Las uvas de nochevieja no pusieron fin al enfrentamiento protagonizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y la líder de Trabajo, Yolanda Díaz. El departamento encabezado por el PSOE trata de rebajar el acuerdo cerrado con los sindicatos para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas a la semana (en términos anuales) antes de que sea enviado al Congreso de los Diputados, lo que choca con la intención de Díaz de mantenerlo íntegro y debatirlo en el Parlamento tan pronto como supere los trámites necesarios para que sea calificado como urgente y en todo caso, antes de marzo.
Este choque ha sido manifiesto. Ambos han concedido diferentes entrevistas a lo largo de la última semana, en las que Cuerpo abogó por incluir ayudas a las pymes para que se adaptaran a la nueva regulación, mientras Díaz se aferró al texto cerrado tras once meses de negociación y llegó a calificar a el titular de Economía como "mala persona" por frenar este cambio. Una acusación que rechazan desde el departamento de Cuerpo.
"Vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta la realidad parlamentaria y el éxito de reformas pasadas, como la laboral, ambiciosas en sus objetivos y equilibradas en sus diseños". Precisamente, este equilibrio también fue abanderado por la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, al ser preguntada por la medida. El ala socialista del Ejecutivo insiste en que "la reducción de la jornada es la siguiente conquista" pese a las denuncias de la titular de Trabajo, que confía en que Pedro Sánchez impulse la materia recogida en el acuerdo de coalición.
Las diferencias entre las carteras, no obstante, no son de fondo, si no que parecen responder a cuestiones políticas de tiempo y forma. El Ministerio de Trabajo ya propuso algunas medidas para acompañar a las pymes en esta transición (que no tienen por qué ser las mismas a las que se refiere Economía, que no ha concretado sus propuestas). Estas buscaban un acercamiento con la patronal, por lo que las retiró cuando estas confirmaron su no a la propuesta, argumentando que el diálogo social tenía que tener incentivos.
No obstante, el objetivo era poder recuperarlas en la tramitación parlamentaria con Junts y de hecho, tanto el Gobierno como los sindicatos dan por hecho que se introducirán algún tipo de medidas complementarias si finalmente consigue reunir los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. En cambio, Economía aboga por atenuar la reducción de jornada con este tipo de ayudas antes de aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, lo que Trabajo cree que es una falta de respeto al acuerdo alcanzado con los sindicatos y que a la vez, les deja sin armas para negociar en el hemiciclo.
Sucede algo parecido con la implementación gradual a la que hacía alusión el titular de Economía en diciembre. El acuerdo firmado con CCOO y UGT da espacio a los convenios colectivos para adaptar sus horarios a la nueva jornada de trabajo hasta el 31 de diciembre, lo que de facto supone que la entrada en vigor 'real' se produciría en 2026.
Fuentes de la negociación explican que esta fue una cláusula introducida por los sindicatos, conscientes de la dificultad que podría conllevar esta adaptación en algunos sectores y con el fin de evitar que se produjese una ruptura total con la patronal. De hecho, supone un retraso respecto a lo acordado por PSOE y Sumar en otoño de 2023, cuando se fijó un primer objetivo de implementar las 38,5 horas el año pasado y las 37,5 horas este, un primer escalón al que se renunció al reabrir la mesa para buscar un acuerdo con las organizaciones empresariales.
El año de margen concedido a la negociación colectiva, supone un avance respecto a la tesis inicial defendida por Trabajo, pero de acuerdo con sus últimas declaraciones, Cuerpo cree oportuno llevar un paso más allá esta gradualidad para recabar el apoyo de los partidos políticos más próximos al entorno empresarial como PNV (cuyo apoyo está garantizado) o Junts, que centra todas las dudas sobre la viabilidad de la medida. Economía busca así también acercarse a la patronal y de hecho, los empresarios reconocen en privado y en público que les gusta más su enfoque que el de Díaz, porque permitiría acotar los efectos negativos de la reducción de jornada por ley, sobre la que mantienen una posición contraria.
Y para la patronal, más allá del retraso a 2026 (que es un gesto de respeto al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en 2023 y que abarca hasta este 2025) es necesario respetar todos los convenios colectivos que se encuentran en vigor, puesto que en ellos se han introducido subidas salariales ligadas a una productividad y a unas jornadas de trabajo que ahora pueden verse comprometidas a posteriori.
Sin embargo, los representantes de CCOO y UGT se negaron a plegarse a este planteamiento, puesto que los acuerdos más recientes podrían extenderse hasta el año 2028, cuando otro partido podría haber tomado las riendas del Gobierno y no tener la intención de recortar los horarios de trabajo. Además, los portavoces de los trabajadores consideran que esta postura tiene un problema asociado, que son los convenios que se encuentran en ultraactividad a la espera de una nueva negociación.
Lo cierto es que finalmente, los plazos se verán condicionados por el momento de aprobación de la ley (si es que finalmente sale adelante), por lo que Díaz quiere acelerar los trámites en la medida de lo posible y enviarla al Congreso de los Diputados antes de que termine el primer trimestre para poder cumplir (parcialmente) el acuerdo de coalición y tenerla publicada en el BOE antes de que finalice el año. El trámite de urgencia podría reducir el plazo de tramitación hasta los tres meses entre ambas cámaras, pero los políticos centrados en los Presupuestos podrían dilatar estos plazos más allá de esta orientación.
