La negociación de la reducción de la jornada laboral con los sindicatos está en tiempo de descuento, por lo que el Ministerio de Trabajo prepara el terreno para enviar el proyecto de ley al Congreso de los Diputados con la meta de que todos los trabajadores trabajen 37,5 horas semanales (en promedio anual) para final de 2025. Fuentes de la cartera capitaneada por Sumar destacan las diferencias con Economía sobre esta materia, si bien, Carlos Cuerpo ha evitado el choque frontal en las entrevistas concedidas a 'TVE' y 'La Sexta' y se ha decantado por "acompañar" a las empresas en esta transición, atendiendo a las diferencias existentes entre sectores económicos.
El ministro socialista defiende que la entrada en vigor de la norma es una cuestión menor y pone el acento en que "sea sostenible y se mantenga en el tiempo", ya que cuenta con la oposición de CEOE y Cepyme después de casi un año de negociación en el que no se produjeron avances porque, denuncian, Trabajo quiere vulnerar el diálogo social cambiando las reglas de juego de los convenios ya pactados. El titular de Economía, como el presidente del Gobierno, ya había apelado en diferentes ocasiones a poner en marcha el cambio de la mano de los empresarios, por lo que ante la ruptura de las conversaciones aboga por extremar la precaución sobre los efectos perjudiciales que podría tener en las pequeñas y medianas empresas más expuestas, como el comercio o la hostelería.
Estas declaraciones no solo persiguen templar los ánimos del departamento de Díaz, que advirtió en varias ocasiones que pondría en marcha la reducción con o sin el respaldo de las patronales, sino preparar el terreno para la eventual votación en el Parlamento. En opinión del responsable de Economía, cuanto más equilibrada sea la propuesta más posibilidades hay de que se acuerde "y surta los efectos que queremos", lo que es una referencia implícita a Junts pese a que no haya mencionado al grupo de Carles Puigdemont. Las dudas sobre qué postura adoptarán sus siete representantes es la clave que ha retrasado la negociación con los sindicatos, después de que el ala socialista del Ejecutivo instara a retomar las reuniones con los empresarios al término del verano.
"Dependerá de ser capaces de llegar a un acuerdo en el marco del Congreso con el resto de fuerzas políticas" ha respondido este miércoles. El Partido Nacionalista Vasco ya ha dejado claro que está abierto a apoyar una medida que no tendrá grandes implicaciones en Euskadi, puesto que la jornada media pactada en convenio en este territorio es más reducida. Esto hace que todos los extremos de la negociación estén centrados en Junts, lo que motivó el viaje del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a comienzos de la semana a Waterloo y el acto de Foment del Treball en el que se leyó un manifiesto en contra de la imposición de esta medida a través de una ley.
