¿Para qué 470.000 ocupados se apuntan al paro? El misterio de trabajadores que aspiran a cambiar de empleo gracias al SEPE

Una de las principales polémicas sobre las estadísticas públicas del SEPE se centra en las personas apuntadas en los servicios públicos que se consideran ocupadas. En mayo se situaron en 1,14 millones. La mayoría, 669.209, son demandantes con relación laboral, grupo en el que se cuenta a los fijos discontinuos que se inscriben al pasar a la inactividad, una categoría que se ha disparado un 189,7% desde la reforma laboral y que fundamenta las sospechas sobre un 'maquillaje' del paro. Pero este debate obvia la situación de otras 468.004 personas, que sí serían ocupados y que se encomiendan a las oficinas públicas para buscar otro empleo que sustituya o que complemente al actual.

Una cifra que ha caído un 21,4% en los últimos tres años, pero aún supone el 11,2% de los inscritos en unas oficinas cuya eficacia para colocar incluso a los parados ya resulta recurrentemente cuestionada.

El departamento que dirige Yolanda Díaz lleva sorteando tres años el debate sobre los fijos discontinuos inactivos con excusas como que el desglose corresponde a las comunidades autónomas, algo que desmienten sus propios datos, como hemos contado en elEconomista.es. Pero esta opacidad les permite jugar con la idea de que todos esos demandantes son personas que se apuntan al paro animadas por las mejores expectativas económicas. Por desgracia, para el mercado laboral español, las cosas no funcionan así.

Lo que muestra la serie histórica de los meses de mayo de los últimos 20 años es precisamente lo contrario: el número de trabajadores apuntados al paro desciende en las épocas de bonanza, algo paradójico porque es cuando sube la ocupación. ¿La razón? Que no confían en la eficacia los servicios públicos ni las políticas que gestionan, así que no se inscriben para buscar empleo, como ocurre en países como Francia o Alemania o Francia, donde los servicios públicos tiene un papel mucho más activo en el mercado laboral, sino para beneficiarse de ayudas. Es el caso de muchos autónomos que solicitan incentivos para emprender, pero también para obtener cursos de formación. Pero en esta categoría se incluyen los contratos de colaboración social, financiados por políticas públicas y que tienen como objeto prioritario a los desempleados.

Un grupo heterogéneo en el que también tiene cabida beneficiarios de prestaciones por desempleo. Los demandantes con relación laboral son aquellos cuya actividad se ve interrumpida, lo que incluye a los fijos discontinuos, pero también a los afectados por un ERTE de suspensión total. Por otro lado, los ocupados incluyen a aquellos que están trabajando, pero también a aquellos con jornada reducida por un ERTE. Esto se vio reflejado con la pandemia. Las estadísticas que publica el SEPE y las notas metodológicas que los acompañan no son demasiado claras en la diferencia entre ambos colectivos, lo que arroja una enorme confusión en las cifras que ya se daba antes de los fijos discontinuos.

Una tendencia invertida

El ejemplo palmario fue la pandemia: la suma de demandantes con trabajo se disparó al 776.701 en mayo de 2019 a un récord de 3,9 millones un año después (superando la cifra de parados registrados). De estos, 3,2 solo tenían una relación laboral, lo que apuntan a los afectados por ERTE de suspensión, que por primera vez en la historia superaron a los ocupados 'propiamente dichos'. En 2021, el total descendió a 2,4 millones, pero aquí la composición era la inversa: ahora la mayoría, 1,5 millones eran ocupados, lo que apunta a un efecto de los ERTEs de reducción de jornada según los confinamientos iban suavizándose.

Para mayo de 2022, el agregado había caído a 826.134 en mayo de 2022, coincidiendo con la retirada de estas ayudas por la salida de la crisis sanitaria, y dos meses después de la entrada en vigor plan de la reforma laboral: los demandantes ocupados cayeron a 595.162, una cifra similar a la de 2019 y aquellos con relación laboral a 230.972, que si bien supera la de los años anteriores a la pandemia seguía siendo más baja que la registrada en 2012, 2013 y 2014.

Unos ejercicios significativos porque reflejan el impacto de las políticas del Gobierno del PP para potenciar la figura de los fijos discontinuos a través de una bonificación a estos contratos en el sector turístico, especialmente en Baleares. Aun así, los datos de 2022 se consideran 'normales' respecto a la situación precedente, ya que descontando 2020 los demandantes con relación laboral siempre habían sido menos que los ocupados.

Sin embargo, en los ejercicios siguientes los demandantes con trabajo volvieron a crecer, hasta acumular un repunte del 37,6% en los tres años siguientes y alcanzar los 1,14 millones. Pero el reparto varió sustancialmente: la gran mayoría son ahora demandantes con relación laboral, que el pasado mes alcanzaron los 669.209, un 189,7% más que en mayor de 2022. Por su parte, los demandantes ocupados han caído un 21,4%, hasta los 468.004.

Esta evolución desmonta la idea de que los ocupados confían en los servicios públicos de empleo cuando la economía se reactiva. En mayo 2019, antes de la crisis provocada por la pandemia, estaban en 596.712 y pese al descenso del paro y el incremento de la ocupación la cifra de demandantes se ha desplomado un 21,6%.

Los demandantes con trabajo suponen el 27,3 en mayo, el porcentaje más alto de la serie histórica si descontamos los ejercicios afectados por la pandemia y los ERTEs, cuando escalaron al 47,1% y el 34,7% respectivamente. Pero nunca antes se había rebasado el umbral del 20%.

Pero este cambio no se debe a un mayor peso de los trabajadores que buscan un empleo mejor, sino de aquellos cuya relación laboral se ha visto interrumpida: los demandantes con relación laboral han pasado del 4% del total de apuntados al paro en 2019 al 16,1% en 2025, el porcentaje más alto si descontamos 2020), mientras los ocupados han caído del 13,8% de 2019 al 11,2% actual.

Trabajadores que no trabajan

Con esto se rompe la idea de que los ciclos económicos alcistas y el aumento de las oportunidades atraen a los trabajadores a los servicios públicos de empleo. Aunque entre 2005 y 2007, los años principales de la 'burbuja inmobiliaria', en los que el paro bajó a un mínimo de 1, 97 millones, sí se produjo una tendencia en esta línea, en los años siguientes la cifra subió con mucha más fuerza, hasta un récord de 603.998 en mayo de 2012, el punto más bajo de la crisis. Los demandantes con relación laboral (fueran afectados por ERTE o fijos discontinuos) también crecieron, aunque en ningún momento tomaron la delantera. Eso no ocurrió hasta, excepcionalmente, en 2020 y de una manera más sólida a partir de la reforma laboral. La mayoría de las personas con trabajo que se apuntan a los servicios públicos de empleo no trabajan en realidad.

Aun así, en el último año, los demandantes ocupados se han mantenido estables, con un repunte del 0,3% que contrasta con la caída en los ejercicios precedentes. Aquí hay dos factores que pueden entrar en juego. El primero son los fijos discontinuos que no se inscriben en los servicios públicos por haber pasado a la inactividad sino para cambiar de empleo o buscar uno compatible con sus periodos sin actividad, una cifra imposible de determinar con los datos que publica el SEPE.

Por otro lado, están los beneficiarios de prestaciones que las compatibilizan con un salario. Esta es una posibilidad ampliada por la última reforma del subsidio, aunque este nuevo "complemento de apoyo al empleo (CAE)" no entró en vigor hasta el pasado 1 de abril. Aunque tampoco hay datos de sus beneficiarios, su eficacia hará que muchos parados pasen a computar como demandantes ocupados, aunque sea con un trabajo a tiempo parcial.

Si el peso de los demandantes ocupados aumenta será la prueba de la eficacia de la medida, aunque la evolución es demasiado modesta aún para sacar conclusiones. En cualquier caso, es una novedad dirigida a los parados y en ningún caso supone que los ocupados confíen en los servicios públicos de empleo para mejorar sus oportunidades laborales. Aunque en un país con 2,45 millones de parados esta no se considere una prioridad, sí muestra a las claras que los servicios públicos de empleo y las políticas que gestionan no se consideran un aliado fiable en el mercado laboral español.