El Estatuto del Becario enfila hacia el Consejo de Ministros casi dos años después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos firmaran el texto. Así lo ha avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz al asegurar que la medida está "en el carril de entrada" para llegar a la reunión interministerial de Moncloa.
"Esto está ya, ya hemos hecho la consulta pública. Hemos tenido unas pequeñas discusiones internas en el seno del Gobierno que se van a resolver", ha indicado Díaz. La Ley del estatuto que regula a las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa pretende, según ha recordado la ministra durante el acto 'Juventud. Precariedad' celebrado en Madrid, "corregir una gran parte de la precariedad en España".
No le gusta a Díaz el nombre de Estatuto del Becario, que considera mala denominación para describir la norma que regulará las prácticas laborales no profesionales en las empresas para erradicar la figura de los falsos becarios, es decir, la de aquellos jóvenes en prácticas que en realidad sustituyen "puestos de trabajo estructurales y con condiciones que no son aceptables".
Según Díaz, "no tiene mucho sentido" que defienda en la Comisión Europea la norma que han hecho "de la mano del diálogo social" pero que en España no se saque adelante: "Es un reducto de precariedad sin precedentes, creo que es una norma que está consensuada, que va a generar bienestar social", ha añadido.
Díaz denuncia que en España "se hace un mal uso de los mal llamados contratos de los falsos becarios. [...] No voy a dar datos de la Inspección de Trabajo sobre los falsos becarios y demás, pero también son llamativos", ha insistido.
Entre los problemas que ha encontrado la norma por el camino, que inició en 2022, la última se conoció hace tres meses, cuando Díaz ya reconoció que su Departamento tenía "discrepancias" con el PSOE para la aprobación del estatuto. El Ministerio de Trabajo y Economía Social sacó a mediados de diciembre a audiencia pública, un año y medio después firmar su acuerdo con los sindicatos un texto que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores
El texto recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares -uno de los primeros escollos- a 480 horas.
El objetivo de este anteproyecto de ley es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.
La norma, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.