
La entrada en vigor de la reforma de los subsidios encierra una sorpresa para miles de fijos discontinuos que perciben la prestación contributiva o el subsidio. La norma fija que a partir del 1 de noviembre rechazar el llamamiento de su empresa "sin causa justificada" conlleva la suspensión automática de la prestación. Un cambio legal que refuerza el poder de los servicios públicos de empleo para controlar un problema ante el que muchas empresas se ven con las manos atadas.
Hay que precisar que hablamos de una suspensión de la prestación, no una extinción (lo que supondría perder los derechos generados). Pero el trabajador fijo discontinuo sancionado no podrá reanudar el cobro hasta que cumpla las condiciones para ello. Es decir, hasta que atienda un llamamiento y vuelva a pasar otra vez a la inactividad, o sea despedido en ese u otro empleo.
¿A qué se debe este cambio si, en teoría, un fijo discontinuo que rechace volver a su puesto de trabajo no debería seguir percibiendo estas ayudas ya que incumple el compromiso de actividad al que está obligado? Las empresas comunican a los servicios públicos de empleo autonómicos y estatal los llamamientos que realizan y estos, además, pueden cruzar sus datos con los de Seguridad Social, ya que los fijos discontinuos inactivos están dados de baja de afiliación que se revierte al reincorporarse.
Pero en la práctica, estos mecanismos no daban los resultados esperados porque la Ley General de Seguridad Social no lo recogía explícitamente entre los supuestos de suspensión de prestación, con lo cual se generaba una situación complicada para las empresas y con repercusiones en las arcas públicas y que ahora se subsana, con un nuevo apartado en el artículo 271, donde también se recoge la polémica obligación de todos los parados de hacer la Declaración de la Renta.
El Gobierno ya intentó introducir esta novedad en la fallida primera versión del decreto de reforma de los subsidios aprobados a finales de 2023, con la previsión de que entrara en vigor en junio de este año. Pero el Congreso tumbó aquel texto y el proceso de renovarlo, con consenso con los agentes sociales, retrasó el plazo de aplicación hasta el pasado 1 de noviembre. En sus primeros días, no han sido poco los fijos discontinuos que se han encontrado con la sorpresa de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les notifica la retirada de la prestación.
¿Por qué se ha aplicado este cambio justo ahora, cuando los fijos discontinuos llevan en las mismas condiciones desde hace décadas? La respuesta es simple: la reforma laboral. Hasta entonces, estos contratos estaban ligados a actividades de temporada, especialmente en el turismo (de lo que Baleares sería el ejemplo por excelencia) y por sus características estas situaciones, de darse, no generaban grandes problemas a las empresas.
Con la nueva ley se amplió su uso a actividades de carácter eventual pero recurrente, con la idea de que sustituyeran a los contratos temporales o, al menos, se convirtieran en una vía de tránsito hacia los indefinidos ordinarios en sectores en los que se encuentran infrarrepresentados, como el agrario. Pero en esta ampliación de la definición, entraron supuestos que han tenido un encaje complejo, como la posibilidad de que las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) contraten bajo esta modalidad para poner a sus trabajadores a disposición de sus clientes.
Casi 250.000 altas de prestación en lo que va de año
El aumento de los fijos discontinuos ha supuesto un notable repunte de los que cobran prestación. Para hacernos una idea de su impacto, en los nueve primeros meses del año, se produjeron 242.613 altas iniciales de prestación por desempleo y 331.561 reanudaciones del cobro por pase a la inactividad de un trabajador fijo discontinuo.
Son niveles que casi triplican la media registrada en los años anteriores a la pandemia y equivalen al 19,7% del total de altas y 15,7% de las reanudaciones registradas en lo que va de 2024. Esto da una idea del volumen y la volatilidad del coste para el SEPE. De hecho, la media de perceptores es de 123.267, cuando en 2019 eran 58.328, un repunte que ha 'inflado' métricas como la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo.
Si embargo, no es el gasto en prestaciones la razón principal para este cambio legal. De hecho, en el último año el número de altas iniciales y beneficiaros medios mensuales se ha mantenido relativamente contenido, aunque el de las reanudaciones se ha incrementado en un 9,6%. Esto da idea de que se trata de prestaciones de escasa duración, aunque los trabajadores con derecho 'recurrente' a ellas aumenten.
Pero el hecho es que el Gobierno ni si quiera ha desglosado la cifra de fijos discontinuos inactivos inscritos en las ofician de empleo, aunque algunas estimaciones hablan de algo más de 500.000 de los 700.000 inscritos como demandantes de empleo con relación laboral (que no cuentan como parados registrados). En todo caso, los que cobran la prestación cada mes son menos.
El mayor problema lo tienen las empresas que contratan a estos trabajadores. En muchos casos se encuentran con que los trabajadores rechazan reincorporarse sin que las opciones estén claras, ya que extinguir un contrato sin pagar una indemnización por despido en estos casos implica justificar que el trabajador ha dimitido. Esto conllevan la pérdida de la prestación, pero es una vía no exenta de complicaciones legales.
El Gobierno ha dejado en manos de los convenios fijar las condiciones de los llamamientos y las posibles penalizaciones que conlleva no atender a un llamamiento, pero la ambigüedad de la figura sigue disuadiendo a muchos sectores a recurrir a esta figura y seguir contratando temporales. Una de las quejas habituales es que interpretan que los fijos discontinuos que cobran el paro prefieren agotar la prestación antes de aceptar un nuevo llamamiento.
¿Es correcta esta acusación? Hay un sector en el que parece una realidad: las ETTs, cuyos fijos discontinuos reciben hasta 6 llamamientos de media al año. Y es donde más ha impactado la nueva exigencia del SEPE. Con ella, las empresas tienen un asa en la manga y una forma de presionar a sus trabajadores para aceptar un llamamiento implica la retirada supone, Aunque el Ministerio de Trabajo, quemantiene su propia 'guerra' con esas entidades por el uso irregular que hacen de los fijos discontinuos al emplearlos en tareas que sus clientes deberían cubrir con sus propios contratados, piensa más en dar garantías al resto de sectores de que usen esta figura con tranquilidad en lugar de tirar de temporales.
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