Díaz logra un giro de 180 grados en la protección por desempleo que infla el gasto en prestaciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha anotado un tanto con la accidentada reforma de las prestaciones por desempleo que entró en vigor a finales de 2024: la calidad de la cobertura de la protección se ha dado la vuelta y, por primera vez desde 2012 hay más personas cobrando prestaciones contributivas que asistenciales, como los subsidios. Aunque en este giro influyen otros factores, como el incremento del 14% de los fijos discontinuos inactivos que cobran el paro. Eso se traduce en un incremento del gasto del 7,3%, hasta los 2.085 millones de euros al mes.

Los datos de la síntesis de prestaciones por desempleo de marzo de 2025 confirman la consolidación de un cambio de tendencia que se inició en noviembre de 2024, con la entrada en vigor del nuevo decreto que endurecía los controles de las prestaciones asistenciales, aunque elevaba la cuantía de los subsidios en los primeros meses y facilitaba la compatibilidad entre las prestaciones (contributivas y asistenciales) conun empleo.

Asentarse en el umbral del 50% clave para validar la eficacia de la reforma y cumplir con el compromiso con Bruselas que la impulsó. Y es que cuando hablamos de calidad de la protección hablamos de cuantía: las prestaciones contributivas, las que se perciben hasta dos años después de perder un empleo, son más elevadas que los subsidios o la renta activa de inserción y de hecho suponen el 67% total del gasto total, con 1.399, 5 millones de euros. Un nivel que no se registraba desde 2021, cuando el gasto en prestaciones se disparó por los ERTEs

Pero también influye el tipo de desempleo: un mayor peso de parados de larga duración con problemas para reincorporarse al empleo se traduce en un mayor volumen de subsidios y prestaciones asistenciales, que durante la Gran Recesión superaron con creces a las prestaciones.

Con la recuperación del empleo, el indicador de calidad ya había ido mejorando y en los meses de everando de 2024 superó excepcionalmente la tasa del 50% en agosto de 2024. Pero aquí había un efecto estacional: hay desempleados que salen al extranjero y suspenden el subsidio y, por otro, en agosto hay un repunte de los ceses de trabajadores temporales y fijos discontinuos que elevan las prestaciones.

Que el nivel contributivo supere al asistencial en un mes como marzo, es algo inédito y que confirma que la transformación es real. Aunque sigue muy lejos de los niveles de 2008 y 2009.

Un análisis de la serie histórica confirma la gravedad del problema: aunque en los primeros dos años de la Gran Recesión, el grueso de los parados cobraba una prestación, en los años siguientes el nivel asistencial cobró cada vez mayor protagonismo. Esto se debe tanto al incremento del paro de larga duración, como al aumento de prestaciones asistenciales (plan Prepara, renta activa de inserción, etc). Pero ni siquiera cuando, ya con el gobierno del PP, varias de estas ayudas se eliminaron y otras se restringieron, como el subsidio para mayores de 52 años que se limitó a partir de los 55 años, la situación volvió a los niveles previos.

Presión de Bruselas

Pero tampoco lo hizo la recuperación económica entre 2014 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo, se recuperó el subsidio de 52 años, lo que puede tener un impacto en el estancamiento. Pero el hecho es que ni siquiera la pandemia, que disparó los beneficiarios de prestación contributiva a través de los ERTEs de 2020 y 2021, logró que en los meses de marzo hubiera más perceptores de estas que de ayudas asistenciales. Ni siquiera con la intensa recuperación del empleo en 2022, 2023 y 2024, se redistribuyó la protección por desempleo.

En este escenario, Bruselas pidió una reforma de las ayudas asistenciales, de forma que se convirtieran en una forma de reactivar a sus beneficiaros y no simplemente una 'paga' que podía desincentivar su retorno al mercado laboral, encerrándoles en la trampa del paro de larga duración. La reforma afrontó un auténtico vía crucis parlamentario hasta su entrada en vigor en noviembre de 2024. Pero desde entonces se logrado superar el 50% de prestaciones todos los meses.

Hay varios factores que explican el fenómeno. En primer lugar, la mejoría del empleo alcanzaba ya a los que llevaban más tiempo en desempleo. En segundo, la norma endurece los controles sobre la prestación e incentiva la búsqueda de empleo en los primeros meses, antes de que la ayuda disminuya. En tercer lugar, un cambio en las políticas activas que se centra en los desempleados de mayor edad.

Pero también hay matices estadísticos que pueden explicar que se haya acelerado la consecución del objetivo. Aquí es importante hacer una precisión: el índice de calidad de la protección por desempleo tiene su propia metodología y no se corresponde con el resultado de un simple cálculo a partir de los datos de beneficiarios que también recoge la síntesis. Este indicador 'alternativo' arroja un balance muy diferente.

El documento recoge un incremento del 5,4% de los perceptores de prestaciones contributivas, hasta los 850.518. Una contradicción con un momento de bonanza en la creación de empleo que se explica por los fijos discontinuos inactivos, que pueden cobrar una prestación sin ser parados. La inmensa mayoría reciben la contributiva, y han amentado un 14% solo en el último año.

Esto ha tenido repercusión en otras variables, como la tasa de cobertura, que desde 2022 se ha disparado en quince puntos, pasando de 59,8% en marzo al 76,6%. Este efecto estadístico también explica la paradoja de un incremento del gasto en prestaciones contributivas del 10,2%.

Más de 200.000 subsidios al margen

Más sorprendente es lo ocurrido con los subsidios. El gasto ha subido un 6%, debido al incremento de las cuantías, lo que deja la cifra global en un incremento del 7,3% y más de 2.000 millones.. Ello a a pesar de que, según los datos de la síntesis, el número de beneficiarios se ha desplomado un 20%, de los 813.843 a los 654.291.

Aunque esta contradicción tiene una explicación: no incluye a los que han solicitado el subsidio por agotamiento de la prestación con posterioridad al 1 de noviembre, aunque sí cuentan a la hora de contabilizar el gasto. Para marzo superaban los 213.478. Esto supondría que los beneficiarios de subsidios han aumentado hasta los 867.769, un 5,9% más que hace un año. Sumando esta cifra a los beneficiarios de renta activa de inserción y subsidios agrarios, el porcentaje de beneficiarios se sitúa en el 60%. Aunque sin contar a los nuevos perceptores de subsidio quedaría en el 47,7%.

Desde elEconomista.es hemos preguntado al Ministerio de Trabajo por qué estos beneficiarios, que sí aparecen en otras tablas que acompañan el avance mensual de los datos de paro, no aparecen reflejados en los datos de la síntesis y cómo afecta a las estadísticas, pero a la hora de cerrar edición seguían sin responder.

En cualquier caso, las cifras de la síntesis tampoco cuadran con el informe específico de ayudas por desempleo que también publica el SEPE de manera mensual y que en la actual metodología se remonta a 2017. La cifra de beneficiarios de prestaciones, 851,513, es la misma, pero la de beneficiarios de subsidios es de 802.173, lo que no coincide con los cálculos de la síntesis.

Así, el porcentaje de personas que cobran el nivel contributivo en el 46,2% inferior al 47,1% anotado en 2021 (algo coherente con el efecto de los ERTEs). El de los subsidios por desempleo queda en un 43,6% del de subsidios por desempleo, el más alto de la serie, aunque lo hace a costa de un descenso en el resto de ayudas asistenciales, que se quedan en el 10,1% (dejando el total del nivel asistencial en el 53,7%) Eso sí, se confirma que los subsidios han ganado peso a costa de la desaparición de otras prestaciones.

Polémicas estadísticas aparte, la mejora del indicador de calidad de las prestaciones es coherente con la tendencia que seguía antes de la reforma, hacia un mayor peso del nivel contributivo. La clave es hasta qué punto esta tendencia refleja una mejora del sistema que, como pide Bruselas, evita que los desempleados caigan en la trampa del paro de larga duración o se trata de una mejora estadística. Los datos, a día de hoy, distan de ser concluyentes.

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