El PSOE y Sumar adormecen el órdago de Carles Puigdemont y pospone su decisión sobre la cuestión de confianza que Junts registró a inicios del pasado mes de diciembre. La mesa del Congreso da una patada hacia adelante y aplaza su decisión sobre si llevar o no a Pleno la Proposición No de Ley (PNL) que reclama la celebración de un examen legislativo a Sánchez. El líder postconvergente amenazó con hacer colapsar la legislatura si Moncloa le ignoraba. Un ultimátum que las filas socialistas interpretan como una ruptura de las negociaciones en torno a los Presupuestos de 2025, que condenaría a Moncloa a prorrogar -una vez más- las Cuentas proyectadas para 2023. "No es la mejor opción, pero no impide gobernar ni trazar hoja de ruta", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace días. Desde entonces, la consigna pública del Ejecutivo es la misma. "Podemos prorrogar sin problema", afirman fuentes socialistas, que recuerdan que varias CCAA populares tan solo consiguieron aprobar un Presupuesto durante la pasada legislatura.
Es más, alguno de los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez dudan de que el PSOE esté encantado con esta posibilidad. "Están cómodos en ese escenario", afirman desde Podemos, uno de los partidos que más difícil le ha puesto las cosas al Ejecutivo en las últimas votaciones en el Congreso. Lo cierto, es que si llega el caso y los Presupuestos de 2023 se extienden durante todo este año, el Gobierno se ahorraría una dura negociación con los de Ione Belarra, que exigen a Montero reducir el precio del alquiler al 40% para sentarse a conversar las Cuentas. Lo mismo ocurriría con Junts, cuyos últimos acuerdos han desgastado políticamente a Sánchez hasta el punto de provocar un cisma en varias de las baronías territoriales, que el presidente busca ahora controlar poniendo al frente a varios de sus ministros. Moncloa asume que renunciar a la cuestión de confianza supondría una nueva prórroga presupuestaria, pero peleará para evitar una ruptura total con los independentistas.
Puigdemont, ante el espejo
Los vaivenes de Junts con el Gobierno podría acabar acorralando al propio partido independentista. Pese a la ofensiva desencadenada contra Sánchez, los de Puigdemont se han arrugado cuando les han puesto delante el detonador real de la legislatura. "No nos hemos planteado una moción de censura. Hacer algo con Vox es una broma macabra", reconoció hace días el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un desayuno informativo. La declaración responde a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quién horas antes planteó a Puigdemont apoyar una posible moción de censura contra el Gobierno con el compromiso de convocar -una vez investido presidente- elecciones generales.
Un paso que parece descartado, al menos hasta que la residencia de Puigdemont siga estando en Waterloo. La llegada del líder de Junts a Cataluña podría desencadenar una ruptura total que fuerce -esta vez sí o sí- una repetición electoral en España. Fuentes consultadas temen que la presencia del expresident en Barcelona despierte el ánimo independentista de parte de su electorado, y provoque que Puigdemont active el botón electoral con la intención de doblar el número de votos logrados el 23-J. No obstante, unos nuevos comicios presentarían un riesgo para los postconvergentes, que actualmente cuentan la llave legislativa para cualquier iniciativa que presente el Gobierno, una tentación a la que muchos analistas no creen que Puigdemont sea capaz de renunciar.
En su estrategia, el líder independentista no ha dudado en meter a Feijóo en la ecuación. La dirección de Junts se ha dejado querer por el jefe de la oposición, apoyando algunas de sus iniciativas en la Cámara Baja, e incluso calcando el discurso popular en temas capitales como la vivienda. La formación ha defendido el "desalojo inmediato" de las personas que ocupen ilegalmente una vivienda "en un plazo máximo de 48 horas". Una fotocopia de la propuesta popular, que los de Puigdemont defenderá en el Parlament de Cataluña como proposición de ley.
