El desequilibrio parlamentario amenaza con malograr la reforma fiscal que el Gobierno comprometió con la Comisión Europea dentro del plan fiscal estructural, y que sigue sin reunir los apoyos suficientes como para ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Hacienda decidirá hoy si continúa tramitando el texto -y con él las enmiendas registradas por los socialistas hace dos semanas- después de que los grupos parlamentario no lograran ningún avance la pasada semana. El acuerdo que el Gobierno firmó con Junts, y que supone la retirada de la permanencia del impuesto a las energéticas, desvistió el apoyo de otros tres grupos imprescindibles para su aprobación: ERC, Podemos y Bildu, a los que se suma Sumar.
Las formaciones a la izquierda del PSOE mantienen su rechazo al entender que la reforma tiene que incluir "sí o sí" la introducción del gravamen a las eléctricas en el sistema tributario español. Algo que -a su vez- implicaría el rechazo de facto de los de Carles Puigdemont, al considerar que el gravamen pondría en riesgo la inversión de 1.100 millones de euros que Repsol ha proyectado en Tarragona, para levantar una planta para convertir residuos urbanos en combustible.
"El texto propuesto por el PSOE es un parche más, que no soluciona los desequilibrios del sistema", apuntan fuentes del socio de coalición, que consideran necesario abordar una reforma "estructural" que garantice un incremento de los ingresos en escenarios de desinflación, tal y como defienden los expertos. Sumar había puesto sobre la mesa de la negociación del proyecto de Presupuestos de 2025 un ambicioso paquete fiscal con el que aspiran a elevar la recaudación en 26.800 millones de euros anuales. En él, se incluye -entre otros- la permanencia del impuesto a la banca y energética, con la intención de ingresar unos 2.600 millones de euros cada ejercicio. El futuro del tributo a las eléctricas podría recaer en las manos del Partido Popular, que podría acabar decidiendo entre la posición del PSOE y Junts, o la del resto de partidos del bloque de investidura.
Entre las enmiendas socialistas se encuentra -además- una transaccional acordada con el PNV, para garantizar la continuidad del impuesto a la banca. Los nacionalistas vascos lograron suavizar la propuesta del PSOE, y convertir el gravamen en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones de las entidades, para que así pueda ser gestionado por las haciendas forales.
Los socialistas tampoco cuentan con apoyos firmes en otras de las modificaciones que planean. Entre ellas, la subida del tipo máximo al 29% del IRPF a las rentas de capital superiores a 300.000 euros, y que busca dar mayor equidad al impuesto con respecto al que grava las rentas de trabajo. Sumar considera insuficiente la medida, y considera que queda muy lejos del incremento al 33% que la formación propuso a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hace semanas.
La propuesta del PSOE incluye además el compromiso de impulsar en la UE la modificación de la Directiva del IVA, con el objeto de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda o en zonas saturadas. Es el llamado paquete ViDA (VAT in the Digital Age), que el Gobierno considera "una prioridad".
El PSOE busca tramitar su reforma fiscal a través de enmiendas al proyecto de ley para fijar un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales, cuyo periplo parlamentario se encontraba ya avanzado. El objetivo es que todas estas medidas tributarias entren en vigor a partir del 1 de enero de 2025.
Nuevos impuestos
El grupo socialista propone crear un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco como vaporizadores o bolsas de nicotina. Asimismo, se pretende actualizar la fiscalidad de los impuestos sobre las labores del tabaco, con el objetivo de elevar el precio de estos productos y así desincentivar su consumo.
El PSOE también busca una reforma del Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Así, se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones.
En otra enmienda del PSOE, que Junts dice que se ha negociado con ellos, se propone rebajar de manera progresiva este impuesto a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros. Frente al 23% que se grava a estas empresas en la actualidad, el Grupo Socialista propone rebajar el impuesto para que la parte de base imponible comprendida hasta los 50.000 euros se grave a un tipo del 17% en 2027, y la restante al 20% en 2029. A esto se suma otra enmienda para que las compañías puedan deducirse hasta un 20% del importe neto del incremento de sus fondos propios, frente al 15% actual.
