El debate sobre qué hacer con los parados que rechacen ofertas de trabajo no es nuevo, pero ha arreciado en un contexto marcado por las quejas de algunos sectores por la falta de mano de obra. En los últimos días, diversas voces políticas se han sumado a un debate que parte de una premisa clásica: que estos desempleados deberían ser sancionados con la retirada de la prestación que perciben. Aunque existe un dato muy a tener en cuenta y que a nadie parece interesarle poner sobre la mesa: las vacantes que los servicios públicos de empleo ofrecen a esos mismos parados se han desplomado un 16% en el último año, según los datos del SEPE.
Vaya por delante que las sanciones ya existen: rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo que gestionan las comunidades autónomas, como por las agencias de colocación que colaboren con ellos, es considerada una infracción grave que conlleva la pérdida de prestación durante tres meses, de seis meses si se 'reincide' y de la pérdida definitiva de la prestación si se rechaza por tercera vez un puesto.
Ahora bien: ¿qué se entiende por "colocación adecuada"? Aquella que coincide con la profesión demandada al registrarse ante los servicios públicos de empleo, la habitualmente desempeñada u otra que se ajuste a las aptitudes físicas y formativas del candidato. Aunque existe un cuarto supuesto para las personas que lleven más de un año cobrando prestaciones (una situación en a que se encuentra 6 de cada 10 perceptores). En este caso, se considerará adecuada "cualquier profesión que los servicios públicos de empleo crean oportuna".
A este sistema se le hacen varias críticas. La primera es que la sanción no se aplica si hay una "causa justificada" para poder rechazar trabajos, y aquí la casuística es demasiado vaga y amplia. La segunda, que recoge los casos en los que la oferta no fue presentada por los servicios públicos de empleo, es decir, en los que estos no 'intermediaron'. Algo que ocurre en el 96% de las colocaciones de demandantes de empleo que se registran cada mes en España. Un porcentaje sorprendentemente alto de inscritos en las oficinas de empleo que acaban encontrando trabajo sin participación alguna de estas.
Esta aparentemente escasa, por no decir nula, eficacia de los servicios públicos contrasta con las voces que, desde patronales, sindicatos y responsables políticos que gobiernan en las comunidades autónomas y, por lo tanto, tiene responsabilidad directa en la gestión de esos mismo servicios, abogan por tomar medidas ante la dificultad que, consideran incomprensible, para cubrir vacantes en un país con 2,73 millones de parados registrados, 2,5 de ellos con experiencia laboral, de los que el 65% cobra una prestación o subsidio, según los datos de abril.
Sin cuestionar la realidad del problema de las vacantes, los datos oficiales son escasos. El que se cita habitualmente es el de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales que publica el INE, que recoge unos 140.000 puestos por cubrir en todos los sectores, salvo el agrario y las actividades de los hogares como empleadores. Con un 29% de aumento interanual es un de los niveles más altos de la serie histórica... aunque esta cifra apenas supone 5 puestos por cada 100 desempleados.
Pero hay otro dato que suele obviarse, el de los puestos realmente ofertados por los servicios públicos de empleo. Y aunque aquí sí se incluye el agrario y las actividades de los hogares, el saldo es mucho peor: en mayo se dieron de alta 60.853: 2 por cada 100 parados. Y supone 16% menos que hace un año.
Un fracaso por CCAA
El registro de demandantes de empleo y ofertas de empleo corresponde a los servicios públicos de empleo autonómicos, ya que las comunidades autónomas tienen transferidas la competencia en políticas activas y, por tanto, sobre la gestión de las ofertas. Por eso es relevante analizar los datos por regiones.
El mayor incremento interanual relativo se produjo en Cantabria, donde las vacantes se duplicaron, mientras el mayor retroceso se dio en Valencia, donde se desplomaron un 68,3%. En cualquier caso, solo ocho comunidades anotaron un balance positivo que no pudo compensar el desplome en el resto.
El déficit de vacantes contrasta con las afirmaciones de que los puestos por cubrir se han disparado. Una contradicción que, según muchos analistas, se debe a que las empresas españolas no tienen la obligación de presentar sus vacantes a los servicios públicos como en países como Francia, dnde el portal de Pôle de Emploi anota, en el momento de redactar estas líneas, 1,25 millones de ofertas. Su equivalente español, el portal Empléate del SEPE, recoge un stock de vacantes sumando las de los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación de 55.400. Es decir, 22 veces menos.
Esta cifra de 55.000 vacantes se nutre la diferencia entre vacantes dadas de alta cada mes en los servicios de empleo y las dadas de baja por colocación u otros motivos, como que la empresa las retira. En mayo se registraron 43.750 bajas de ofertas por colocación, un equivalente al 72% de las altas. Puede parecer que este desencaje desencaje del 28% revela que los parados rechazan ofertas, pero hay dis datos que ponen en cuarentena esta conclusión. El primero, que hace un año la brecha entre altas y bajas fue mucho más alta: del 54%.
El segundo, que las bajas cubiertas por colocación han aumentado un 10% en el último año. Se ha incrementado en doce regiones, liderada por Castilla la Mancha, donde se triplicaron. Por el contrario en Cataluña cayeron un 51% y en Ceuta un 67%. Aunque siguen suponiendo apenas un 2,5% del total de colocaciones registradas cada mes en España, y el 4% de las de demandantes inscritos en el paro.
¿Pero a qué se debe este rechazo? Una explicación puede estar en los puestos ofertados por los servicios públicos de empleo. El 31% son en el sector público, el 16% en la construcción y el 10% en las actividades sociosanitarias (mayoritariamente en servicios sociales y cuidado en residencias). Sin embargo, si atendemos a las cualificaciones exigidas, nos encontramos con que el 35% se dirige a peones y trabajadores no cualificados. Un desencaje a tener en cuenta cuando siete de cada diez han superado, como mínimo, la secundaria.
Una Ley de Empleo fallida
La Ley de Empleo que entró en vigor a principios de marzo estaba llamada a resolver este problema en el marco de la futura Agencia Nacional de Empleo, recogiendo la obligación de las empresas de notificar sus vacantes e incentivando a los servicios públicos y sus funcionarios a 'captar' esas vacantes. Pero esto no se está trasladando a resultados.
La Ley impulsa el papel de los servicios de empleo en la cobertura de vacantes, peo su concreción sigue siendo demasiado vaga. Desde el Gobierno recuerdan que la norma tiene seis meses para su pleno desarrollo y las medidas acometidas bajo su paraguas, como el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno recoge indicadores para evaluar la eficacia a la hora de cubrir y localizar vacantes. Aunque no clarifica ni concreta cómo se hará, algo que ha sido criticado por organizaciones empresariales durante la negociación de dicho plan, al que acusan de no buscar la colaboración público-privada, imprescindible para lograr este objetivo.
En cualquier caso, un desplome del 16% de las vacantes ofertadas no parece ser un buen resultado, aunque ni a las comunidades autónomas gobernadas por la oposición ni al Ministerio de Trabajo parece importarles demasiado. Los primeros, se enganchan a esta vía para despejar el foco sobre su propia gestión. Por su parte, el departamento de Yolanda Díaz lleva semanas esgrimiendo los datos del INE para destacar que España no tiene un problema de vacantes que justifica el plan de Seguridad Social de regularizar inmigrantes. A pesar de que legisla, supuestamente, para detectarlas.
