ERC se lanza a la batalla y exige que la senda de estabilidad -que Hacienda sigue sin presentar- permita a Cataluña un déficit 0,7%, seis décimas superior al proyectado por el Ejecutivo inicialmente. Moncloa lleva meses negociando con Junts el margen de gasto con el que contarán las autonomías el año que viene. Los de Carles Puigdemont han lanzado varias propuestas, entre ellas elevar el déficit para la Generalitat al 0,8% o repartir el margen en función al peso de cada CCAA en el PIB nacional. Los de Junqueras contratacan ahora en el Congreso, y registran una PNV con la intención de no quedarse fuera del debate, antes de que María Jesús Montero ponga en marcha la maquinaria presupuestaria, que comenzará con la aprobación de la nueva senda fiscal que ponga los cimientos a la capacidad de gasto de todas las administraciones públicas.
La iniciativa de los republicanos critica además la meta de déficit que España ha comprometido con Bruselas en 2025, del 3%. "Esa propuesta no atiende a la necesidad de reforzar los servicios públicos en Cataluña ni en el Estado, donde las tasas de riesgo de pobreza son todavía superiores al periodo precovid", justifica ERC.
La propuesta de los de Oriol Junqueras supone que el Estado deberá asumir un ajuste mucho mayor al planteado. En sus números iniciales –tumbados en la Cámara Baja por Junts- el Ejecutivo prometía asumir un ajuste del 0,8% del PIB de aquí a 2027. Esto daba un margen mayor a las CCAA, a las que permitía desviarse en un 0,1%, frente al superávit del 0,1% que demandaba el documento anterior. La influencia de los partidos independentistas catalanes podría dar la vuelta a esos números. Hacienda tiene dos opciones: pactar un margen mayor para todas las regiones, asumiendo un ajuste que podría desbaratar la regla de gasto, o fijar déficits a medidas. "Técnicamente es posible, pero eso significaría que unas CCAA tendrían un objetivo más exigente y otras menos, para poder cumplir el dato global", afirman fuentes del ministerio que lidera Montero.
Esta opción sería difícil de defender políticamente, más cuando los barones territoriales denunciaron el pasado viernes ser víctimas de un agravio comparativo con respecto a Cataluña. Un déficit mayor para Salvador Illa reclamaría que otras regiones se vieran obligadas a cumplir con un superávit elevado, marcando una regla de cumplimiento arbitraria. De hecho, el impuesto a la banca aprobado hace semanas en el Congreso, incluye un clausula que permitirá que la recaudación del impuesto se reparta entre las CCAA en función a su PIB. La enmienda -pactada con los de Puigdemont- beneficiará a Madrid y Cataluña, las dos regiones con mayor riqueza.
La cosa no acaba ahí. Tanto Junts, como ahora ERC, exigen también mayores límites de déficit para los ayuntamientos, hasta situarlos en el 0,25%. Cabe recordar que la última senda de estabilidad aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros reclama un superávit del 0,2% para las entidades locales. Ese gap también tendría que compensarse a través de un ajuste extraordinario de la administración central.
A esto se suma una petición para situar el incremento del techo de gasto del Estado en 2025 por encima del 3,2% de la última propuesta aprobada por el Consejo de Ministros, que ascendía a un total de 199.171 millones de euros, en los que se incluyen los fondos europeos procedentes de la Unión Europea. Moncloa no tiene margen de maniobra para modificar este punto, dado que Bruselas ya ha avalado la senda fiscal que incluye esa evolución del gasto público con la que cumplir con las reglas europeas.
