Sumar retoma su ofensiva fiscal contra directivos y altos cargos de grandes empresas, y pone sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos para 2025 una subida de los tipos que gravan en el IRPF las rentas de capital hasta el 30%, que afectaría a aquellos rendimientos superiores a los 120.000 euros. En concreto, el socio de coalición quiere adelantar el tipo máximo –ahora situado en los 300.000 euros– e incrementar su presión. Lo hace en un momento clave, en el que el ministerio de Hacienda estudia alternativas para impulsar alzas fiscales a "quienes tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas", tal y como desveló el presidente del Gobierno la pasada semana.
La propuesta no es nueva, pero ahora tiene más posibilidades de prosperar. Los socios de Sánchez en La Moncloa ya intentaron colocar la medida en el proyecto de Presupuestos de 2024 que acabó naufragando por el adelanto electoral en Cataluña. La formación plantea tejer una red de incrementos progresivos que afectaría a los tramos altos, a partir de los 120.000 euros. Elevará tres puntos el tipo que grava aquellos rendimientos situados entre los 200.000 y 300.000 euros; y en dos, los superiores a 300.000 euros. Tan solo tres tramos quedarían fuera de la reforma. Los rendimientos de hasta los 6.000 euros seguirían gravándose al 19%, aquellos de entre 6.000 y 50.000 euros, al 21%; y las ganancias inferiores a los 120.000 euros quedarían sometidas a un tipo del 23%. Desde 2020, el Ejecutivo ha incrementado en dos ocasiones los tramos más altos del tributo. La última el año pasado.
"El 60% de los ingresos de los altos directivos provienen de las rentas de capital", defendió hace meses el portavoz económico del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza. Una tesis apuntalada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lleva tiempo preparando el terreno para el aterrizaje de la medida. La ministra de Trabajo no ha dejado de insistir en que las retribuciones de los ejecutivos de las grandes empresas son hasta "174 veces" mayores que las que reciben sus trabajadores. Además, durante la negociación de los pasados presupuestos ya defendió que la recaudación del IRPF proviene en un 85% de las rentas de los asalariados, no de las rentas de capital. Cabe recordar que dentro del impuesto sobre la renta, los ingresos procedentes del trabajo tributan a un tipo máximo superior al 40%; los rendimientos derivados de las ganancias patrimoniales lo hacen a un 28%.
Para justificarse, la formación toma como referencia el informe de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas publicado cada año por la CNMV. En él se observa un incremento del 5,48% de las retribuciones de los consejeros en 2023, con respecto al año anterior. En cifras, un consejero de una cotizada cobró el año pasado un salario medio de 404.000 euros, la cifra escala hasta los 708.000 euros en las empresas del Ibex 35. Según el documento, un 32% del total es percibida en variable, en su mayoría en acciones de la compañía.
Lo cierto, es que España es uno de los países de la Unión Europea que más grava el rendimiento de capital. Tan solo seis países comunitarios aplican un tipo máximo por encima del 28%. Dinamarca, con una tasa del 42%; Finlandia y Francia, con un tipo al 34%; Países Bajos e Irlanda, al 33% y Suecia, al 30%.
PSOE y Sumar siguen negociando el contenido del proyecto de Presupuestos que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presentará ante el Congreso de los Diputados. "Hay que dar cumplimiento al mandato constitucional, que dice que los que más tienen más tienen que aportar" insistió Díaz el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta primera reveló que preparan una propuesta fiscal para el PSOE. "Vamos a hacer una propuesta, que estoy seguro que encontrará el acuerdo", añadió.
Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo trata de rebajar las expectativas sobre el paquete fiscal que acompañará a las Cuentas de 2025. Fuentes de Hacienda recuerdan la batería de medidas tributarias que durante los últimos tres años se han ido aprobando, e insisten en que juntas, componen una reforma fiscal. No obstante, la vicepresidenta Montero reconoció el martes que durante los próximos meses plantearán "alguna otra cuestión" al respecto.
Sin embargo, Moncloa debe resolver antes varias cuestiones pendientes en materia de política fiscal. Una de ellas es la posible permanencia de los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca, que el Gobierno ya trató de incluir en el frustrado proyecto de Presupuestos para 2024. "Abrimos camino cuando las energéticas tenían unos beneficios récord con motivo del incremento de la luz, e hicimos lo mismo con la banca", dijo Montero.
También otras maneras para incrementar la presión sobre las grandes fortunas, que siguen encontrando vías para eludir impuestos. De hecho, un 75% de las fortunas españolas superiores a los 30 millones de euros, lograron en 2022 esquivar el Impuesto de Patrimonio, según los datos difundidos por la Agencia Tributaria. En concreto, de las 852 personas que declararon patrimonios superiores a los 30 millones, solo 235 acabaron pagando el impuesto gracias a la red de bonificaciones que las regiones gobernadas por el PP tejieron como respuesta a la aprobación del impuesto a las grandes fortunas.
El Gobierno estima que en 2025 los ingresos tributarios crecerán un 6,5%. El buen comportamiento de la recaudación, será clave para el cumplimiento de la senda de estabilidad que llevará el déficit público al 1,8% en 2025, y que será sometida al examen del Congreso de los Diputados la próxima semana, con la incógnita –aún– de si conseguirá ser aprobada.