El Gobierno salva sobre la campana la Ley de eficiencia de la Justicia, después de comprometerse con Podemos -a cambio de su apoyo- a prorrogar la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables a través de una proposición de ley o su inclusión en el escudo social para 2025. Moncloa también tendrá que extender durante seis meses los descuentos al transporte, que el Ejecutivo se disponía a ir disolviendo. "Si el PNV y Junts quieren votar en contra de esas ayudas al transporte, de suspender los desahucios de las personas que tienen una situación más vulnerable, pues van a tener que explicarlo muy bien, porque hasta ahora todos estos grupos han apoyado los escudos sociales en los mismos términos", dijo Belarra tras la finalización del Pleno.
La intervención de la diputada morada, Martina Velarde, dio pistas de que la negociación con el ministro Félix Bolaños ya estaba bastante avanzada al inicio del Pleno. "Al final siempre tiene que ser Podemos el que de la batalla para que se revierta esta situación. Al final Podemos es quien tiene que intentar resolver los problemas", dijo. Aun así, los de Ione Belarra se anclaron –hasta el último minuto- al sí al veto que el PP logró impulsar en el Senado a la ley que incluye una enmienda introducida por el PNV y apoyada por error por ERC y Bildu. La modificación permite acelerar el desalojo de okupas a través de un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Podemos se ha agarrado a esta arista de la norma para amenazar con impedir su tramitación, pese a que el Ministerio de Justicia trató in extremis de subsanar el fallo cometido por dos de sus socios de investidura.
De esta manera, Moncloa logra esquivar un fracaso parlamentario en el último Pleno del Congreso del año, impulsa su ley número 22 en el primer año de legislatura, pero lo hace con la obligación de integrar la prohibición de los lanzamientos hipotecarios a través de otra proposición de ley, si bien el Gobierno podría solventar esto en la reedición del escudo social que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo 23 de diciembre en el último Consejo de Ministros. Esa medida que será anunciada en cuestión de días, mantendrá en suspendo la modificación que los nacionalistas vascos lograron 'colar' en la ley de eficiencia de la Justicia, y que acorta el plazo del desahucio a 72 horas tras la sentencia emitida por un juzgado para aquellos casos relacionados con el allanamiento de morada y usurpación de edificios abandonados.
"Errar es de humanos, y nosotros pedimos disculpas porque nos confundimos", dijo el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, que lanzó un mensaje a Podemos, "fuimos nosotros los que nos confundimos, no los partidos del Gobierno", insistió desde la tribuna. Más áspera ha sido la respuesta de Pilar Vallugera, de ERC. "No nos vienen a salvar de nada", ha dicho dirigiéndose a Podemos, "si alguien ha estado en la delantera del derecho a la vivienda hemos sido nosotros. No pienso dejar que me digan eso sin responder", ha añadido.
Con el impulso de la ley, el ministro Félix Bolaños consigue dar por cumplido un nuevo hito incluido en los fondos europeos. De la aprobación de esta ley dependía el desembolso de 2.500 millones de euros. La norma permite la atención en leyes cooficiales por parte de la Justicia o una reorganización y modernización. Además, incluye el final de las 'Golden Visa', que impedirá a los extranjeros no comunitarios conseguir la residencia en España a cambio de hacer una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o realizando una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósito.