Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este miércoles su intención de aumentar la fiscalidad para aquellos que ya poseen suficiente riqueza para vivir varias vidas. En un acto celebrado en el Instituto Cervantes, donde inauguró el nuevo curso político, Sánchez anunció que se implementarán "nuevas medidas para limitar los privilegios desmesurados de ciertas élites" que actualmente disfrutan de beneficios excesivos.
El jefe del Ejecutivo subrayó que el objetivo de estas medidas no es perjudicar a los ricos, sino proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que sigue siendo profundamente injusto.
Sánchez hizo estas declaraciones en presencia de casi todo su gabinete y de los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. "Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto". Para Sánchez, "independiente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos lamborghinis".
El jefe del Ejecutivo aseguró también que una fiscalidad más progresiva será uno de los tres ejes principales que desarrollará el Gobierno en materia económica en este nuevo curso político, con impuestos "que crecerán más para quienes más tienen".
Nuevo techo de gasto y unos PGE 2025
Sánchez anunció que aprobará un nuevo techo de gasto y la senda de déficit, claves para iniciar el proceso de presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, con el objetivo de presentarlo otra vez en la Cámara Baja, tras el rechazo en julio a esta norma por parte de Junts, el Partido Popular y Vox el 16 de julio. "Nuestro objetivo es aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lleven el adn, la marca, el sello de este Gobierno de coalición progresista".
Estos objetivos serán sometidos a votación en el Congreso y, si son aprobados, pasarán al Senado. En caso de que la Cámara Alta los rechace, el Congreso tendría la posibilidad de anular ese veto. Cabe destacar que la senda de estabilidad rechazada en julio proponía que el déficit público se redujera al 2,5% del PIB en 2025, al 2,1% en 2026, y al 1,8% en 2027, estableciendo metas menos exigentes para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con un déficit del -0,1% del PIB y equilibrio durante todo el periodo, respectivamente.
La regla de gasto, que es un indicador clave para las nuevas reglas fiscales europeas, se fijaba en el 3,2% para 2025, el 3,3% para 2026, y el 3,4% para 2027, lo que contribuiría a reducir la deuda pública al 103,6 % del PIB, al 101,8 % y al 99,7%, respectivamente. Esta senda de déficit se basaba en previsiones de crecimiento económico del 2,4% para este año, del 2,2 % en 2025, y del 2% tanto en 2026 como en 2027, con una tasa de paro que, para ese último año, se situaría por debajo del 9%.
El techo de gasto no financiero para el próximo año, que se debate, pero no se vota, se fijó en un récord de 195.353 millones de euros, un 3,2 % más que el año anterior. Esta cifra asciende a 199.171 millones al incluir 3.818 millones de fondos europeos.
Sánchez insistió en que su Ejecutivo trabajará por unos "presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública" que se ha realizado durante estos últimos seis años.
En esta misma línea, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anticipó públicamente que el Gobierno planea reintroducir los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas, argumentando que es una propuesta "muy sensata y positiva" para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y es que el ejecutivo pretende impulsar un nuevo sistema de financiación "más justo" y en el que todas las comunidades autónomas recibirán más recursos. De hecho, se ha comprometido a duplicar los recursos "de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española", que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
Este nuevo sistema, según adelantó Sánchez, requerirá la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. "Creemos que la descentralización, que es parte esencial del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, puede ser completamente compatible con la garantía de solidaridad y equidad entre territorios", señaló.
El presidente añadió que este sistema también permitirá asegurar la suficiencia de recursos "siempre que los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal". Además, Sánchez reiteró que, con la reforma del sistema de financiación autonómica que se propondrá, "todas y cada una de las comunidades autónomas recibirán más recursos de los que obtuvieron bajo el gobierno del Partido Popular".
Reuniones con las autonomías
En este contexto, el Gobierno convocará en las próximas semanas a cada presidente autonómico para reuniones bilaterales en el Palacio de La Moncloa, tras concluir el periodo electoral en todas las regiones. Estas reuniones se realizarán además de la Conferencia de Presidentes, que Sánchez ya había anunciado para Cantabria y que se enfocará en la problemática de la falta de vivienda. Sánchez auguró que, por ello, "algunos se afanarán en torpedear este objetivo porque llevan haciéndolo o intentando hacerlo durante estos últimos seis años" y que harán "todo lo posible para que el ambiente en los próximos meses esté dominado por el ruido, las malas noticias, la incertidumbre", recriminó, insistiendo a su vez que España vive "uno de sus mejores momentos de las últimas décadas" y que son "buenos tiempos para los optimistas y malos para los agonías".
En este contexto, Sánchez afirmó que España no enfrentará elecciones en el corto plazo y que, por lo tanto, se inicia "una nueva etapa de avances". Ha hecho un llamado a todos los que están "dispuestos a colaborar y contribuir" en este proceso.
Hoja de ruta en 6 pilares
El presidente delineó en sus discursos las prioridades y estrategias clave de la acción política del Gobierno, enfocando su discurso en seis pilares principales: la competitividad económica, la dignidad laboral, el Estado del Bienestar, la vivienda, la paz y la igualdad.
En cuanto al empleo, Sánchez reafirmó su compromiso de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales "para que todos los españoles puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar". Además de esta reducción, señaló que durante el nuevo curso político se ajustará la normativa estatal del salario mínimo interprofesional (SMI) para alinearse con los estándares establecidos en la directiva europea correspondiente.
Asimismo, prometió que se aprobará "definitivamente" el Estatuto del Becario, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los jóvenes que inician su carrera profesional.
"La vicepresidenta Yolanda Díaz está trabajando en ello y estoy convencido de que se lograrán resultados muy pronto, como viene haciendo a lo largo de estos años", añadió.
Durante su intervención, Sánchez mencionó las medidas y reformas laborales adoptadas por el Gobierno, destacando la reforma del mercado de trabajo implementada en 2021, que ha logrado reducir "drásticamente" la temporalidad. "Hemos fortalecido, en consecuencia, los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país", afirmó el presidente.
Sánchez también resaltó que su Gobierno ha aumentado las bajas por maternidad y paternidad, mejorado las condiciones de cotización para la jubilación, promovido el teletrabajo y elevado el salario mínimo interprofesional (SMI) en 400 euros. "De hecho, hemos realizado todas estas acciones y el apocalipsis económico que anunciaban las derechas y los tertulianos neoliberales no se ha materializado. Por el contrario, España ha alcanzado los mejores datos de empleo de su historia", subrayó.
Sánchez también enfatizó la lucha contra la desigualdad como una de sus prioridades y anunció que en los próximos meses se renovará el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En cuanto a la política internacional, Sánchez subrayó el compromiso del Ejecutivo con la paz, destacando la continuación del apoyo a Ucrania en su conflicto con Putin, a través de más de mil millones de euros en material y de votos favorables en Bruselas. También reafirmó el apoyo al pueblo palestino, indicando que se sostendrá a la ONG de Refugiados de Palestina (Unrwa), se presionará a Netanyahu en la Corte Penal Internacional, la ONU y la UE, y se estrecharán los lazos con el Estado palestino. Sánchez anunció que antes de fin de año se celebrará la primera Cumbre bilateral España-Palestina.
Además, el presidente del Gobierno presentó el nuevo 'Plan África', señalando que el Ejecutivo de Coalición Progresista optará por una política migratoria humanista que respete el derecho internacional humanitario, en contraste con propuestas como deportaciones masivas o el envío de fragatas.
Repaso a los últimos 6 años
Sánchez también indicó que, al mirar hacia atrás en los últimos seis años, se pueden encontrar múltiples ejemplos del impacto positivo de su gobierno. Destacó que España fue uno de los primeros países en el mundo en tener a la población vacunada y el cuarto en donar más vacunas al fondo de las Naciones Unidas. Además, subrayó la reducción del IPC del 10% al 6%, el aumento significativo en las exportaciones de energía, y el liderazgo en la acogida de refugiados afganos. También resaltó que España es un actor clave en la defensa de Ucrania y el país que más ha reforzado su apoyo a Palestina.
Sánchez también señaló que, gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil y las empresas, se logró aumentar la productividad y cerrar la brecha de innovación con la media de la UE. Añadió que España se convirtió en la cuarta economía que más redujo el déficit público y el país que más empleo ha creado de toda la Unión Europea, superando a Francia e Italia juntos.
Igualmente comentó que, en los últimos seis años, los ingresos de los hogares han aumentado casi un 5%. Además, al comparar los ingresos reales, España ha experimentado un crecimiento superior al de Alemania, Francia e Italia, lo cual ha contribuido a una reducción de la pobreza y a disminuir la brecha entre los más ricos y los menos favorecidos. Según él, estos datos reflejan que España es un país que está avanzando en la dirección correcta y haciendo las cosas bien.
Sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por hacer. Señaló que el gobierno de coalición progresista enfrenta desafíos significativos, como tasas de desempleo juvenil más altas que las de otros países europeos y salarios insuficientemente bajos, y que aún queda mucho por lograr para alcanzar la España que se desea.
En su intervención, Sánchez acusó a los gobiernos autonómicos del PP de gestionar con un modelo "caduco neoliberal", que considera los servicios públicos como "mercancías" en lugar de "derechos". Criticó específicamente a los barones populares en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Por ejemplo, señaló que el Gobierno madrileño, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha transferido 1.000 millones del erario público a la sanidad privada en solo un año. Además, ha afirmado que la Comunidad Valenciana, dirigida por Carlos Mazón, ha reducido en un 20% las plazas públicas para residencias de mayores, y que Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, ha "suprimido ya 2.000 clases" de educación pública mientras aumenta en un 22% el gasto en la enseñanza concertada.
"Mercancías frente a derechos. Ese es el caduco modelo neoliberal que la oposición aplica allí donde gobierna. Una agenda que, según el Gobierno de coalición progresista, va en contra del interés de la mayoría. Nuestro modelo es justamente lo contrario", añadió Sánchez.