El Estatuto del Becario sigue estancado en las extracurriculares. La última propuesta de Trabajo llevada a la mesa de negociación en enero para extender el plazo de eliminación de estas prácticas supuso para los sindicatos un paso atrás con respecto al planteamiento de octubre y paralizó sine die el diálogo sobre una norma que pretende acabar con los falsos autónomos.
"Las prácticas extracurriculares podrán aplicarse durante un periodo de tres años desde la entrada en vigor de la presente norma, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en esta y solo hasta un máximo de 36 créditos por curso académico", es decir, 900 horas (un crédito ECTS equivale a 25 horas). Ese párrafo del último borrador propuesto por el Gobierno, al que tuvo acceso elEconomista.es, fue el que volvió a congelar la negociación.
Las prácticas extracurriculares se definen por ser voluntarias y estar desregularizadas, es decir, no tienen reconocimiento de créditos (se realizan mientras se estudia para conseguir experiencia). Según denunciaron los sindicatos en los planteamientos iniciales del Estatuto del Becario, estas prácticas favorecen la proliferación de falsos becarios (acaban cubriendo puestos como un trabajador pero sin garantías). Desde 2020 y hasta mediados del año pasado, la Inspección de Trabajo destapó más de 3.000 falsos becarios.
El otro motivo que lleva a los representantes sindicales a pedir descartar las extracurriculares es el fomento de las desigualdades entre los estudiantes que conllevan. Mientras aquellos con apoyo familiar económico pueden realizar prácticas fuera del plan de estudios, los alumnos que tienen que compaginar estudios con trabajo no pueden acceder al entorno laboral y quedan en desventaja.
En base a esta argumentación, los sindicatos lograron en octubre del año pasado un principio de acuerdo con el Gobierno por el que la nueva norma otorgaba un año de plazo para acabar con las extracurriculares en las titulaciones que incluyen prácticas curriculares y de tres años en las que no. En este punto la patronal abandonó el diálogo, disconforme con la decisión que entonces parecía firme atendiendo a las declaraciones del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey., de aquel momento en las que criticaba a la patronal por proponer "caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes".
El último borrador, sin embargo, extiende el periodo de adaptación a tres años también para las del primer caso, y provocó el rechazo rotundo por parte de los representantes de los trabajadores y desde entonces las negociaciones permanecen estancadas.
El Estatuto del Becario es una de las tareas pendientes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social arrastra desde el año pasado -comenzó a negociarse en mayo- y está por vez cuándo saldrá adelante la norma que, una vez aprobada, entrará en vigor a partir del primer curso académico que se inicie desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La próxima reunión tendrá lugar este jueves, según confirman fuentes de la negociación.
