España es la economía europea con la mayor tasa de paro y todo apunta a que va a seguir siendo así en 2023, ante las casi inexistentes oportunidades laborales que ofrece a los parados: apenas hay 5 vacantes por cada 100 de ellos, mientras países como Alemania ofrecen 133.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un balance muy positivo del impacto en los resultados de la reforma laboral que aprobó hace exactamente un año. Sin embargo, ni su norma ni ninguna de las que la han seguido resuelve este problema. Ni siquiera lo hace la Ley de Empleo, que ultima su tramitación parlamentaria sin clarificar cómo mejorará el control de las ofertas de empleo.
Hasta entonces, la única herramienta de la que disponen Bruselas y la OCDE para analizar esta situación son los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales. Y los últimos, correspondientes al tercer trimestre, siguen siendo demoledores. Sobre todo, si los comparamos con los países de nuestro entorno.
En ese periodo, España registró 143.896 vacantes, según Eurostat. Expresado sobre el total de empleos (contando ocupados y sin cubrir), supone una tasa de vacantes 0,9%, una de las más bajas entre los veintisiete y más de cuatro veces inferior a la media de la UE, que llega al 2,9%. En Austria se sitúa en el 5% y en Alemania en el 4,3%.
Esto significa que por cada 1000 puestos de trabajo existente en las empresas españolas, solo nueve están vacantes, mientras que las austriacas disponen de 50 y las alemanas de 43.
Mínimas oportunidades de empleo
El enfoque cambia radicalmente si en lugar de comparar vacantes sobre empleos lo hacemos sobre personas desempleadas. Esta tasa no la calcula Eurostat, pero organismos como la OCDE sí han puesto el foco en ella. Los datos del tercer trimestre arrojan que la situación o ha cambiado. España ofrece 4,9 vacantes por cada 100 parados (o 49 por cada 1.000), la segunda peor cifra de la OCDE y de la UE después de Grecia, que se queda en 4,1.
Por el contrario, hay países en los que esta 'tasa de oportunidades laborales' supera el 100%. Es decir, hay más vacantes que parados. Se trata de República Checa (175,8%), Alemania (131,5%) y Países Bajos (123,6%).
En la estadística no se incluyen datos de Italia, Dinamarca, Estonia ni Francia, aunque estos últimos pueden calcularse atendiendo a los datos de su servicio público de empleo, Pôle Emploi, que alcanzaba el millón de ofertas. El SEPE solo registra 55.700 (casi tres veces menos que las notificadas en la Encuesta de Costes Laborales).
La media europea se sitúa en el 50% aunque, si para evitar el sesgo alcista de República Checa, Alemania y Países Bajos escogemos la mediana (el valor 'central') obtenemos un 32%. Más de 6 veces por encima, en cualquier caso, del dato de España.
Este dato implica que la dificultad de un parado español para encontrar un empleo es 26,2 veces inferior a la de un alemán y 35 veces menor que la de un checo. Los datos son especialmente preocupantes porque además se producen en un contexto de 'sobrecalentamiento' del mercado laboral en toda Europa al que la economía española no ha permanecido ajena.
¿Las empresas se contradicen?
De hecho, un 34% de las empresas prevén problemas para encontrar trabajadores afecten a su actividad en el cuarto trimestre, según la Encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial. Un dato que no encaja en absoluto el escaso número de vacantes, pese a que el repunte de estas también es notable.
La cifra de vacantes en la segunda mitad de 2022 es la más alta desde el primer trimestre de 2011, aunque la comparativa está sesgada por la 'macro inversión' en obra pública que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la primera fase de la crisis financiera, el conocido como Plan E.
Como el paro es menor que entonces, la tasa de vacantes es la más alta de la serie, aunque esta solo llega a 2009 y la diferencia respecto al segundo máximo es de apenas siete décimas.
Sin embargo, la diferencia entre la tasa de empresa que dicen no encontrar trabajadores y las pocas vacantes que comunican en ambas encuestas es notable y no encuentra explicación. Una lectura es que el estudio del Banco de España refleja una preocupación por la fuga de talento en determinados sectores, mientras las vacantes habían de la creación de nuevos puestos, más susceptibles de ser cubiertos por desempleados.
En cualquier caso, los analistas consideran que este 'sobrecalentamiento' del empleo se debe a tres factores: el rebote de la actividad tras el fin de los confinamientos de la pandemia, los cambios en los patrones migratorios y el desembarco de los fondos 'Next Gen' que ha disparado el número de proyectos (algo que recuerda, al menos en términos de vacantes, a lo que ocurrió con el Plan E hace más de una década).
Sin embargo, pese a esta mejoría, España sigue a la cola no solo de los países europeos, sino de la OCDE, lo que implica una señal clara de que nuestra capacidad de crear empleo no solo es mínima, sino que está muy por debajo de países con una mayor exposición a la guerra de Ucrania.
La decepción de la ley de Empleo
En cualquier caso, la mejoría parcial de estos datos es mérito de la reforma laboral, que se ha centrado más en la calidad del empleo que en su cantidad. De hecho, el número de contratos ha retrocedido (se firman muchos más indefinidos pero un tercio son fijos discontinuos, tan volátiles como los temporales) y se prevé que la tasa de paro siga estancada por encima del 12% los próximos ejercicios.
En este contexto, la opción del Gobierno, que hasta ahora ha negado problemas de falta de mano de obra, es que las empresas publiquen las ofertas para mejorar los datos. La idea, más que modificar la estadística que elabora el INE, era replicar precisamente el modelo francés: que las empresas se lo comuniquen al SEPE.
Es lo que prometió hacer en la Ley de Empleo, pero el contenido de la norma es demasiado vago y se remite a un reglamento posterior. Además, no clarifica que las obligaciones por parte de las empresas que conlleva la publicación de estas vacantes, ni el nuevo modelo de intermediación que elabora el SEPE.
Que la norma se haya acabado convirtiendo en un vehículo para introducir cuestiones ajenas a ella, como las nuevas funciones de la Inspección para fiscalizar despidos colectivos, apunta a que el interés del Gobierno está en otros escenarios.
