Carles Puigdemont tratará de seguir sacando provecho de la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, forzando al presidente del Gobierno a asumir un reparto del margen fiscal a medida para Cataluña. Junts propone al Ejecutivo que la nueva senda de estabilidad -que siguen negociando con Moncloa- incluya un sistema de reparto de la capacidad de gasto hasta 2027 basado en el criterio del peso de la riqueza que cada región aporta al PIB del Estado, lo que generaría una distribución desigual entre las regiones. "Si Cataluña representa el 20% PIB de España, el reparto debe ser equitativo", desveló la portavoz de los postconvergentes en el Congreso, Miriam Nogeras, el pasado jueves en declaraciones a TVE.
El planteamiento del reparto desigual es técnicamente posible, según ha podido confirmar elEconomista.es con fuentes del ministerio de Hacienda que, no obstante, reconocen que "eso significaría que unas CCAA tendrían un objetivo más exigente y otras menos, para poder cumplir el dato global". Es decir, para que aquellas comunidades con un PIB más alto obtengan un mayor margen de gasto, otras -aquellas con menores cifras de PIB- tendrán que asumir todo el peso del esfuerzo fiscal para cumplir con el objetivo común que el Gobierno establezca en la senda de estabilidad. De esta manera -y en línea con la exigencia de Junts- Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valencia, contarán con unos límites de déficit más altos, en detrimento de Cantabria, Asturias, Extremadura o La Rioja, que tendrán que equilibrar las cuentas a través de un margen mucho más reducido, o incluso viéndose obligadas a cumplir con el equilibrio parlamentario o el superávit. De esta manera, Junts envida el acuerdo firmando entre PSC y ERC, toma la delantera en la busca de un trato privilegiado para Cataluña, y se presenta como el enlace 'útil' del Gobierno con el independentismo catalán.
No obstante, se antoja muy difícil que Hacienda acepte el trato que Puigdemont ha puesto sobre la mesa a cambio de aprobar la senda fiscal, y desatascar la tramitación del proyecto de Presupuestos. El desgaste político que los de Sánchez han sufrido tras asumir la financiación singular para Cataluña pactada con ERC, y que ha despertado la ira del resto de presidentes autonómicos -incluidos los socialistas- cierra la puerta a un posible reparto a medida del margen fiscal que beneficie a las regiones más ricas, y perjudique a las pobres.
La negociación no está siendo sencilla. Los cambios en la propuesta de Junts, que al inicio había planteado ampliar el límite de déficit a las CCAA del 0,1% al 0,8%, han ralentizado las conversaciones para cerrar una senda definitiva, que Economía debería incluir dentro del plan fiscal estructural a cuatro años que se ha comprometido a enviar mañana a Bruselas. De su contenido, poco se sabe. "En pocos días, el Gobierno de España tiene que presentar un plan fiscal estructural, del que no se conoce nada", afeó la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, que advirtió de que será "imposible" que España no cumpliría con las reglas europeas, sin la disciplina de las CCAA. Eso sí, los de Carlos Cuerpo solo incluirán en el documento que remitirán a la Comisión Europea las medidas económicas sin presupuestar. "Hasta que no tengamos el borrador de presupuestos sobre la mesa no presentaremos el plan presupuestario", reconoció el pasado martes el titular de Economía.
Cumplido el trámite y aprobada la futura senda de estabilidad, el Ejecutivo deberá afrontar la tarea de impulsar las Cuentas. El ministerio de Hacienda parece decidido a ello. Moncloa ya ha adjudicado el contrato de servicios de impresión digital, encuadernación y grabado de USB de las publicaciones relacionadas con el proyecto de Presupuestos, por un valor de más de 18.300 euros. No obstante, Montero no tiene prisa. El jefe del Ejecutivo ya adelantó hace semanas que no iniciaría el trámite parlamentario hasta que ERC y Junts no celebren los congresos en los que definirán su estrategia. Ambos tendrán lugar a finales de octubre y noviembre, respectivamente. De hecho, la presidenta del PNV, Txaso Atutxa, reconoció el pasado miércoles que los contactos iniciados por el Gobierno con el resto de los grupos parlamentarios se encuentran parados. Tan solo avanzan las negociaciones con Sumar.