Hacienda asume buena parte del paquete de propuestas tributarias que Sumar puso sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos de 2025, y eliminará la exención fiscal de los seguros privados a los que se empezará a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS), en el 8%. Con ello, el Gobierno pretende ingresar unos 750 millones de euros anuales, en plena batalla con las compañías aseguradoras a cuenta de la renovación del convenio de Muface.
Asisa, DKV y Adeslas dieron portazo al Gobierno el pasado 5 de noviembre, al dejar desierto el concurso y dejar -si no se remedia- a un millón y medio de funcionarios sin mutua. Las compañías consideran insuficiente la oferta lanzada, y reclaman -al menos- una mejora de 100 millones de euros para acercar posiciones.
El acuerdo, firmado el lunes por los socios de coalición tiende a empeorar la situación. Defiende que la exención de la que disfrutan los seguros privados "tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". "Pagarán más quienes más tienen", dijo ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
"No entendemos que se esté hablando de rentas altas, cuando el 30% de la población en España tiene un seguro privado", defienden fuentes del sector. Según datos de la patronal Unespa, en España hay 12,4 millones de personas con una póliza de este tipo. "Se trata de personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida", defendió ayer la patronal a través de un comunicado. El sector ya ha comenzado a hacer números.
Las empresas reconocen que trasladará, el impacto del impuesto a sus usuarios. "Esto va a provocar el encarecimiento de los seguros", afirman. La prima media en España se sitúa entre los 38,3 y 89,7 euros. Un precio que -de prosperar la medida- se elevará un 8%, haciendo que muchos asegurados cursen su baja. "Un incremento del 8% haría que muchos asegurados causasen baja en su póliza de salud", temen las mismas fuentes. A ello, se añaden las consecuencias que esto generará, no solo sobre las cifras de las compañías de seguros, sino también sobre la propia sanidad pública. Las compañías de seguros ya pronostican que la huida de clientes bajo el paraguas de la cobertura pública "empeorará la situación actual de colapso y listas de espera". Ello, podría llevar a una sanidad privada sobredimensionada, dejando a "determinados hospitales en situaciones de sostenibilidad financiera complicada", indican. No obstante, la medida está condenada al fracaso. El PNV confirmó ayer que su grupo no va a apoyar el acuerdo para eliminar la exención fiscal, ya que en Euskadi hay "muchísima gente" suscrita a estos seguros.
Desequilibrio parlamentario
El borrador de reforma fiscal deberá, no obstante, contar con los apoyos del bloque de investidura para continuar con su tramitación. Para lograrlo el PSOE defenderá que su contenido se adapta a la transposición de la directiva europea. Sin embargo, el texto no solo recoge un aumento de la fiscalidad de los seguros privados, sino también un incremento del tipo máximo del IRPF a las rentas de capital, una subida del IVA al 21% a los apartamentos de uso turístico, la creación de tributos medioambientales a los jets y artículos de lujo, o la eliminación de exenciones a las sociedades de inversión inmobiliaria para las que se propone una eliminación de la bonificación del 95% en el ITP y AJD. Un catálogo de medidas que también podrían contar con el rechazo de Junts y de los nacionalistas vascos.
Por el camino quedan otras demandas fiscales que Sumar trasladó a Montero. El acuerdo no incluye la eliminación de la exención del pago del IVA a la educación privada pretendida por los de Yolanda Díaz. La medida aspiraba a añadir 1.945 millones a los ingresos anuales de la Agencia Tributaria. Tampoco el intento de aplicar un gravamen sobre los "márgenes excesivos de las grandes empresas de alimentación", que la formación lleva meses reclamando.
Cabe recordar, que España está obligada a aprobar una reforma fiscal antes de que termine el año. El Gobierno se comprometió a impulsar el texto dentro del plan fiscal estructural que envió a mediados del pasado octubre a la Comisión Europea, y con el que pretende mejorar la ratio de ingresos sobre el PIB en 0,3 puntos entre los años 2025 y 2031.
Moncloa espera que Bruselas avale el documento remitido hace ya un mes, dando el visto bueno a la hoja de ruta fiscal con la que garantizar el cumplimiento de las reglas europeas. Además, de la reforma depende además el quinto desembolso de los fondos europeos, de 7.000 millones.