La cifra de paro registrado borra a 1,2 millones de personas que no trabajan, un máximo histórico

"¿Cuántas personas son 'borradas' de las estadísticas de desempleo?" Esta pregunta es un clásico en el debate sobre el mercado laboral que ha arreciado en los últimos años por el impulso a los fijos discontinuos dado por la reforma laboral. La respuesta no parece difícil: según los datos del propio Ministerio de Trabajo, unos 1,72 millones de demandantes de empleo al mes quedan excluida de la lista del paro registrado, un 7% más que en 2023. Pero ¿se puede concluir que son todos desempleados 'ocultos'? Lo cierto es que la cifra efectiva de demandantes que se dieron de alta en las oficinas de empleo por no estar trabajando es inferior y se sitúa en los 1,2 millones. Aun así, marca un máximo histórico y supera en un 35,7% los niveles previos a la pandemia.

Para hacer el cálculo hay que partir del desglose de los colectivos excluidos que recoge el Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo. Según este informe, el grueso son demandantes ocupados o con relación laboral, que suman 1,23 millones. Pero de ellos, 687.844 son fijos discontinuos y otros 97.087 trabajadores agrarios (los beneficiarios de las ayudas del antiguo PER). Ambos tienen en común que se inscriben como demandantes al pasar a la inactividad, sin cobrar un sueldo ni estar en alta de Seguridad Social, aunque el contrato, con compromiso de reincorporación, siga vigente. No se les considera fuera del paro porque se considere que estas personas no buscan activamente empleo, sino porque tienen claras expectativas de volver a su trabajo. Un ciclo en el que, además, entran de manera habitual.

A este grupo se suman 440.559 "otros ocupados", categoría que incluye a las personas que sí tienen trabajo (sea asalariado o autónomos) así como a los afectados por ERTE, que, aunque vean interrumpida su actividad, sí mantienen el alta de la Seguridad Social. Si descontamos a estos ocupados, nos quedan 784.971 personas con relación laboral, que restados del total de excluidos reduce la crifra global a 1,28 millones de personas. Pero también hay que restar otros 68.682 demandantes con trabajo, pero están en huelga, lo que les sitúa en una situación especial de afiliación.

Hay que tener en cuenta que los casos de huelgas o cierre patronal o en un ERTEs no es comparable a una 'relación contractual' con compromiso de llamamiento. Hablamos de situaciones excepcionales, y cuando se resuelven la reincorporación es automática. En el case de los fijos discontinuos y los agrarios, el encadenamiento de periodos sin trabajar es habitual y responde al propio modelo de empleo. La duda en el caso de los fijos discontinuos es si siguen dados de alta como demandantes al reincorporarse al puesto. Aunque en ese caso se convertirían en demandantes ocupados, no está claro que haya un registro correcto de estas situaciones, algo a lo que no ayuda la enorme volatilidad de estos puestos.

En cualquier caso, tras restar los 509.241 oeronas que suman ocupados, afectados por ERTE y huelguistas nos queda un total de 1,21 millones de demandantes de empleo que pese a apuntarse habitualmente a los registros por no tener trabajo ni derecho a prestaciones por desempleo) son excluidos del paro. Esta aproximación reduce también el 'efecto pandemia' en las estadísticas. Y es que entre 2020 y 2021 los colectivos excluidos se dispararon, pero sobre todo por los ERTEs. Despejado su peso, encontramos que los datos de 2024 suman un máximo histórico.

Nunca está de más recalcar que estas exclusiones no son algo nuevo. Derivan del propio concepto estadístico de paro registrado que establece la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, que establece seis grandes grupos de colectivos que no se consideran como tales: trabajadores ocupados, sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo, que demandan exclusivamente un empleo de características específicas, trabajadores eventuales agrarios, y los demandantes que rechazan acciones de inserción laboral (ofertas de empleo o cursos de formación) y tienen suspendida la demanda. Son grupos amplios que contienen a colectivos y situaciones muy heterogéneas.

Aunque su desglose más detallado solo aparece en el Anuario que Trabajo publica una estadística 'paralela' a la del SEPE sobre estos colectivos excluidos con una clasificación mucho más clara de sus circunstancias y lo lleva haciendo desde hace dos décadas. Algo que deja claro que el Gobierno podría publicarlo de manera mensual si quisiera.

Los otros excluidos

El incremento del colectivo se demandantes debe a los fijos discontinuos inactivos, que como hemos contado en elEconomista.es, se han disparado tras la reforma. Aunque también crecen otros colectivos, como los los jubilados y pensionistas, que rozan los 250.000. Como su propio nombre indica, este grupo incluye personas que ya cobran una pensión de jubilación o de invalidez.

Pero también a todo aquel que supere los 65 años (a pesar de que la edad legal de jubilación en 2024 era más elevada y llegaba a a los 66,6 años), lo que, como hemos contado supone un 'gap' que arroja dudas sobre estas exclusiones. Lo que se debe a que la orden de 1985 no se ha adaptado a los cambios en la edad de retiro aprobados en 2011 y que entraron en vigor en 2013.

Otro grupo a tener en cuenta son las demandas suspendidas con intermediación. Son personas que por diversas circunstancias (por ejempleo motivas de incapacidad temporal) no pueden cumplir con el compromiso de búsqueda de empleo, aunque siguen solicitando otros servicios a las oficinas de empleo. Suponen 58.066, un 11% más que en 2023.

Luego nos encontramos con los estudiantes, que suman 53.682 (un 7,9% menos que en 2023), los demandantes de servicios previos al empleo (demandantes que se considera que no están cualificados para recibir ofertas y necesitan orientación o formación previa) que llegan a 15.523 (un 11,5% más que en 2023).

Por último, figuran aquellas personas que piden empleos por horas (menos de 20 horas) o los que piden trabajos en condiciones especiales. Suman 48.926, un 27,3% más que hace un año, si bien es algo discutible excluir del paro a quienes piden puestos que puedan adaptar a derechos laborales que el propio Ministerio defiende a capa y espada, como la conciliación.