La fiabilidad de los datos de paro es un tema recurrente en el debate de política económica en España, pero nunca ha cobrado tanta relevancia como en la Legislatura que está a punto de concluir. Las dudas alrededor de los ERTEs, los fijos discontinuos inactivos o las personas sin empleo, pero excluidas del paro registrado han centrado numerosos choques del Gobierno, no solo con la oposición, sino con economistas y analistas del mercado laboral. En este escenario, el foco se ha puesto en el Servicio Público de Empleo Estatal, al que se señala como responsable de maquillar las cifras. Pero ¿se sostiene realmente esta acusación?
Empecemos por analizar las cifras. El pasado mes de mayo había 4.244.968 personas inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes de un puesto de trabajo, de las que solo 2.739.110, el 64,5%, eran parados registrados. Del resto, el 23,16%, 983.153 personas, estaban ocupados, los que nos deja un total de 522.705 demandantes no ocupados, pero que no cuentan como parados 'oficiales'. Son un 4% más que los 502.439 de hace un año.
Si sumáramos su número al de los parados registrados, nos daría una cifra total de 3.261.815 desempleados, un 4,8% menos que hace un año, cuando el número de los parados 'registrados' se redujo un 6,2%. Los defensores de la teoría de que se ha producido una distorsión deliberada de las estadísticas pueden concluir que esta exclusión no solo estaría reduciendo las cifras 'oficiales' de paro, sino que 'infla' (aunque sea por dos puntos) la caída del desempleo 'oficial' en el último año.
Pero una afirmación de este tipo se enfrenta a tres argumentos hechos difíciles de rebatir: el primero, que es el propio SEPE el que publica estos datos y están disponibles para cualquier ciudadano, periodista o investigador, aunque los datos sean complejos y quizá el formato bastante mejorable en los tiempos del Big Data. El segundo, que no es el SEPE el que recopila los datos de las demandantes, sino los servicios públicos autonómicos, aunque sea el responsable de publicar la estadística nacional con las cifras que le son remitidas. Y el tercero, que la definición de qué desempleados son o no parados registrados no la determina arbitrariamente ni este organismo, ni el Gobierno.
¿Cómo se cuenta el paro?
La metodología del SEPE establece que hay varios tipos de demandantes sin empleo que no cuentan como parados: los 522.707 detectados en mayo se dividen entre 282.000 que tienen una disponibilidad limitada (donde se incluyen a los parados que hacen un curso de formación de los servicios públicos de empleo) y los demandantes no ocupados (DENOS) que no son parados, que suponen el resto. Estos últimos engloban varios tipos: los que demandan empleos en condiciones muy específicas (como el teletrabajo o en el extranjero), estudiantes de menos de 25 años o a los perceptores del subsidio especial agrario (antiguo PER).
La casuística es amplia, pero no ha sufrido cambios en su definición, que se remonta a una orden de 1985 que estipula qué demandantes no cuentan como parados registrados. El Gobierno cita esta norma para defender que no ha hecho cambios, aunque se le olvida precisar que la metodología actual, basada en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), es veinte años posterior y se aplica desde 2005.
Aparte de ser un documento consensuado con las comunidades autónomas y reconocido por Bruselas, que nunca ha acusado a España de manipular sus cifras de paro, responde a las directrices fijadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que basa su definición de parado en dos condiciones: que los desempleados busquen activamente empleo y estén disponibles para incorporarse inmediatamente a un puesto. De hecho, en esto se basa el compromiso de actividad que los parados españoles suscriben para para percibir una prestación por desempleo, que pueden perder si rechazan una oferta adecuada de empleo.
La misma definición de la OIT que sigue el SEPE se utiliza para la Encuesta de Población Activa (EPA) y su equivalente de Eurostat, la Encuesta de Fuerza Laboral, aunque la metodología es muy distinta. Por esta diferencia los economistas consideran que los datos del SEPE arrojan menos información que los de la EPA, ya que esta recoge supuestos de parados que buscan empleo, pero no se inscriben en los servicios públicos de empleo por no confiar en su eficacia, algo habitual en periodos de crisis.
Esto explica la brecha histórica entre ambas métricas, si bien la registrada en la pandemia es muy inferior a la de la Gran Recesión, como se aprecia muy claramente al comparar los datos del paro registrado con los de la Encuesta de Fuerza Laboral mensual que publica Eurostat. La mayor diferencia entre ambos tipos de parados se registra en 2013.
Los verdaderos parados ocultos
Un caso bien distinto es el de los parados 'ocultos' que son excluidos por la definición estándar de parado y se consideran inactivos. Se trata de personas sin empleo y que quieren trabajar, pero que no cumplen alguno de los otros dos requisitos de la OIT: o no están disponibles para incorporarse a un trabajo, de los que registra 257.000 o se han desanimado de buscarlo, que suman 728.000. En total, 985.000 parados ocultos, según la estadística de holgura laboral que publica Eurostat, la única que recoge estos datos a nivel europeo.
La cifra es muy superior a los 522.000 demandante no ocupados y no parados que registra el SEPE, pero esto es lógico si tenemos en cuenta que la mayoría son desanimados, que en buena parte ni se inscriben como demandantes. De hecho, la cifra de los que buscan activamente empleo, pero no están disponibles sí se acerca a la que publica el organismo dependiente de trabajo.
También hay que recordar que hay países con una tasa mucho mayor de estos 'parados ocultos', como Italia, que duplica la de España. Y además el dato está en mínimos históricos (si bien la serie se remonta a 2009, con lo que no se puede comparar con los años previos a la Gran Recesión).
En cualquier caso, la estadística de holgura laboral es un indicador de la infrautilización de la fuerza laboral de un país, un indicador que España lidera rotundamente pero por su tasa de paro registrado. Y, como hemos visto, no hay indicios de que lo ocurrido en los últimos años introduzca grandes diferencias entre el que mide Eurostat y el que mide el SEPE, al menos si lo comparamos con la crisis financiera.
Aunque los expertos explican que en esta menor distorsión influye el hecho de que las políticas laborales durante la crisis sanitaria se centraron en mantener empleos a través de medidas como los ERTEs, que no cuentan como parados ni para las oficinas de estadísticas de España ni Bruselas, ni para el SEPE. Esto, precisamente les ha situado en el centro de la polémica.
Según el SEPE, los demandantes que se clasifican como ocupados se dividen entre 476.462 ocupados propiamente dichos y que se inscriben en los servicios públicos de empleo) y otras 506.691 en las que se especifica que tienen una relación laboral. Es decir, que tienen un contrato vigente, aunque no tienen por qué estar trabajando necesariamente en ese momento. Es en esta última categoría entran tanto los afectados con ERTE que alcanzaron los tres millones durante la pandemia, como los trabajadores fijos discontinuos inactivos.
Lo sorprendente es que estos demandantes con relación laboral se han disparado un 79,3% en el último año. Teniendo en cuenta que los afectados por regulaciones de empleo han caído en picado desde los máximos de la crisis sanitaria, este incremento señala directamente a los 'indefinidos pero eventuales' que ha consagrado la reforma laboral. Estos, a diferencia de los afectados por ERTE sí pueden contabilizarse como parados por la EPA y por la LFS de Eurostat. Eso sí, siempre que al responder a la encuesta digan que no trabajan y que están buscando empleo. Si no lo buscan, se clasifican como inactivos. En ese sentido, se les considera igual que cualquier otro desempleado.
El 'baile' de los fijos discontinuos
Aunque, como veíamos antes, el gráfico que compara el paro EPA y el paro de la EPA europea no refleja un empeoramiento reseñable de esta estadística respecto al SEPE, en este punto hay que hacer una precisión importante. Y es que, como hemos informado en elEconomista.es, sí se produjeron distorsiones puntuales debidas a las revisiones realizadas en noviembre y octubre para corregir las cifras de fijos discontinuos inactivos registrados erróneamente como parados registrados.
Hablamos de un baile de cifras de 173.000 personas que se debe a que para los mese sen los que aún n ose ha publicado la EPA trimestral, Eurostat recurre a los datos mensuales del SEPE, cocinados estadísticamente, para su Encuesta de Fuerza Laboral mensual. Sin embargo, este dato se corrigió automáticamente en diciembre, cuando se publicó la EPA española, sin que Bruselas denunciara un maquillaje estadístico por parte de España (un temor que fue real en algunas áreas del Gobierno).
Esta situación, en cualquier caso, no es achacable al diseño de las estadísticas sino a errores en el recuento por parte de las comunidades autónomas, que ya han sido subsanados. Aunque esto no implica que no haya responsabilidades políticas: el Ministerio de Trabajo sigue sin explicar qué ocurrió, y ni tan siquiera reconocerlo, pese a que los datos del propio SEPE son elocuentes.
Lo cierto es que, no se pueda acusar al SEPE y a sus funcionarios de ningún maquillaje, con la propia orden de 1985 en la mano, nada impide al Gobierno hacer más transparentes las estadísticas. Todo lo contrario: el texto exige que se aporte información de los colectivos excluidos del paro registrado, algo que ya hizo en 2005 con la introducción de la metodología SISPE. Igual que se desglosan los beneficiarios del subsidio agrario o los demandantes sin disponibilidad o los demandantes ocupados, no haría falta cambiar la definición de paro reflejar supuestos como el de los fijos discontinuos.
Algo que, hasta ahora, el Gobierno no ha realizado, sino que ni siquiera lo ha planteado en la Ley de Empleo que transforma al SEPE en una Agencia Nacional de Empleo. Pero tampoco las comunidades, incluidas las del PP, lo han solicitado. La transparencia de las estadísticas de empleo parece ser más atractiva como 'ariete' electoral que el día a día de la gestión y evaluación y, sobre todo, prestigio de las políticas de empleo.