Siete de cada diez economistas señalan a la presión fiscal y a los elevados costes salariales como las barreras que impiden que España logre elevar su competitividad. "No decimos que no haya que pagar impuestos, pero sí que la presión fiscal es muy elevada", ha asegurado el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentin Pich, durante la presentación del Barómetro Económico que la entidad publica cada seis meses. La encuesta pregunta por medidas aprobadas durante las últimas semanas. Es el caso de la reforma fiscal que integra el impuesto a la banca o la intención de aprobar una tasa sobre las energéticas. Dos tercios de los economistas creen que estos dos tributos terminarán afectando a la economía, y especialmente a la competitividad de los dos sectores a los que afectarán las tasas, considerados como estratégicos.
El informe revela además que más de la mitad de los encuestados –un 51,2%- temen que la economía nacional empeorará de aquí al mes de junio. Un pesimismo que Pich achaca al clima político. "Nuestros responsables políticos deben saber que la tensión no ayuda a la felicidad de las personas, la gente no se relaciona chillándose, y ese clima afecta al ánimo y a la toma de decisiones de las personas", ha asegurado. De hecho, un 48,7% anticipan que los hogares no serán capaces de ahorrar durante los próximos seis meses. La opinión es especialmente negativa entre los menores de 30 años, muy afectados por el encarecimiento del precio de la vivienda.
Las perspectivas empeoran también con respecto al empleo. Un 41,4% de los economistas opina que la tasa de paro no mejorará, y que se mantendrá en los niveles actuales. "Parece que sería conveniente diseñar políticas más inclusivas que impulsen tanto la inversión como el consumo a nivel microeconómico, ya que, si no se aplican medidas efectivas para fomentar la empleabilidad en sectores clave o en jóvenes, será difícil revertir esta tendencia", ha insistido el director del Servicio de Estudios, Salvador Marín.
Por último, y con respecto a la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas que persigue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que ha encendido una batalla interna con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Pich ha insistido en la necesidad de que cualquier acuerdo de este tipo debe tener el consenso de todos los agentes sociales. Cabe recordar que Díaz apuesta por impulsar la norma, que no cuenta con el aval de los empresarios. Además, el presidente de los Economistas alerta del riesgo de que la medida desincentive la creación de empleo, y "provoque un incremento del trabajo sumergido". "La batalla entre Trabajo y Economía, no es conveniente", ha afirmado Pich que, no obstante, se ha querido alinear con la postura de Cuerpo, "Economía tiene una visión más globa, nosotros escuchamos especialmente al ministro", ha insistido.
