Sumar apremia al PSOE a integrar la prestación universal por hijo de 200 euros al mes en la ley de acompañamiento al proyecto de Presupuestos de 2025, que los socios de Gobierno siguen negociando a contrarreloj. Los de Díaz se han visto obligados a reducir el rango de la medida. En un principio propuso que beneficiara a más de 7,7 millones de menores de 18 años, pero el enorme impacto -de 1.547 millones de euros mensuales- hizo que Sumar redujera el límite hasta los seis años. Esto reducirá el número de beneficiarios a los 2,68 millones, y el coste total a los 536 millones de euros al mes. "No es admisible que España sea la cuarta mayor economía de la UE, y que siga teniendo niveles tan altos de pobreza infantil", dijo la pasada semana Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso de los Diputados. La formación tratará de elevar el límite de la prestación hasta los 18 años en el futuro. "La intención es ampliar progresivamente esta ayuda hasta los 18 años de edad", afirman desde Sumar.
La propuesta de los de Yolanda Díaz pretende unificar las actuales prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social, el complemento por ayuda a la infancia del IMV y la deducción fiscal por madre trabajadora en una nueva prestación de 200 euros mensuales de carácter universal por cada hijo menor de seis años. La formación propone aterrizar la medida a través de un ingreso directo sobre las familias, o mediante "una deducción fiscal" en el IRPF, una vía -esta última- más factible, ya que el coste no computaría como gasto, sino que impactaría en los ingresos tributarios. Cabe recordar, que la Comisión Europea inspeccionará con lupa la evolución de gasto de España, si finalmente decide no suspender el retorno de las reglas europeas.
Díaz quiere implantar la prestación este mismo año, siempre que Montero logre armar las Cuentas y reunir los apoyos parlamentarios que le permitan tramitarlas. "Es la medida que hace de manera cierta que las familias españolas puedan no solamente mejorar su situación social, sino que los niños y las niñas de nuestro país puedan vivir mejor", dijo hace días la también vicepresidenta segunda. La medida es complementaria a la "herencia universal" propuesta por la formación durante la campaña del 23-J. El programa planteaba un ingreso único de 20.000 euros que se haría efectivo al cumplir el joven los 23 años. Díaz quería financiar esta ayuda con los ingresos procedentes de un "nuevo impuestos a las grandes fortunas" del 4%; sin embargo, Moncloa descartó asumir su tramitación debido a la complejidad que la aplicación de la norma presentaba.
No es la única condición planteada por Sumar. Los de Díaz insisten en elevar el gasto en protección de familia e infancia. Sumar demanda acercar el nivel de inversión de España al de la UE. "Nuestro país tan solo invierte el 1,6% de su PIB en protección social de la familia y la infancia. Eso nos sitúa muy lejos del 2,4% de la media europea", afirma la formación. La medida supondría elevar el gasto anual en 12.600 millones.
Sin embargo, el catálogo de peticiones de los socios de coalición tropieza con el margen presupuestario que el techo de gasto aprobado –de 195.353 millones- otorga a Montero para asumir las peticiones de los grupos. La ministra de Hacienda cuenta con 6.100 millones adicionales que podrá utilizar en las negociaciones que llevan meses abiertas, siempre que las conversaciones lleguen a término y permitan impulsar unas Cuentas que llevan meses de retraso.
Batalla interna por la vivienda
Además, Sumar sigue dando la batalla inmobiliaria. La formación insiste en la necesidad de condicionar las ayudas públicas a las CCAA, a la aplicación de la ley de Vivienda, que permita la limitación de los precios en las zonas tensionadas. Una cuestión que el ala socialista del Gobierno se resiste a afrontar. "La sociedad española tiene absolutamente claro que son los poderes públicos los que deben asumir las responsabilidades, que son los poderes públicos los que tienen que intervenir el mercado de la vivienda y las formaciones políticas que no entiendan esto son formaciones que están dando la espalda a la ciudadanía", dijo el pasado martes la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández.
Por otro lado, Díaz quiere que los Presupuestos vengan acompañados de medidas fiscales que penalicen la vivienda de uso turístico. Los de Yolanda Díaz reclaman una mayor presión fiscal que eleve el IVA al 21%. Según cálculos de Sumar, la medida podría generar unos ingresos extraordinarios de 300 millones de euros al año para la Agencia Tributaria.