Tres años de polémica con los fijos discontinuos: entre el paro oculto y los empleos 'fantasma'

A menos de un mes de que se cumpla el tercer aniversario de la reforma laboral, no se puede negar que ha cumplido el objetivo de elevar a máximos históricos el empleo indefinido en España. Aunque la efectividad de las medidas parece haber tocado techo varios meses, el balance, en términos generales, es claramente positivo salvo por un llamativo punto oscuro: los fijos discontinuos. Una figura que se ha situado en el ojo del huracán político y económico entre acusaciones de 'ocultar' el paro real y crear empleos 'fantasma'.

¿Qué nos dicen los últimos datos? El pasado mes de noviembre, la Seguridad Social perdió 45.173 afiliados medios al Régimen General, es decir, trabajadores asalariados. Pero este descenso se reparte de manera desigual por tipo de contrato: los que tienen uno indefinido ordinario crecieron en 65.271, los temporales descendieron solo en 620 y los funcionarios, empleados públicos y otros no clasificables bajo una tipología de contrato crecieron en 19.981. Sin embargo, el incremento neto de 84.632 afiliados medios que aporta la suma de estos trabajadores no pudo compensar la pérdida de 129.806 trabajadores fijos discontinuos.

Hablar en este caso de 'destrucción' de empleo, no es sinónimo de destrucción de puestos de trabajo por un motivo: los contratos de estos trabajadores no se extinguieron, simplemente pasaron a la inactividad a la espera de volver a ser llamados por sus empresas. En ese tiempo, no cobran salario, no cotizan y, en consecuencia, se les da de baja a la Seguridad Social.

La idea de la reforma era que los fijos discontinuos sustituyeran a los temporales en puestos de carácter 'recurrente', que fluctúan en función de picos de actividad. Para ello, hubo que introducir cambios en la figura, ampliando su uso desde las actividades estacionales (como el turismo) con los que se asociaban hasta entonces, incluyendo la posibilidad de que las ETTs contrataran a los fijos discontinuos para ponerlos a disposición en tareas eventuales.

La consecuencia directa es que el empleo fijo discontinuo disparó su peso en la afiliación. Si en noviembre de 2019 eran el 2,84% en 2024 se sitúan en el 5,28%. Es un volumen muy reducido, pero hay que tener en cuenta que hablamos de afiliación media. Es decir, no recoge la volatilidad de altas y bajas, que es proporcionalmente mayor que la de los temporales. En octubre (últimos datos disponibles) se registraron 22.149 bajas diarias de afiliación por pase a la inactividad, frente a 36.470 por finalización de un contrato temporal, cuando estos suponen el 12,6% de los asalariados.

Una de las claves de este fenómeno es que los fijos discontinuos han ganado peso en los sectores con empleos más precarios y volátiles, como los servicios auxiliares, actividades artísticas, educación (entendiendo aquí no personal de centros reglados, sino los que trabajan en academias y autoescuelas, entrenadores deportivos), agricultura y, por supuesto, la hostelería.

De hecho, la caída de la afiliación en noviembre se explica por el papel de los fijos discontinuos en este sector: la hostelería perdió 118.721 afilados medios netos, pero solo 7.659 eran temporales. Los fijos discontinuos restaron 121.566, un retroceso que se vio compensado por la incorporación de 10.486 indefinidos ordinarios (y 18 trabajadores cuyo contrato no se especifica), lo que lleva al peor noviembre desde 2019.

Ahora bien: si los comparamos con los datos de hace cinco años, nadie puede decir que los del pasado mes sean inesperados. Noviembre es un mes de temporada baja turística y eso afecta especialmente a regiones como Baleares. Pero también es donde más contratos fijos discontinuos se firman. De hecho, en el pasado mes, solo esta región perdió 89.355 afiliados fijos discontinuos.

Pero en 2019 estos empleados que pasaban a la inactividad ya protagonizaron la mayor pérdida de afiliación, superando a los temporales. Restaron 65.923 afiliados (50.141 en Baleares), frente a los 25.538 temporales. Así pues, al duplicarse su peso en el empleo, su papel en la destrucción del mismo también lo ha hecho. Y explica que el empleo retenga características estacionales similares a los de antes de la reforma, pese a haber menos empleo temporal 'propiamente dicho'.

Sin embargo, la polémica sobre estos contratos no se ha centrado tanto en su efecto en el empleo como en las estadísticas de desempleo. Volviendo a los datos de noviembre, comprobamos que el descenso de la afiliación no se tradujo en un repunte del paro: de hecho, descendió en 16.036 personas. Más allá del hecho de que los datos del SEPE y la Seguridad Social no son comparables, hay quien puede ver una llamativa conexión: y es que los fijos discontinuos inactivos no cuentan como parados registrados, ya que su contrato sigue vigente. Pero sí pueden cobrar una prestación por desempleo, si han cotizado lo suficiente para ello.

¿Cuántas personas hay en esta situación? No lo sabemos. En noviembre había 1,25 millones de demandantes de empleo ocupados, 70.000 más que en octubre, pero en esta categoría entran muchos casos aparte de los fijos discontinuos inactivos, incluyendo los fijos discontinuos activos y que no se dan de baja, aunque dejan de cobrar la prestación, si lo hacían. Según diversas estimaciones, la cifra de fijos discontinuos registrados como demandantes oscilarían entre 700.000 y 400.000. Pero solo son eso, estimaciones porque el Servicio Público de Empleo Estatal no desglosa estos datos.

Paradójicamente, lo que sí podemos decir exactamente cuántos fijos discontinuos cobran el paro tras pasar a la inactividad: en lo que va de 2024 la media se sitúa en unos 119.000 al mes, con 89.827 solo en octubre, cuando se produjeron 33.000 altas. Sorprende que el SEPE publique con todo detalle y transparencia esta información y no sea capaz de precisar el número de inscritos en las oficinas de empleo.

Una opacidad calculada

A la hora de intentar comprender el porqué de esta opacidad, hay que tener en cuenta que los fijos discontinuos inactivos siempre han estado excluidos del paro registrado (al menos desde 1985) porque al tener un contrato en vigor y entenderse que no están disponibles para un empleo no cumplen el requisito que la OIT fija para definir un desempleado.

Esto no significa que su registro y medición no haya sido problemático, tanto para el SEPE como para los servicios de empleo autonómicos, que tienen la competencia de gestión y registro de las demandas de empleo (aunque el organismo estatal revisa estos datos para abonar las prestaciones) Sobre todo, cuando se convirtieron en la modalidad 'estrella' de la reforma laboral.

Inicialmente, la idea del Ejecutivo era que el registro se hiciera cruzando los datos de la demanda de empleo con los de Seguridad Social, que detallan la causa de baja, y permiten especificar si se debe a haber pasado a la inactividad o a otras causas, como haber sido despedidos (en cuyo caso contarían como parados). Pero en octubre de 2022 se detectó que este sistema fallaba y que muchos fijos discontinuos inactivos estaban siendo clasificados como parados por las comunidades.

Esto obligó a revisar más de 100.000 demandas en el tercer trimestre de ese año y reclasificar a otros tantos parados registrados como demandantes ocupados. Una sorprendente distorsión de las estadísticas mensuales de desempleo que provocó una sonada tormenta política, alimentada en parte por la falta de información del Ministerio de Trabajo sobre el problema. La vicepresidenta Yolanda Díaz se comprometió en enero de 2023 a presentar un informe con los datos, pero esto nunca ocurrió.

Unos meses más tarde se remitió una respuesta parlamentaria al PP en el Senado que daba una cifra de 400.000 a cierre de 2002, pero Trabajo se apresuró a decir que los datos eran incompletos y parciales. Jamás reveló sus cifras prometidas y la última vez que se le planteó a Díaz esta cuestión (ya a comienzos de 2024) lo que respondió fueron datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que situaban en poco más de 60.000 los fijos discontinuos que cuenta como parados.

El problema es que la EPA incluye tanto a los inactivos que están buscando activamente empleo (que son los parados citados por Díaz) como a los que no lo hacen (que cuentan como inactivos). El Ejecutivo precisó los cálculos de la vicepresidenta para añadir a 54 personas en esta segunda situación, pero las cifras, en todo caso, no coinciden con los beneficiarios de prestaciones, los demandantes ocupados ni los propios datos filtrados anteriormente por Trabajo.

Tras esta rocambolesca historia, Díaz y su equipo dan por amortizada la polémica y cargan la responsabilidad de no haber publicado las cifras en las comunidades autónomas por tener la competencia en la gestión de demanda (cuando esos datos se comparten con el SEPE, que además publica las estadísticas de paro y contratos cada mes).

Pero la calculada opacidad sobre esta figura no impide que Trabajo haya impulsado medidas que aparecen claramente destinadas a evitar el abuso de esta figura. Desde las campañas de inspección sobre las ETTs y sus clientes a las nuevas facilidades para suspender la prestación de paro a los fijos discontinuos que rechacen reincorporarse a la empresa, todo apunta a que el departamento de Díaz ve un problema en el impacto de esta figura en el mercado laboral. Otra cosa es que quiera reconocerlo públicamente.