Un lío burocrático deja en un 'limbo' estadístico a 224.288 personas que cobran el subsidio de paro

El Ministerio de Trabajo y Economía Social anunciaba este martes que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se sitúan en 1.515.513 en abril, lo que supone un espectacular descenso del 12,7% con respecto a hace un año. Pero esta cifra, que también reflejan el resto de las series estadísticas recogidas en la web del departamento que dirige Yolanda Díaz, no coincide con la que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el mismo mes, que resulta muy superior: 1.739.801, un 0,24% más que hace un año. La 'brecha' de 224.288 personas entre ambos datos revela un problema burocrático que se arrastra desde hace ya un año.

La raíz del asunto está en el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. Una norma que fue convalidada por el Congreso un mes después, aunque no se empezó a aplicar para los subsidios hasta el 1 de noviembre. Aquellos cuyo hecho causante se produjo a partir de entonces suman precisamente esa brecha de 224.288 beneficiarios en las cifras.

El tiempo transcurrido desde su aprobación a su entrada en vigor tenía como objeto que los servicios públicos de empleo se adaptaran a su puesta en marcha, lo que incluye desarrollar el registro estadístico, pero parece que Trabajo no ha hecho los deberes y sigue sin hacerlo seis meses después. El decalaje no afecta a la concesión ni el abono de estas ayudas, cuyo gasto se computa con normalidad, pero genera dos series estadísticas contradictorias: la del ministerio y la que elabora el SEPE.

En esta historia no cabe hablar de maquillaje ni de ocultamiento deliberado, pero sí de confusión en las cifras. Desde noviembre, el ministerio lleva advirtiendo (en una nota a pie de página) que los datos que publica relativos a las prestaciones de nivel asistencial no se encuentran todavía "actualizados" de acuerdo con la normativa de hace un año. Pero en lugar de publicar las cifras como antes, ha optado por dar los datos de estos nuevos beneficiarios por separado de los del resto. Y aquí empiezan las complicaciones, que retrotraen a otras polémicas como las de los fijos discontinuos.

El 'cuadernillo' que acompaña a la nota de prensa de paro es la mejor prueba de lo que ocurre. El apartado de información sobre prestaciones omite a estos beneficiarios, lo que no solo afecta la cifra global de personas que cobran el paro, sino también a las solicitudes (que arrojan un desplome interanual del 24,2%), las altas (-21,8%) y el plazo medio de reconocimiento, que se ha elevado un 50%, hasta los 1,9 días. Así, los beneficiarios de subsidios son 610.964, según Trabajo, un 23,5% menos que en abril de 2024. Pero al contar los 224.288 beneficiarios 'perdidos' serían 835.252, un 4,6% más que el pasado año.

Además, distorsiona una variable tan importante como la de la "calidad" de la protección por desempleo, que solo aparece en ese documento, y que se mide como el peso de las prestaciones contributivas (más elevadas) sobre el total. En abril se situaba en el 54,89%, un dato inédito, ya que desde 2012 no se superaba el 50%. El problema es que ese cálculo se realiza sobre una cifra que resta a cientos de miles de beneficiaros de subsidios. Contándolos, ese hito aún no se hubiera alcanzado.

¿Un 'borrado' de datos?

¿Esto significa que Trabajo 'borra' los nuevos subsidios generados a partir del 1 de noviembre para mejorar sus cifras? No, y aquí viene lo más sorprendente: sí aparecen en el cuadernillo, en un apartado que desglosa por separado sus solicitudes, altas y beneficiarios mensuales en lo que va de 2025. Y no solo eso, también se computan a efectos de gasto en prestaciones, que suben un 5,7% en total y un 12,5% para los subsidios, y para la tasa de cobertura de las prestaciones, que se eleva a 74,1%. De hecho, la rueda de prensa del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se centra en estas dos variables y no menciona las cifras de beneficiarios, lo cual deja claro que Trabajo no quiere 'sacar partido' de este decalaje estadístico.

Esto hace más difícil entender la omisión de estos perceptores de subsidios en las cifras agregadas. Donde tampoco aparecen es la sección de Estadísticas sociolaborales de la web del Ministerio. Los apartados relativos a las estadísticas de protección por desempleo incluyen la precisión de que no están adaptadas y los datos se publican con esta ausencia y sin contar con los 224.288 beneficiaros que sí recoge el SEPE. De hecho, una nota a pie de página remite a los informes de este organismo para encontrar los "datos actualizados".

Y es que el organismo dependiente del ministerio de Trabajo publica las estadísticas en las mismas condiciones que aplicaba hasta noviembre y lleva haciendo ya medio año. Esto genera una desviación inédita en unas cifras que deberían ser idénticas y que no se produjo ni siquiera en una situación tan excepcional como la pandemia.

Pero es cierto que la pandemia no supuso un cambio tan complejo de la protección por desempleo como la reforma del nivel de la protección asistencial de 2024, que introdujo la compatibilidad de salario y prestación, así como un incremento de la cuantía inicial de los nuevos subsidios. Pero también un régimen transitorio para diversas modalidades de subsidios que son reformuladas en la nueva ley.

La duda que persiste es si el retraso de Trabajo a la hora de actualizar las cifras implica que los que publica el SEPE no son correctos. Esta pregunta tiene sentido ante los problemas que ha generado el nuevo sistema ALMA, presentado en julio de 2024 para poner en marcha las nuevas ayudas. Hace un mes, CCOO denunciaba un "colapso" en la gestión que coincide, además, con la puesta en marcha de los complementos de ayuda al empleo (CAE) que permiten compatibilizar salario y prestación, que la norma retrasaba hasta abril.

Sobre su eficacia, ni el Ministerio ni el SEPE han ofrecido aún datos. Según CCOO, en mayo, la gestión es tan caótica que provocó retrasos en el abono de 150.000 subsidios pendientes de pago. Trabajo ha desmentido estas acusaciones, aunque la falta de claridad en las cifras que publica sobre las prestaciones no contribuye a despejar las dudas sobre los problemas ni la eficacia real del cambio legal en la protección por desempleo.