El Gobierno vuelve a aprobar el gravamen temporal a las energéticas con un guiño a sus socios nacionalistas, después de que PP, Junts y PNV derogasen el impuesto creado en 2022 al introducir una disposición adicional a la reforma fiscal el pasado jueves. En lugar de reproducir la redacción anterior, Hacienda incluye una cláusula para incluir incentivos fiscales para las compañías que lleven a cabo inversiones en descarbonización (en la línea de lo negociado con Junts) al tiempo que abre el camino para transformarlo en permanente. El Ministerio de Hacienda había consensuado el pasado miércoles con EH Bildu, ERC y BNG que el Real Decreto-ley se tramitaría después como proyecto de ley para este objetivo, lo que es un requisito para el PNV dado que a diferencia de la figura temporal, podría concertarse con las haciendas forales.
"Hemos aprobado un real decreto para que se establezca ese gravamen temporal energético durante el año 2025. La principal novedad es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas, esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas y por tanto, así lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción del hidrógeno verde" ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la reunión.
El Ministerio de Hacienda concreta que se trata de una deducción que será aplicable "cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo" que pueden dirigirse a activos fijos o tecnológicos de proyectos industriales. "Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como biogás" detalla la nota de prensa difundida este lunes.
Una vez se publique en el BOE, tiene que someterse a votación en un plazo máximo de 30 días, tras lo que ambos quedarían anulado si las conversaciones entre María Jesús Montero y estos grupos no prosperan. La semana pasada fuentes gubernamentales quitaban peso a la derogación del gravamen energético propiciada por los 'populares', ya que no suponía un cambio sustancial respecto a la estrategia inicial, que pasaba por llevar al Consejo de Ministros de este lunes una prórroga del gravamen, que PNV y Junts ya habían advertido que tumbarían. Este impuesto se abona en dos pagos, uno adelantado en febrero y otro en septiembre, por lo que la obligación quedaría tumbada antes de proceder al primero de estos abonos si las dos formaciones mantienen su posición de máximos y deciden no convalidar esta nueva norma.
EH Bildu ha publicado un comunicado en el que saca pecho de haber acordado con el Gobierno que este sea el primer paso para un impuesto permanente que sea concertado, al introducir una disposición adicional segunda de 'Revisión y concertación o convenio del gravamen temporal energético' que establece que "El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal de 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra". En él, insta al PNV a convalidar el Real Decreto-ley porque no hacerlo "supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales". Lo cierto es que supondría no ganarlos, dado que el gravamen temporal se dirige enteramente a las arcas del Estado.
El Real Decreto-ley aprobado esta mañana es el resultado de una serie de pactos y conversaciones cruzadas entre la responsable de Hacienda y los socios habituales del Gobierno, grupo en el que algunos interlocutores habían defendido posiciones contrarias en las últimas semanas. El PSOE salvó la reforma fiscal cerrando un pacto sobre la tasa a la banca con Junts y PNV del que se excluyó la tasa a las energéticas. Después, se comprometió a prorrogar el gravamen temporal a las energéticas en 2025 a través de un real decreto para atar los votos a favor de EH Bildu, ERC y BNG, tras lo que firmó un acuerdo adicional con Podemos en el que se obligaban a constituir una comisión con el resto de socios para pactar el diseño del impuesto permanente a las energéticas, con el fin de impulsar una proposición de ley antes de fin de año (que se dio por imposible hace dos semanas) o extenderlo por decreto.
No obstante, tras estos anuncios el Ministerio de hacienda aclaró que mantenía su acuerdo con Junts "para no gravar a las empresas energéticas que mantengan un compromiso efectivo de inversión a la descarbonización", un punto que los grupos de izquierdas han asumido en las reuniones posteriores con este ministerio. Y que sin embargo, resulta problemático para la formación de Ione Belarra. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ya había avanzado que los planes del Gobierno iban en esta dirección al confirmar que hablaban con Junts y PNV para intentar que apoyasen la prórroga del gravamen a las energéticas a cambio de incluir deducciones a las empresas que reinviertan sus beneficios en este tipo de inversiones.
El impuesto a las compañías del sector energético ha centrado los enfrentamientos entre formaciones en las últimas semanas y los 'morados' amenazaban con caldear el debate de nuevo si Hacienda consumaba la subida fiscal al diésel mientras aprobaba una extensión del impuesto energético que solo buscara cumplir formalmente con los socios de izquierdas. Finalmente, Montero ha renunciado a llevar la equiparación del diésel a la gasolina a este último Consejo de Ministros, después de que la oposición de Podemos sacase este punto de la reforma fiscal. El Gobierno tiene margen para sacar esta medida adelante en los primeros meses de 2025, no obstante, está entre los compromisos asumidos con Bruselas para recibir el desembolso del quinto pago que ya ha solicitado.
