La suspensión de las negociaciones con el Gobierno decretadas ayer por Puigdemont, amenaza la viabilidad de los Presupuestos de 2025 que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se comprometió a aprobar a lo largo de este primer trimestre del año. El nuevo giro de cintura de Junts resucita una nueva prórroga presupuestaria –la segunda consecutiva- a la que Moncloa lleva días restando importancia. Al menos tres ministros han minimizado hasta ahora el impacto que tendría extender de nuevo las Cuentas de 2023 a lo largo del año. "No impide gobernar", dijo el titular de Transportes, Óscar Puentes. Es más, la prórroga podría ser el mayor aliado de las cuentas públicas. Renunciar a las nuevas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, de 195.353 millones de euros, sin contar las transferencias de los fondos europeos. La cifra se sitúa muy por encima de los 173.065 millones que las Cuentas vigentes desde hace dos años establecen como tope, por lo que dilatarlas otros doce meses conllevaría un ahorro de más de 22.200 millones de euros en las proyecciones de gasto.
Además, el menor límite de gasto ayudaría a España a apuntalar el cumplimiento de las reglas europeas. Cabe recordar, que Moncloa pretendía asumir –al menos- un ajuste del 0,8% del PIB hasta 2027. La cifra podría ser mucho mayor si las negociaciones entre Ejecutivo y Junts hubiesen llegado a término. Los de Puigdemont exigían que la senda fiscal permitiera a las CCAA caer en un déficit del 0,8%, siete décimas más de los pretendido inicialmente por Moncloa. Esa diferencia, tendría que ser asumida por el Estado, provocando un esfuerzo fiscal con un difícil encaje con los compromisos comunitarios.
Pese a ello, el Gobierno no da la batalla por perdida. Los de Sánchez buscarán salvar sus relaciones con Junts, que exige a los socialistas una reunión urgente en Suiza. El PSOE acudirá al encuentro para el que todavía no hay fecha. De momento Ferraz no ha adelantado la identidad de las personas que acudirán a la reunión, o si será el presidente Sánchez será quien la lidere la delegación.
"Vale la pena que se entienda la gravedad y la seriedad de la situación", mantuvo Puigdemont, que exige que al PSOE que tome una decisión sobre la iniciativa registrada por Junts en el Congreso, a través de la cual quien forzar una cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. Cabe recordar que la Mesa de la Cámara Baja decidió aplazar –por segunda vez- su calificación el pasado jueves. "La decisión ha sido no tomar ninguna decisión", insistió el líder independentista, que considera ese "bloqueo" parlamentario como un "punto de no retorno" en las relaciones entre ambos partidos. La reacción del Gobierno fue tibia. "Algunos de esos acuerdos ya están en el BOE, otros en vías de tramitación y otros en negociación. El Gobierno cumple los acuerdos que firma", respondió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no quiso entrar a valorar las palabras del líder de Junts.
Fuentes parlamentarias leen en la advertencia de Puigdemont un agravio personal, dado que la ley de amnistía sigue sin alcanzar al expresident de la Generalitat, e interpretan que hasta que el líder de Junts no pueda retornar a Barcelona no dejará de elevar la presión en torno al Gobierno. De hecho, el propio Puigdemont reconoció ayer que su órdago es una "apuesta arriesgada", y asumen que puede tener un coste político para la formación, que de momento se reserva la posibilidad de apretar el botón de la voladura de la legislatura. "Los términos en los que se ha planteado es cambiar un Gobierno por otro. Hay otra manera más democrática de forzar a convocar elecciones, que es apelar al comportamiento democrático del presidente del Gobierno", defendió el presidente de Junts, en relación con la moción de censura con la que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva días tratando de tentarle, y que no apoyarán, por su negativa a unir sus votos a los de Vox para descabezar a Pedro Sánchez.
Lo cierto, es que una nueva y definitiva prórroga presupuestaria –más allá de efectos contables- supondría un serio revés político para Sánchez. El presidente se vería obligado a extender unas Cuentas que proceden de la legislatura anterior, admitiendo –por segundo año consecutivo-que no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente como para impulsar el principal proyecto de ley.
A este contexto se suma el tercero en discordia. Sumar -socio de coalición que caería con Sánchez- busca asumir el papel de mediador. El partido trató ayer de desdramatizar la situación y se mostró convencido de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita desatascar los Presupuestos de 2025. "Todavía estamos a tiempo", afirman fuentes de Sumar. La dirección del grupo considera vital mantener el apoyo puntual de los de Carles Puigdemont, dado que hay varias leyes clave que necesitan ser aprobadas en el Congreso. Entre ellas, se encuentra la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz quiere tramitar de forma urgente, y llevarla al Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero, con el objetivo de que sea aprobado antes de final de año y que empiece a ser efectiva el 1 de enero de 2026.
Las CCAA, a ciegas
La incertidumbre sobre los Presupuestos de 2025 atrapa a las autonomías, que deben impulsar sus propias Cuentas sin la referencia del margen de gasto con el que contarán este año. Un total de once gobiernos regionales ya han iniciado los trabajos parlamentarios bajo la premisa de que contará con un déficit del 0,1%, tal y como prometió Hacienda dentro del techo de gasto aprobado en Consejo de Ministros. Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja se han ajustado al déficit del 0,1% que recoge la nueva senda y que es mucho menos exigente que el superávit del 0,1% que estipulaba la senda anterior, que si se prorrogan los Presupuestos de 2023, regirá lo que queda de año. Otras, como las de Baleares o Murcia, Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana siguen pendientes del desenlace del desencuentro con Junts.
