El gravamen temporal a las energéticas encara este miércoles su examen final en el Congreso de los Diputados, donde varios de los socios habituales del Gobierno amenazan con votar en contra, bien por estar en contra de la medida -como es el caso de PNV o Junts- o por considerar que el PSOE ha incumplido los compromisos adquiridos -como mantiene Podemos-. Los diputados tumbarán el Real Decreto-ley aprobado al filo de la Nochebuena que extendía la carga al sector energético pero incluía una deducción para las compañías que realicen "inversiones estratégicas" para la transición ecológica y la descarbonización, ya que el voto en contra del PNV aboca al Ejecutivo a una nueva derrota parlamentaria.
Fuentes de la formación 'jeltzale' avanzan a elEconomista.es que sus cinco representantes votarán en contra de esta medida que mantiene la forma de prestación patrimonial de carácter público no tributaria y que al no ser un impuesto, no se puede concertar o conveniar con las haciendas forales. El PNV traslada que en las últimas semanas no se ha producido ninguna negociación con Hacienda al respecto y descartan que haya margen para cerrar un pacto in extremis.
Los nacionalistas vascos se niegan a salvar el gravamen a cambio de tramitarlo después como proyecto de ley, trámite que EH Bildu quería utilizar para convertir esta tasa en impuesto permanente. De hecho, el grupo de Oskar Matute había tratado de presionar a la bancada de Aitor Esteban al cifrar en 100 millones los ingresos que el País Vasco recibiría si se concierta este impuesto.
Su voto en contra deja sin opciones al Gobierno, que podría reunir un máximo de 174 apoyos (de convencer a Junts y Podemos) frente a los 176 votos en contra que sumarían PP, Vox, UPN y PNV. O más, puesto que diferentes fuentes parlamentarias apuntan a este medio que no se ha producido ningún intento de negociar su apoyo por parte de Hacienda, mientras que las fuentes del ministerio consultadas no muestran esperanzas de sacarlo adelante.
La votación también tendrá lugar en un escenario de clara tensión con Junts. Carles Puigdemont cerró el viernes cualquier vía de negociación con el partido de María Jesús Montero hasta que no resuelvan la crisis abierta entre las dos formaciones por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El líder de los nacionalistas catalanes explicó que durante este tiempo, su grupo parlamentario solo apoyará las iniciativas que entienda que son positivas para Cataluña, como aseguró, venían haciendo en los dos años anteriores a este acuerdo.
La redacción de esta norma hace un guiño directo a esta formación, que contribuyó a derogar la ley que lo regulaba hasta 2024 para proteger la inversión millonaria de Repsol en Tarragona, al apoyar la iniciativa del PP en el Senado. El apartado siete explica que la cuantía del gravamen se podrá reducir en el importe que alcancen estas inversiones en "activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales para la promoción de hidrógeno renovable, biogás o biometano, almacenamiento energético y sus posibles infraestructuras de red asociadas", marco en el que se incluye esa inversión.
No obstante, las diferencias suscitadas entre formaciones a raíz de la proposición no de ley impulsada por los catalanes para instar a que el jefe del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza, dejaron en saco roto este movimiento.
En consecuencia, Montero tampoco ha buscado el respaldo de los cuatro representantes de Podemos con los que tenía cerrado un pacto para impulsar una proposición de ley que contuviese el impuesto permanente antes de fin de año que nunca llegó a materializarse. El grupo de Ione Belarra ni siquiera llegó a asistir a la segunda reunión convocada al efecto por entender que el partido mayoritario en el Gobierno incumplía sus compromisos al no haber conseguido que las dos formaciones nacionalistas de derechas se sentaran a debatirlo.
Esta cita fue empleada por ERC, EH Bildu y BNG para anunciar un nuevo acuerdo por el que el Ejecutivo se comprometía a aprobar el Real Decreto-ley que llega esta semana al Congreso para después convertirlo en permanente como proyecto de ley, algo que Hacienda finalmente no va a poder cumplir. Lo cierto es que este es un escenario que el Gobierno ya tenía sobre la mesa y desde finales de 2024 trata de normalizar que se produzcan ciertas derrotas en el Parlamento y no se aprueben Presupuestos.
Retrasó el pago del impuesto
Al diseñar el nuevo gravamen, el Gobierno era consciente de las probabilidades de que fuera derogado, por lo que retrasó de febrero a junio el pago adelantado de la tasa a las energéticas, como publicó elEconomista.es. La norma establece que la obligación se debe cubrir en el mes de septiembre pero que las entidades están obligadas a abonar el 50% de la cuota por adelantado, por lo que decidió demorarlo para evitar la inseguridad jurídica que supondría reclamar el pago de un tributo que podría tener que ser devuelto como ingreso indebido.
