El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que pone fin a las 'golden visa', los visados que permitían a los extranjeros no comunitarios conseguir la residencia en España a cambio de hacer una inversión inmobiliaria igual o superior a los 500.000 euros o realizando una aportación significativa de capital en deuda, fondos, acciones o depósito. Aunque la ley se haya aprobado en Pleno para su remisión al Senado, la enmienda que pone fin a estos visados ya se incluyó en fase de ponencia, la primera del trámite parlamentario.
Poner fin a las golden visa' estaba en la mira del Gobierno desde la legislatura pasada. El exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dijo que el Gobierno estaba trabajando en revisar las condiciones de este visado, y en abril de este año, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la intención de eliminarlo.
Ha sido siete meses después cuando se ha encontrado la fórmula legislativa para proceder al fin de estos visados. En concreto, se ha articulado mediante una enmienda introducida a puerta cerrada en el proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que fue aprobada en ponencia sin la presencia del de los diputados del PP, que suspendieron su actividad por la tragedia causada por la DANA.
Según datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el pasado mes de abril, desde 2016 hasta enero de 2024 se autorizaron 10.528 'golden visa', con una inversión total de más de 10.014 millones de euros y un importe promedio inversor de 951.203 euros. Además, en los dos últimos años es cuando se detectó el mayor número de visados de oro. Así, los 2.017 expedientes autorizados en 2022 multiplican por más de los concedidos en 2021, duplicándose también la suma inversora, desde los 838,1 millones de euros a 1.728,77 millones de euros.
¿Cómo funciona?
El visado de residencia para los ciudadanos extracomunitarios fue aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajo. Está recogido en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y permitía a los ciudadanos no europeos residir en España a cambio de hacer grandes inversiones. En el caso del mercado inmobiliario, el permiso se conseguía a cambio de comprar bienes inmuebles por un valor igual o superior a los 500.000 euros. El tiempo de residencia tenía un plazo de dos años, pero se podía ampliar por periodos de cinco años.
El demandante de la 'golden visa' debía acreditar la compra del inmueble presentado una certificación registral de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad y, entre otras cosas, acreditar que disponía de la inversión libre de toda carga o gravamen. En el supuesto de que la compra del inmueble no se hubiera formalizado, tendría que presentar un precontrato de garantía junto con un certificado de una entidad financiera establecida en España.
El visado de residencia también se podía conseguir realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública, o por la misma cantidad o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país. También podían solicitar el visado aquellas personas que pusieran en marcha un proyecto empresarial que vaya a desarrollarse en territorio nacional y que sea considerado y acreditado como de interés general.