Madrid
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos firmarán hoy al mediodía, en la sede ministerial, el Estatuto del Becario que, tras haber alcanzado un principio de acuerdo la pasada semana, regula las condiciones de los estudiantes que se encuentran en prácticas, sin el apoyo de los empresarios. El documento comprende multas de hasta 225.018 euros para aquellas empresas que realicen "infracciones muy graves", según recoge el texto.
Estas multas irán, desde 7.501 euros a 30.000 euros, las más leves; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en las de mayor gravedad irán de 120.006 euros a 225.018 euros.
Por su parte, las practicas extracurriculares, que han lastrado toda la negociación, también podrán acogerse al estatuto; siempre y cuando no "superen el 15 % de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) de la titulación", reza el borrador al que ha tenido acceso elEconomista.es.
CEOE rechaza al acuerdo
Por su parte, la postura de la CEOE es "contraria" a este acuerdo, en primer lugar "por la forma", ya que considera que "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras, ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad".
En segundo lugar, y de la misma forma que los rectores universitarios, la patronal no apoya este acuerdo "por el fondo" ya que cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo".
"Además hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto", advierte la CEOE.
La responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió a la patronal estas últimas semanas que recapacitase para "sacar adelante" la norma a pesar del adelanto electoral.
Ahora, el texto se aprobará vía Real Decreto Ley y será tramitada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
