La presión que España ejerce sobre las ganancias del capital alcanza el 28% y se coloca entre las más altas de la Unión Europea, que promedia el 18,6%. Únicamente seis países comunitarios aplican un tipo máximo más elevado sobre estos beneficios: Dinamarca, con una tasa del 42%; Finlandia y Francia, con un tipo al 34%; Países Bajos e Irlanda, al 33% y Suecia, al 30%. Sumar pretende elevar el cerco fiscal y aplicar una nueva vuelta para elevar la presión a los beneficios obtenidos de valores, bonos o inmuebles en los proyectos de Presupuestos del próximo curso que Moncloa ha comenzado a preparar con calma. "Hay que incrementar los ingresos públicos haciendo que quien más tiene pague más", insistió hace unos días el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, recalcando la consgina política del grupo que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz dibuja así una línea roja, con la que pretende estrechar el círculo sobre directivos y altos cargos de las grandes empresas, "el 60 % de los ingresos de los altos directivos provienen de las rentas de capital", afirmó el diputado Carlos Martín Urriza. Desde 2020, el Ejecutivo ha incrementado en dos ocasiones los tramos más altos del tributo que se paga cuando una persona vende un activo para obtener una ganancia por la venta de una acción. La última el año pasado. Hacienda subió un punto -al 27%- el tipo para rendimientos de entre 200.000 euros y 300.000 euros. El alza fue de dos puntos -hasta el 28%- para aquellos rendimientos superiores a los 300.000 euros. La intención de Sumar ahora va más allá.
El socio de Gobierno quiere introducir un nuevo escalón que actúe sobre las plusvalías superiores a los 120.000 euros "para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%", apunta el documento que la formación. Tan solo tres tramos quedarían fuera de la reforma. Los beneficios de hasta los 6.000 euros seguirían gravándose al 19%, aquellos de entre 6.000 y 50.000 euros, al 21%; y las ganancias inferiores a los 120.000 euros quedarían sometidas a un tipo del 23%.
El sistema es muy distinto al aplicado en los países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, que establecen un tipo fijo al que se añade un porcentaje extraordinario en el caso de los ingresos más altos. Otros, como Eslovaquia, rebajan el tipo al 0% para aquellos que mantengan el activo durante más de 15 años. Bélgica, por su parte, solo grava las ganancias de capital si se consideran ingresos profesionales.
Una reforma fiscal pendiente
La propuesta de Díaz podría encajar en los planes de Ferraz, que necesita medidas que consoliden el equilibrio de las cuentas de cara a los objetivos fiscales fijados por las reglas europeas. Sin embargo, el salto planteado por Sumar se antoja demasiado ambicioso, en un momento en el que los ingresos tributarios siguen avanzando a buen ritmo. Además, la formación quiere dedicar la recaudación procedente de su reforma a "dar respuesta a las demandas de la gente en dependencia, cuidados, derecho a la vivienda y justicia fiscal", dijo el portavoz de la formación que lidera Yolanda Díaz, Ernest Urtasun.
Lo cierto, es que el Ejecutivo debe comenzar a desplegar sus planes con respecto a la reforma fiscal que España debe acometer. Algunos cambios parecen especialmente urgentes, especialmente en el ámbito del IRPF.
Para Funcas es preciso eliminar el régimen de estimación objetiva y el mantenimiento del esquema de tributación dual, con la inclusión de los rendimientos de capital inmobiliario en la base ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general. Además apunta a la necesidad de incluir una reducción variable por rendimientos de trabajo; la revisión de los gastos fiscales para ensanchar la base; la simplificación del impuesto sobre la renta; la actualización periódica para corregir los efectos acumulados de la inflación; y la extensión de la obligación de declarar la renta. Esta última -afirman- ayudaría a contar con una radiografía económica de todos los hogares, "input fundamental para un despliegue focalizado de actuaciones en el frente redistributivo".
A ello, se suma un rediseño de los impuestos que gravan la riqueza. Los expertos de la entidad proponen una simplificación y una actualización normativa. Hoy contamos con tres figuras que gravan la riqueza general: los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre las grandes fortunas. El análisis de Funcas discute los dos primeros, de los que considera que cuentan con "unos tipos impositivos excesivamente altos en perspectiva comparada y en términos económicos, una elevada elusión fiscal, y problemas de externalidades fiscales negativas".
Vigilancia europea
No obstante, la influencia de Sumar sobre el futuro texto podría ir en el sentido contrario. Además, María Jesús Montero cuenta con una presión adicional. Bruselas mira con lupa el proceso de redacción de la cuentas para evitar un desvío exagerado del gasto, que haga descarrilar la reducción del déficit y la deuda pública. Pocos organismo confían en el éxito de la senda fiscal acordada, más allá de 2024. La prórroga de los presupuestos allana el camino del éxito este año, pero no el de los siguientes.
El Banco de España es una de las últimas instituciones en poner en duda los planes del Gobierno, al anticipar que el desajuste quedará cinco décimas por encima del 3%, tanto en 2025, como en 2026. Tan solo un recorte del gasto a la mitad -afirman desde el regulador- podría garantizar una llegada a meta a tiempo. Se trata de años especialmente sensibles para los objetivos fiscales, ya que los efectos que la inflación ha provocado sobre la recaudación se empezarán a disolver a partir del año que viene. A ello, se suma la pérdida del ímpetu que la recuperación postcovid ha generado sobre el crecimiento del PIB. Por contra, los expertos señalan a cierta recuperación del consumo privado y de la inversión empresarial, al calor del mayor calado de los fondos europeos en la economía real.