Trabajo aflora los fijos discontinuos apuntados al paro que Díaz 'esconde': 687.884 de media en 2024

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su equipo llevan tres años sin concretar cuántas personas con un contrato fijo discontinuo hay inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, con el argumento de que el registro de demandantes es competencia de las comunidades autónomas. Pero a pesar de esta opacidad, los servicios estadísticos del propio departamento sí manejan, e incluso publican estas cifras. Así, estiman que en 2024 las personas en esta situación alcanzaron una media de 687.884 personas al mes, un 17,62% más que en 2023, un 111% más que antes de la reforma laboral y un 191,3% más que en 2019, el ejercicio previo a la pandemia.

La cifra ha sobrevolado todo el debate sobre la fiabilidad de las estadísticas de desempleo desde la reforma laboral. Algo lógico si tenemos en cuenta que hablamos de trabajadores que encadenan periodos de actividad con otros de inactividad en los que ni cobran salario, ni cotizan ni están dados de alta a la Seguridad Social, pero pueden percibir una prestación por desempleo, aunque no cuentan como parados registrados. La única referencia con la que se contaba hasta ahora para estimar su número eran los demandantes con relación laboral, que sí se cuantifican cada mes. En 2024 alcanzaron una media de 713.305 demandantes mensuales. La mayoría, pero no todos, son fijos discontinuos, cuyo número exacto permanecía en la oscuridad.

La cuestión es que sí aparece en el Anuario de Estadísticas Laborales, un informe que se publica meses después de finalizar el año. Este decalaje hace que pasen bajo el radar no solo de los medios, sino de los analistas del mercado laboral, a pesar de que aporta información adicional valiosa, como es el caso de las "demandas pendientes no incluidas en el paro registrado". Es decir, los colectivos excluidos del paro registrado por la misma orden ministerial de 1985 que Díaz esgrime para negar que los fijos discontinuos sean considerados desempleados a efectos de las estadísticas que publica el SEPE. Esto último es cierto, pero la misma normativa faculta al Ejecutivo a desglosar la cifra de estos 'no parados', algo que se lleva haciendo desde 2007.

Es decir, cuando Trabajo aseguraba que no manejaba esos registros, omitía que llevaba lustros publicando esa información en su web. El Anuario no es una estadística escondida, aunque se considerara poco relevante. Algo todavía más llamativo cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno prefiere dar los datos de la Encuesta de Población Activa, en lugar de los que maneja su propio departamento.

El Anuario presenta la limitación de que los datos se expresan como una media anual (de 687.884 demandantes), que no desglosa la evolución mes a mes, pese a la gran volatilidad laboral de este colectivo ligado a empleos estacionales y temporales. Como referencia, los demandantes con relación laboral marcan una media de 713.305, pero su número osciló entre los 582.051 de mayo y los 831.865 de diciembre del pasado año.

En cualquier caso, la serie histórica permite analizar la evolución de un tipo de demandantes de empleo que mantuvieron un crecimiento continuado entre 2007 y 2019 (impulsados ligeramente por la reforma laboral de 2012), para elevarse con la pandemia, ya que el turismo y la hostelería, actividades con mayor presencia de este contrato, fueron los más afectados por los confinamientos. Pasaron de 236.145 en 2019 a 328.783 en 2020. Uno de los factores de este incremento es que el Gobierno permitió que los trabajadores afectados por esta situación no consumieran derecho a paro, en línea con los ERTEs (aunque con mucho menor alcance). En 2012, la media se redujo a 319.817.

En 2022, primer año con la reforma en vigor, crecieron de nuevo pero levemente, hasta los 325.128. Aquí hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que la norma tuvo una 'vacatio legis' de tres meses que retrasó la adaptación de las empresas a la nueva regulación. Además, muchos de los nuevos fijos discontinuos inactivos no habían acumulado suficiente cotización para cobrar una prestación, con lo cual no tenían incentivo para apuntarse en los servicios públicos de empleo.

Aun así, en los últimos meses del año, empezaron a crecer con fuerza. Según los únicos datos reconocidos por el Ejecutivo, a través de una respuesta parlamentaria al PP, a cierre del año rondaban los 440.000 inscritos en los servicios públicos autonómicos, aunque el Ministerio de Trabajo ha renegado de la fiabilidad de ese informe.

En cualquier caso, el Anuario refleja que el incremento se intensificó en en 2023, cuando la media rozó los 585.000 al mes (un 79,95 más). En comparación, el incremento en 2024 es más modesto, del 17,6% hasta los 687.884. Pero refleja una tendencia al alza que contrasta con el efecto reducido que, según Díaz y su equipo, tienen.

Un 26,6% más de paro

De hecho, suponen cuatro de cada diez demandantes no parados, el grupo más numeroso tras los demandantes ocupados (que incluye entre otros a los afectados por ERTE), que sumaron 440.559 personas, su dato más bajo desde 2008 tras dispararse hasta los 2,5 millones en 2020.

Así, los fijos discontinuos añadirían un 26,6% a la cifra de paro registrado, hasta los 3,3 millones. Antes de la pandemia el porcentaje se mantenía en el umbral del 6% y durante la crisis sanitaria no superó al 9%. Eso sí, la cuestión es si todos son inactivos o personas que trabajan pero optan por mantener renovada su demanda.

Los datos del Anuario no resuelven una de las grandes dudas: cuántos son 'desempleados ocultos'. Y es que los fijos discontinuos no se consideran parados porque tienen una relación laboral vigente, es decir, el contrato no se extingue cuando pasan a la inactividad. Entonces es cuando se apuntan al paro. Pero como la demanda de empleo se renueva cada tres meses pueden concatenar altas y bajas de afiliación en ese tiempo sin que causen baja como inscripción en las oficinas de empleo. Esta ambigüedad vinculada a unos contratos cuya volatilidad efectiva supera a la de los temporales, es a la que se aferra Trabajo para negar un maquillaje en los datos del SEPE.

El único indicador sería el número de fijos discontinuos que cobran una prestación de paro: en cuanto se produce el llamamiento se interrumpe la prestación. Por otro lado, para cobrarla paro hay que haber cotizado lo suficiente, algo más difícil con estos contratos tan volátiles, con lo que muchos fijos discontinuos inactivos se mantienen inscritos para generar derechos para otras ayudas, como los subsidios.

En 2024, según los registros del SEPE, una media de 127.276 de beneficiarios de prestación eran fijos discontinuos en inactividad, un 18,5% de los inscritos. En 2021 eran 96.553, un 30,5%, aunque como hemos visto, estos datos están sesgados por el refuerzo extraordinario en su protección social durante la pandemia. En 2019, apenas llegaron a 57.587, pero era un 24,9% del total.

Esto implica que, aunque hay más fijos discontinuos inscritos, se ha producido un empeoramiento de su protección social durante los periodos de inactividad, seguramente porque el uso de esos contratos ahora se extiende a actividades eventuales con mayor rotación que los empleos en sectores estacionales como el turismo, en los que antes se enfocaban.