Sumar presiona a Montero para aprobar una batería de medidas fiscales dirigidas a elevar la presión sobre las grandes empresas y recaudar 14.200 millones de euros más cada año. El socio de coalición de Pedro Sánchez propone acompañar el proyecto de Presupuestos de una profunda reforma del impuesto de Sociedades que genere unos ingresos extraordinarios de 13.300 millones. Por un lado, plantean limitar a cuatro años la compensación de pérdidas o deducciones no aplicadas para sumar 8.000 millones más cada año; por otro, formulan la eliminación del régimen consolidado y la supresión de la doble imposición en beneficios repatriados de fuera de la Unión Europea. Ambas medidas añadirían -según los cálculos de Sumar- 1.800 millones y 3.500 millones a la Agencia Tributaria. En 2023, el impuesto de Sociedades recaudó 35.060 millones, la cantidad se elevaría por encima de los 48.000 millones si las condiciones de la formación prosperan.
No es la única medida que incluye su propuesta fiscal. Ponen sobre la mesa la permanencia de los impuestos a la banca y energéticas para garantizar unos ingresos anuales de 2.600 millones de euros. "Planteamos que el gravamen se mantenga en su integridad", insiste el documento de exigencias que Sumar ha llevado a la mesa de la vicepresidenta primera. La formación recuerda que este punto fue firmado por el PSOE dentro del acuerdo de Gobierno firmado antes de la investidura de Sánchez.
Además, el equipo liderado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, vuelve a la carga con otra de sus viejas reclamaciones. Exigen a Montero el compromiso de introducir -durante los próximos seis meses- un impuesto que grave los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena alimentaria, sólo si siguen estando por encima de los de 2019. Este gravamen sería del 1,2% sobre la cifra de negocios neta si la diferencia entre los márgenes empresariales entre 2025 y 2019 supera la diferencia entre el margen de 2023 y 2019, año anterior a la pandemia. De aplicarse, la figura generaría 900 millones de euros en ingresos tributarios.
El documento de los socios de coalición abre la vía -además- a elevar la tributación para las SOCIMIs y SICAVs. Se proponen eliminar los "privilegios fiscales" de los que disfrutan las sociedades de inversión, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo accionista y un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de cuatro años. Para las sociedades de inversión inmobiliaria, plantean reducir la bonificación del 95% en el ITP y AJD. Todo ello, arañaría otros 500 millones.
Mayor presión fiscal sobre los 'ricos'
Al margen, se sitúan las medidas fiscales que Sumar presenta para las rentas más altas. La principal apunta a la creación de un impuesto a las grandes herencias superiores al millón de euros, que sumaría 2.000 millones anuales a la recaudación. Los de Urtasun justifican que imponer este tributo evitaría la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que los gobiernos autonómicos del PP han agudizado con una nueva batería de bonificaciones en cadena.
También planean una nueva vuelta de tuerca sobre el gravamen a las Grandes Fortunas, reduciendo el límite sobre el que el impuesto comienza a gravar de tres a un millón de euros. También, formulan una modificación del tributo para que, en el cálculo del límite entre las cuotas del IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el propio Impuesto de Grandes Fortunas, se tenga en cuenta la cuota pagada del Impuesto de Patrimonio y no la cuota íntegra. Todo ello, arrojaría unos ingresos extra de apenas 13 millones. No obstante, el documento reconoce el efecto que el tributo ha tenido sobre el Impuesto de Patrimonio. Desde su implementación -en 2022- las autonomías del PP han ido retirando sus bonificaciones para asegurar que la recaudación se quedara en las propias regiones. De hecho, los socios de Gobierno coinciden al criticar que los "regalos fiscales" que han aprobado los populares en sus regiones, han erosionado los servicios públicos en favor de los privados. Por ello, Sumar plantean eliminar las exenciones del IVA de la que disfrutan los centros de educación privada y los seguros sanitarios. Esta medida engrosaría la recaudación en 1.945 millones y 750 millones más, respectivamente
El catálogo de propuestas demanda -además- elevar la presión fiscal sobre aquellos que posean un inmueble no destinado a la vivienda permanente para recaudar otros 300 millones cada año; y pone sobre la mesa la creación de un impuesto ambiental a aviones privados, coches de lujo o yates, que aspira a ingresar 250 millones.
Sumar también sugiere una modificación del IRPF para las rentas altas, que plantean desarrollar -como con la creación de impuestos- antes del segundo trimestre de 2025. Apuestan por crear un nuevo tramo a las rentas del trabajo desde los 150.000 euros, y elevar el tipo máximo del gravamen a las rentas de capital al 33%. El objetivo es recaudar otros 500 millones.