El pasado martes, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, abría la puerta a dejar fuera a la CEOE de un pacto para aprobar el futuro Estatuto del Becario cuya negociación ha quedado paralizada hasta septiembre. El número dos de Yolanda Díaz declaró: "en la medida en que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes será difícil que podamos alcanzar un acuerdo con ellos". Una negociación no exenta de dificultades.
Fuentes de la patronal consultada por eE mostraron ayer su sorpresa por estas declaraciones y expresan su voluntad de seguir negociando un nuevo sistema para la formación de aquellos estudiantes que busquen completar su formación dentro de la empresa, al margen de los dos contratos formativos regulados por el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.
Las líneas rojas de Trabajo
Conocedores de las negociaciones mantenidas en las dos últimas reuniones explican a este diario que en la penúltima reunión, el secretario de Estado aclaró a la patronal que el Estatuto deberá incluir dos premisas básicas: primero, la eliminación de las prácticas extracurriculares (disposición transitoria segunda del último borrador de negociación del 27 de julio al que ha tenido acceso este diario) y, segundo, la exigencia de que toda práctica esté ligada al contenido de la formación (artículo 1 del borrador).
Según las mismas fuentes, en la última reunión Pérez Rey pidió a la CEOE que "reflexionaran" sobre la importancia de regular las prácticas y que se sumasen a un acuerdo, aunque no estaban dispuestos a cambiar en su conjunto el texto que se había venido negociando.
Desde la CEOE aclaran a eE que "el problema es que el documento no aclara el ámbito de aplicación de la norma y no queda claro si las prácticas extracurriculares pueden cubrirse a través de becas o no". Y matizan, que "el proyecto genera inseguridad jurídica, y que no se trata de si están de acuerdo o no".
Varios son los puntos que generan discrepancia entre la patronal, por un lado, y el Ministerio de Trabajo, y los sindicatos, por otro.
Entre las más relevantes, está el fin de las prácticas extracurriculares –petición planteada desde CCOO–, una de las dos líneas rojas, que ha exigido el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. El borrador establece un periodo de tres años para que aquellas empresas que actualmente cuentan con prácticas extracurriculares, pero no curriculares, puedan adaptar las primeras a las segundas.
"El proyecto genera inseguridad jurídica, y que no se trata de si están de acuerdo o no"
El segundo punto, según las fuentes consultadas, es la pretensión del Gobierno de que exista una vinculación "directa e indubitada entre la actividad desarrollada en la empresa u organismo equiparado y las competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica".
Un tercer punto de fricción hace referencia a las prácticas curriculares desarrolladas durante los estudios "propios" de las universidades que no requieren tanto control por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca). El Ministerio quiere que en este tipo de formación de estudios no oficiales el tiempo de prácticas del estudiante en la empresa no puede superar el 15% del total de las horas lectivas del curso/máster que justifique la beca. Así, por un máster de 600 horas, el estudiante no podrá pasar más de 90 horas en la empresa.
Otro aspecto que apuntan desde los sindicatos, aunque no aparece reflejado en el borrador entregado por el Ministerio a finales de julio, es la pretensión de que el número de becarios no pueda superar el 20% de la plantilla. Por debajo del 25% que establece la norma francesa, la única que ha regulado las prácticas curriculares. Una medida que está pensada especialmente para las pymes, grandes usuarios de este tipo de formación, y no tanto para las grandes empresas.
Solo Universidad, FP y Sepe
Igualmente, el Gobierno ha limitado en el primer artículo del borrador las prácticas a una formación "oficialmente reconocida"; es decir, ligada a la Universidad, la FP o los cursos del Sepe. Se acaba así con muchos cursos, algunos de dos semanas de duración de carácter digital, de academias de formación que servían para periodos en la empresa de seis o más meses.
Finalmente, el borrador quiere dar un mayor peso a la Inspección de Trabajo, hoy limitada.
Principales puntos del Estatuto
Procesos formativos oficialmente reconocidos. Solo para procesos formativos oficialmente reconocidos: Universidades, FP y el Sepe. Solo las entidades del sector público y entidades sin ánimo de lucro
Limitación del 15% en títulos propios Para títulos propios de las universidades, la práctica no superará el 15% de las horas lectivas del máster
Relación laboral La práctica curricular no supondrá relación laboral entre la empresa y el personal en formación
Ligado a la formación Se exige una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y la formación realizada
Fin de las prácticas extracurriculares Las prácticas extracurriculares dejarán de existir tras un periodo de tres años desde la entrada de la ley
Compensación de gastos El becario tendrá derecho a una compensación de gastos en los términos previstos en el convenio
