El Gobierno pondrá fin el próximo 31 de diciembre al repertorio de bonificaciones estatales al transporte público que impulsó en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania. Fuentes del Ejecutivo dejan claro a elEconomista.es que no habrá más prórrogas de estas ayudas en lo que se refiere a su alcance para el total de la población. Sin embargo, dos colectivos muy específicos –jóvenes y jubilados– seguirán beneficiándose de los descuentos, e incluso de la total gratuidad en algunos casos, del uso del transporte público. Moncloa se lo garantizará en los próximos Presupuestos del Estado o, si estos últimos no se aprobaran, a través de un real decreto ley. Fue el pasado 27 de diciembre cuando el presidente Pedro Sánchez decretó la prórroga de estas ayudas que garantizan rebajas de –al menos– el 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, además de los abonos gratuitos de Renfe o los descuentos del 50% de los servicios ferroviarios Avant para viajeros habituales. Ahora la situación es muy diferente.
Moncloa considera que mantener la medida más allá del 31 de diciembre, generará un impacto en las cuentas "inasumible" –estimado en 2.000 millones de euros desde 2022– en un momento en el que España debe trazar un mayor control de gasto bajo la directriz marcada por las reglas europeas. Cabe recordar que Bruselas lleva meses demandando a España el repliegue de los estímulos aprobados para responder a la crisis de precios. Las fuentes consultadas justifican la extinción de las ayudas por la desescalada que ha venido sufriendo inflación durante los últimos meses, lo que ha llevado a la retirada de otras medidas anticrisis, como la rebaja escalonada del IVA de los alimentos. El IPC retrocedió al 1,5% en septiembre, según el dato avanzado el pasado viernes por el INE.
La intención del Gobierno es redefinir la norma, dirigiéndola a menores 30 años y pensionistas, a través una partida en el proyecto de Presupuestos de 2025, que el PSOE ya ha comenzado a negociar con Sumar. El equipo de Yolanda Díaz apuesta –no obstante– por incluir una prórroga total de las ayudas, algo a lo que se oponen María Jesús Montero y Óscar Puente. De hecho, el ministro de Transportes se ha mostrado públicamente partidario de acabar con la gratuidad de los abonos, a los que culpa –en parte– del incremento del tráfico ferroviario y del colapso que han venido sufriendo buena parte de las estaciones principales.
Si Sánchez no logra los apoyos necesarios para tramitar las Cuentas, se reserva un plan b. Impulsará la medida a través de un real decreto ley, con la esperanza de que cuente con aval de la mayoría de los grupos parlamentarios. El cambio quirúrgico que prepara el Gobierno, responde al consejo de buena parte de organismo y entidades de análisis, que no han dejado de recomendar a Sánchez reconducir sus medidas de alivio sobre los colectivos vulnerables, en lugar de tramitar iniciativas con carácter universal.
Está previsto que Puente no tarde en anunciar la prórroga parcial de los descuentos. Las CCAA no han dejado de presionar al ministro para que desvele cuanto antes el destino de las ayudas. Cabe recordar que el coste total derivado de los descuentos se reparte entre Estado –el 30%– y autonomías –el 20%– por lo que los gobiernos regionales necesitan incluir en sus presupuestos el impacto estimado que demandará la modificación de la medida.
Una de las últimas en pedir explicaciones ha sido la Comunidad de Madrid. "Estamos en el mes de octubre y el ministro todavía no ha comunicado a las comunidades autónomas, que son las que tenemos las competencias en materia de transporte, qué es lo que va a hacer, si va a ampliar esa reducción o si va a eliminarla", dijo el miércoles el consejero de Transportes de Ayuso, Miguel Ángel García. También la Generalitat valenciana ha instado a Puente a aclarar que ocurrirá con el mecanismo de ayudas una vez se extinga su prórroga. Su responsable de Transportes, el popular Vicente Martínez Mus, ha solicitado por carta al Estado que confirme si dejará de sufragar el 30% del coste de los billetes.
Buena parte de las regiones tomarán una decisión, sobre si mantienen –o no– su parte de la bonificación más allá de 2024, una vez que Moncloa desvele sus intenciones. La extensión de la medida para jóvenes y jubilados, tendrá un impacto mucho menor, tanto para las cuentas del Gobierno central, como para los autonómicos