones estratégicas de más de 8.000 millones para Cataluña y también para Andalucía como son los polos de generación de Hidrógeno Verde en Huelva y Algeciras, que prevén la generación de miles de puestos de trabajo además de contribuir a producir una energía limpia con gran proyección para el desarrollo industrial. La permanencia de este impuesto provocaría la fuga de inversiones ya planificadas hacia otros territorios, limitando el potencial de crecimiento y la generación de empleo en un sector que es clave para la transición energética.
