El gasto público se consolida como el principal motor que ha permitido a la economía española alzar el vuelo tras la pandemia. Desde su llegada a La Moncloa, en 2018, Pedro Sánchez no ha dejado de inyectar dinero público en el PIB hasta llegar a su máximo en 2023, cuando la cifra escaló a los 680.952 millones, un 35,18% más que cinco años antes, según las cifras de Intervención General del Estado. La tendencia continuó en 2024, cuando el jefe del Ejecutivo mantuvo con vida buena parte de las medidas de auxilio contra la crisis de la inflación, pese a la desescalada de los precios. La economía creció un 0,8% en el tercer trimestre, pero lo hizo apoyándose en un nuevo aumento del 2,23% del consumo de las administraciones públicas, según el INE. Las previsiones dejan la puerta abierta a que el PIB cierre el año con un alza superior –incluso- al 3,1%. La cosa deberá cambiar a partir de 2025. España ha prometido un férreo control a Bruselas dentro del plan fiscal estructural que marca los límites del cumplimiento de las reglas europeas. Las expectativas apuntan a un crecimiento más moderado -de entorno al 2,5%- fruto de la pérdida de dinamismo del consumo público.
Sánchez está obligado a dar un golpe de timón en su política expansiva; sin embargo, no lo tendrá fácil. El presidente deberá asumir buena parte de las exigencias que los grupos parlamentarios ya le han trasladado, si es que aspira a aprobar los Presupuestos de 2025. De hecho, Sánchez ya ha tenido que aceptar la prórroga durante el primer semestre de los descuentos al transporte público, una de las medidas más costosas de los continuos paquetes anticrisis que el Gobierno arrastra desde hace dos años, y que podría suponer un impacto de más de 800 millones sobre las cuentas públicas. La exigencia de los de Ione Belarra ha desbaratado los planes iniciales de Moncloa, que apostaba por redirigir la medida hacia colectivos concretos -jóvenes y jubilados- minimizando así su impacto sobre el gasto, tal y como llevan pidiendo los expertos desde hace tiempo.
"Este mayor consumo público supondría una presión adicional sobre las cuentas públicas, que reafirmaría la necesidad de acometer un proceso riguroso de consolidación fiscal en nuestro país", alerta el Banco de España. A ello, se suma el sobrecoste que tendrá la revalorización de las pensiones en 2025 aprobada el pasado 23 de diciembre. Las mínimas subirán un 6%, las no contributivas y las de viudedad lo harán un 9%. Las contributivas, un 2,8%. Cabe recordar, que el gasto en pensiones ha alcanzado este diciembre la cifra récord de 12.974,2 millones, un 7% más. Un coste que se verá elevado el año que viene.
El jefe del Ejecutivo deberá tener un pulso de cirujano en las negociaciones de las Cuentas de 2025, si no quiere ver que el gasto público vuelva a desbocarse. La mayoría de los organismos confían en que el consumo privado tome el relevo, y se convierta en el gran motor que permita sostener el crecimiento en el futuro. "Se espera que el consumo público, que ha exhibido un notable vigor en 2023 y 2024, modere su aportación al aumento de la actividad en los próximos años", confía el Banco de España en su último informe de proyecciones. "Esperamos una contribución más modesta del consumo público en un contexto de reintroducción de las reglas fiscales europeas, que obligará a una cierta contención del crecimiento del gasto público", coinciden los analistas de CaixaBank, que -al igual que los del Banco de España- prevén que el consumo de los hogares mantenga la intensidad en 2025, apuntalando la actividad del PIB junto a un aumento de la inversión, especialmente aquella dedicada a la vivienda.
De ello, no solo depende la sostenibilidad de avance de la economía, sino también el cumplimiento de las reglas europeas pactadas con el Ejecutivo comunitario. El plan fiscal estructural contempla un aumento del gasto del 3% anual hasta 2031. Una senda que no solo evitará desvíos presupuestarios, sino también reducir el déficit y la deuda pública hasta el 0,8% y el 90% en el largo plazo, respectivamente.
Además, el Gobierno deberá acometer una batería de reformas estructurales que ayuden a contener el gasto y garanticen un aumento sostenido de los ingresos. Es el caso de la reforma fiscal, que el Ejecutivo logró impulsar hace semanas en el Congreso, y que deberá ser completada -al menos- con un alza de los impuestos al diésel que Bruselas exige también en el contexto de los Next Generation.