Las CCAA y los Ayuntamientos tendrán que aplicar un ajuste de 11.550 millones de euros hasta 2026, si el Gobierno no logra impulsar la senda de estabilidad sobre las que intentará cimentar el proyecto de Presupuestos para 2025. Moncloa inicia su segundo y último intento de impulsar las Cuentas y aprueba el techo de gasto récord -de 199.171 millones de euros- que ya avaló en julio junto a la misma hoja de ruta fiscal que no consiguió sacar adelante tras toparse con el voto en contra -por sorpresa- de Junts en el Congreso de los Diputados. "Si el Partido Popular y otros grupos votan en contra de esta senda y es rechazada, estarán obligando a las CCAA a hacer un ajuste de 6.600 millones de euros y de 4.950 millones a Ayuntamientos", ha advertido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha explicado que si la nueva senda no logra el aval parlamentario, construirá las Cuentas sobre los objetivos anteriores, más estrictos para regiones y entidades locales.
La intención del Ejecutivo es dotar de mayor margen fiscal a las comunidades autónomas. La senda vigente obliga a las regiones a alcanzar el equilibrio presupuestario este 2024, y lograr un superávit del 0,1% en los dos años siguientes. El plan revalidado hoy, permitiría a los gobiernos autonómicos incurrir en un déficit del 0,1% hasta 2027. "El Gobierno va a presentar los Presupuestos, ya sea con la senda aprobada hoy o con la senda vigente", ha insistido Montero que ha recordado que la anterior hoja de ruta obligará a las Administraciones a rehacer sus Cuentas con unos números más exigentes.
Sánchez se lanza así a la arena parlamentaria, sin contar con los apoyos necesarios para desatascar la parálisis legislativa. El presidente no tiene garantizados los números suficientes -ni siquiera- para aprobar la senda fiscal. La ministra Montero ha tratado de trasladar la presión sobre los de Núñez Feijóo, y ha recordado que sus barones autonómicos se abstuvieron en la primera votación de la senda de estabilidad que se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 15 de julio. "El PP rechazó y contradijo el voto de las regiones donde gobiernan, dejando en papel mojado el acuerdo multilateral que tanto reclaman", ha asegurado.
Está previsto que la Cámara Baja vote la senda fiscal la próxima semana. Habrá que esperar más para que Hacienda presente su proyecto de Presupuestos. La ministra no ha querido anticipar una fecha precisa, aunque es probable que Montero acuda al Congreso con las Cuentas bajo el brazo a inicios del próximo mes de octubre. Según ha confesado la titular de Hacienda, sigue discutiendo con Sumar el contenido del proyecto, que posteriormente tiene pensado negociar con el resto de grupos parlamentarios. "Yo acudo a esa presentación de los Presupuestos con todos los ánimos por delante", confió la vicepresidenta.
Pese a lo defendido por la vicepresidenta primera, todo dependerá de Junts. Los de Puigdemont tienen la llave para cualquiera de las iniciativas que quiera impulsar el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Desde el pasado 23 de julio, la formación no ha dejado de dar pasos atrás, apartándose del bloque de investidura y poniendo una batería de condiciones a cambio de su respaldo puntual. Los postconvergentes exigen el acuerdo de Bruselas -que firmaron a cambio de la presidencia de Sánchez- y que entre otros exige medidas para forzar el retorno de las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés. También reclaman elevar la inversión del Estado en la red de Cercanías catalana e igualar el nivel de ejecución presupuestaria al de Madrid.
Más allá de lo que decida el Congreso, las previsiones no reman a favor del cumplimiento de los compromisos. La AIReF prevé que las comunidades autónomas cerrarán el año con un desvío presupuestario mayor al estimado. El organismo estima que el Estado se verá forzado a acometer un ajuste extraordinario de 3.000 millones solo en 2024 ante la indisciplina de los ejecutivos regionales, que cerrarán -según las estimaciones- con un déficit del 0,3% este año.