El Consejo de Ministros aprobó este lunes la prórroga durante dos años más del conocido como escudo 'antiopas', según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este blindaje estatal a empresas consideradas "estratégicas" caducaba el 31 de diciembre de este año y se extenderá otros dos ejercicios, hasta el último día del año 2026.
Este mecanismo, aprobado inicialmente en 2020 en el marco del Real Decreto-Ley 34/2020, permite al Gobierno supervisar las operaciones de adquisición sobre empresas españolas que hayan sido catalogadas como "estratégicas", estén cotizadas y se pretenda adquirir más del 10% de su capital; o no lo estén y la inversión supere los 500 millones de euros. Su origen se retoma a la pandemia, cuando el Ejecutivo puso en marcha este blindaje con el fin de proteger a las consideradas empresas estratégicas tras el castigo en Bolsa que estaban recibiendo entonces.
"Contamos con buenos datos de llegada de inversión extranjera y eso es compatible con proteger los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos", exclamó recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ahora, una vez prorrogado el mecanismo, su gabinete defiende que con la prórroga se mantiene "la protección de sectores estratégicos y de interés nacional, que afecten a la seguridad, salud y orden público", según reportó.
Una única operación vetada
Desde que está activo, este escudo 'antiopas' ha sido utilizado en una única ocasión, para vetar el intento de compra del fabricante de trenes español Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag a cambio de 619 millones de euros. Entonces, el Ejecutivo alegó "cuestiones de seguridad nacional" y declaró 'confidencial' el expediente para tumbar la adquisición de la compañía por el Gobierno de Viktor Orbán y la empresa local Magyar Vagon. Esta empresa ha anunciado recientemente su intención de acudir a los tribunales para revocar este veto.
Otra operación donde ha habido intervención estatal, aunque sin llegar al extremo de Talgo, es la entrada de la saudí STC (Saudi Telecom Company) en el capital de Telefónica, donde inicialmente tomó un 4,9% del accionariado que recientemente elevó hasta el 9,9%. El Gobierno estudió durante meses esta entrada y llegó a articular una propuesta para garantizar la españolidad de la compañía con la toma del 10% por parte de la SEPI y del 9,9% por parte de CriteriaCaixa. Finalmente autorizó la entrada de los saudíes al alegar que inversión era exclusivamente financiera y renunciar a un asiento en el Consejo de Administración. Además, impuso determinadas condiciones de obligado cumplimiento en la organización interna de Telefónica.
Aunque no frontalmente, esta norma también fue tenida en cuenta para imponer estrictas condiciones a la toma de otras empresas nacionales por parte de inversores extranjeros. Es el caso de la opa del fondo galo Antin sobre Opdenergy, imponiendo la obligación de que el inversor francés no presentase un arbitraje contra España por los recortes a la remuneración de las renovables. En la misma línea, obligó a los fondos acreedores de Celsa a dar entrada a un socio nacional con un 20% del capital a cambio de autorizar el relevo de la familia Rubiralta para salvar la compañía.
También la opa de Ercros ha estado sujeta al 'escudo antiopas'. El Gobierno dio su visto bueno a la compañía italiana Esseco para participar en una "guerra de opas" junto a la lusa Bondalti para hacerse con el grupo químico español. La operación está actualmente en fase de revisión compleja por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
El Ejecutivo también puso su lupa sobre otras operaciones que fueron estudiadas por Economía, pero que finalmente no fructificaron. Fue el caso del intento del conglomerado mediático francés Vivendi por adquirir el 29,9% del grupo Prisa; la posible adquisición de la farmacéutica Grifols por parte del fondo canadiense Brookfield; o la entrada de la saudí Taqa en el capital de la energética catalana Naturgy.
En las últimas semanas, el Gobierno está analizando bajo el paraguas del escudo 'antiopas' la posible venta de Uvesa, el segundo productor de pollos de España, a la firma ucraniana MHP, dada su condición de país extracomunitario. La operación está valorada en 200 millones de euros.
Una norma en cuestión
El régimen del 'escudo antiopas', inicialmente transitorio, se aplica a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). También incluye las inversiones realizadas por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la AELC. La titularidad real se define como la posesión o control directo o indirecto de un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o el ejercicio de control por otros medios.
Semanas atrás, el Ministro de Economía definió como "muy equilibrada" la normativa de inversión y protección de sectores estratégicos, dando alas a una posible prórroga de la misma pese a que se vendió como una medida coyuntural que estará vigente durante seis años. Tiempo atrás, rechazó endurecer el escudo a petición de Yolanda Díaz (Sumar), quien alertó del "riesgo sistémico" que podría generar una operación como la compra del banco Sabadell por parte del BBVA. Previamente también se posicionó en contra de la posible entrada de Taqa en Naturgy.
En el verano de 2023, el Gobierno introdujo nuevos cambios en la norma de inversiones extranjeras que contemplaban la supresión de tener que declarar inversiones en valores negociables que no busquen influir en el control de una empresa, y se modificaron los límites de las diferentes declaraciones estadísticas. Al mismo tiempo, nuevos sectores fueron catalogados de "estratégicos", como la Inteligencia Artificial (IA) o los semiconductores. También se redujeron los plazos de resolución y respuesta de seis a tres meses.
Mientras Moncloa mantiene sus límites a la inversión extranjera en España, ésta alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023, según los datos publicados por el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio. Del total, destaca los proyectos de inversión dirigidos a aumentar la capacidad productiva y el empleo en España, que crecieron un 12% interanual y permitieron la llegada de 5.680 millones de euros. Los dos principales orígenes de la inversión extranjera proceden desde fuera de la Unión Europea: Estados Unidos supuso el 28,9% de los flujos de inversión el año pasado; y Reino Unido supuso el 13,1%. Australia, Suiza, Canadá o México también incrementaron su peso en España en 2023.
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