La propuesta del líder de UGT, Pepe Álvarez, de reforzar las sanciones para retirar las prestaciones o subsidios a los desempleados que rechacen una oferta de trabajo han vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente sobre las políticas laborales en España. Pero en el que siempre se obvia un dato clave: solo uno de cada 38 personas que perciben estas ayudas llegan a recibir una propuesta.
La legislación actual establece que "rechazar una oferta de empleo adecuada," ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o "por las agencias de colocación sin fines lucrativos" sin causa justificada es motivo para dar inicio a un procedimiento sancionador por infracción grave.
Esto conduce a una escala en la que la primera infracción implica la pérdida de tres meses de prestación, la segunda se castiga con 6 meses y la tercera con la extinción de la ayuda. Siempre, eso sí, que entre una infracción y la siguiente hayan transcurrido menos de 365 días. Esto justifica, hasta cierto punto, la afirmación de que el régimen sancionador actual no es suficientemente riguroso.
Pero el verdadero problema es que las "ofertas adecuadas" son las que gestionan las administraciones y sus colaboradoras. Y, según los registros del Servicio Público Estatal (SEPE) apenas llegaron a 49.239 puestos ofertados en el mes de enero. Un mes en el que hubo 1.901.340 perceptores de prestaciones. Es decir, un trabajo por cada 38 demandantes.
En ese mes se dieron de baja 42.792 ofertas. Es decir, un 86,9% de las propuestas, aunque solo 29.921 lo fueron por la contratación de un demandante. Los 12.871 restantes acabaron siendo anulados por las empresas, por motivos como la "necesidad de menos trabajadores de los previstos".
Hay que tener en cuenta que no todos ellos son parados registrados. Una parte son beneficiarios del subsidio agrario, afectados por ERTEs o fijos discontinuos inactivos. Estos últimos son en torno a un 14% del total de perceptores. Pero en su caso rechazar el llamamiento equivale a perder la prestación. Además, pueden recibir ofertas de empleo y cursos, aunque será el servicio público el que evalúe si se debe sancionar un rechazo o no.
El 35% no cobra prestación
¿Pero qué ocurre con el 35% de parados que no cobran ninguna prestación? Este porcentaje incluye a los que nunca han trabajado como a los que tienen experiencia laboral (y por tanto han cotizado para cobrar la prestación, pero no lo suficiente).
Contándolos, la ratio de ofertas se dispara a una por cada 59 parados, aunque una buena parte de ellos no son 'sancionables'. A no ser que quieran optar a algún subsidio por edad u otras causas. En ese caso, rechazar "ofertas adecuadas" o cursos de formación es motivo de descarte.
La propuesta de Álvarez, que él mismo reconoció que era polémica, responde a su rechazo a los planes para contratar trabajadores extranjeros en otros países para cubrir vacantes en la construcción. Sin embargo, la construcción supone solo el 16% de las ofertas que registra el SEPE, mientras el sector público concentra más de la mitad de las colocaciones de parados.
El líder de UGT critica que la elevada tasa de paro de larga duración hace inadmisible la idea de traer profesionales de otros países para cubrir ciertos puestos, que podrían resolverse de manera mucho más productiva "con formación".
Pero el análisis del líder de UGT obvia dos detalles: el primero, que los trabajos que se buscan en terceros países son intensivos en actividad física (campo, el andamio, etc...) y no exigen apenas cualificación. El segundo, que casi el 56% de los parados tiene más de 45 años. Además, con un nivel formativo superior al que requieren esas profesiones. Factores que tienen mucho peso a la hora de determinar si la oferta de empleo es "adecuada".
En cualquier caso, la idea de Álvarez reabre el debate sobre la eficacia de los servicios públicos de empleo y las políticas de empleo en general para mejorar la cualificación de los parados. El envejecimiento del la población y la sobre cualificación de los trabajadores son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un encaje entre las necesidades reales de empresas y demandantes de empleo.
En este escenario, es dudosa la eficacia de reforzar las sanciones por rechazar ofertas. Sobre todo si los servicios públicos de empleo siguen registrando el porcentaje más reducido de ofertas de empleo por parado de de toda la Unión Europea.