María Jesús Montero promete "partirse la cara diariamente" para que "Andalucía no pierda financiación", un día después de que elEconomista.es publicara que el principio de ordinalidad que incluye el concierto catalán implica que la región dejará de aportar más de lo que recibe, en detrimento de aquellas con menor renta per cápita, como la propia Andalucía, Canarias y Galicia. Cabe recordar que, en 2018, el Parlamento andaluz votó -por unanimidad- un informe elaborado por el Consejo Económico y Social que asegura que "la ordinalidad no es un principio constitucional, ni está justificada técnicamente". El documento revela que "dicho concepto no es más que un modo encubierto de conseguir que la distribución de recursos financieros entre las CCAA otorgue más financiación a aquellas que cuenten con un mayor PIB per cápita, sin atender ni a la igualdad ni a la suficiencia".
La ministra afrontará la tarea como juez y parte de la reforma del sistema de financiación autonómica que abordará como vicepresidenta primera y titular de Hacienda, pero también como líder del PSOE andaluz y aspirante a presidir la Junta de Andalucía, si logra imponerse en las primarias del 22 y 23 de febrero. "Desde que soy ministra de Hacienda la región ha recibido 53.800 millones más del Estado", dijo en declaraciones a Canal Sur. "¿Qué se ha hecho con ese dinero?, ¿por qué no se percibe?", preguntó antes de afear la gestión del presidente, Juanma Moreno.
Lo cierto, es que la vicepresidenta tiene por delante un papel delicado. Deberá proponer una renovación del sistema de financiación, tras haber hecho guiños a su propia autonomía. "Puedo estar de acuerdo con que criterio poblacional sea el que prime en el reparto", declaró. La propuesta lleva tiempo sobre la mesa, y supone que -en contra de lo que ocurre ahora- Andalucía, con una población de 8.645.335 millones de personas- pase a lidera el reparto de fondos. No obstante, esto generaría que las CCAA grandes pero más despobladas –como Castilla y León y Castilla-La Mancha- salgan perjudicadas en la ecuación. A ello, se añade el principio de ordinalidad incluido en el acuerdo firmado con ERC, dentro de la financiación "singular" para Cataluña que el Gobierno se propone integrar en la reforma.
Además, el peso del liderazgo del PSOE andaluz también reclama una solución en cuanto a la infrafinanciación que sufre la región desde hace años, junto a Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valencia. Con las cifras en la mano, cada andaluz recibió 183 euros menos por habitante ajustado que la media, y 214 euros menos que Cataluña en 2022, según Fedea.
Moreno ya reclamó -durante su última reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa- 1.500 millones de euros más cada año para terminar con el agravio. La solución -hasta que no se afronte una actualización del sistema- está en un fondo de comensanción que no termina de acordarse, pese a las presiones de estas cuatro autonomías. Su coste -según los cálculos de Ángel de la Fuente- ascendería a unos 3.700 millones.
Hasta ahora, Montero se ha limitado a señalar a la falta de un criterio común del PP como la barrera que ha impedido su puesta en marcha. Sin embargo, el Gobierno no se ha animado a llevar la cuestión al Congreso de los Diputados, para forzar un voto unánime de la bancada que lidera Núñez Feijóo.
