Los servicios públicos de empleo se gastan 13.803 euros por cabeza en colocar a un parado

Los datos parecen contundentes: en un país que anota 4,2 millones de demandas activas de empleo, de las que 2,5 millones corresponden a parados registrados, las oficinas de los servicios públicos de empleo solo lograron 186.329 colocaciones en todo 2024, un promedio de 15.600 al mes, gracias a las ofertas que presentan a sus parados. Teniendo en cuenta que el Gobierno central repartió hace un año 2.572 millones de euros a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo, las cuentas parecen claras: se habrían gastado una media de 13.803 euros por cada una de estas contrataciones.

La cifra es aproximada, ya que no toda la cuantía presupuestada se destina a las oficinas –aunque es la mayoría de la partida–. Pero la Ley de Empleo de 2023 estipula que todas las empresas que se benefician de los programas públicos sí deben comunicarles sus vacantes, así que el gasto por colocación a través de ellas se considera una referencia para valorar si este gasto es útil o supone un 'peso muerto' en el mercado laboral. Es decir, si esos demandantes se hubieran colocado igualmente sin ayuda de las políticas públicas.

Pero antes conviene hacer una precisión: las políticas de empleo se dividen en España en dos niveles competenciales: el estatal, que gestiona las denominadas políticas pasivas (pago de prestaciones y subsidios) a través del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y el autonómico, que se encarga de las activas, es decir, las encargadas de ayudar a los parados a encontrar empleo a través de los servicios públicos autonómicos.

La división es confusa para muchos ciudadanos porque ambos ámbitos colaboran estrechamente (por ejemplo, el SEPE es el que publica las estadística que le aportan las comunidades), pero cuando hablamos de colocaciones de demandantes de empleo la competencia es regional. El SEPE tiene un papel en la coordinación, pero no en la ejecución (salvo en Ceuta y Melilla)

Teniendo esto en cuenta, las comunidades registraron el pasado año 2,65 millones de colocaciones de personas con una demanda de empleo activa, de las que las 186.329 gestionadas por sus oficinas solo supusieron un 7,1%. Esta tasa de intermediación es unas de las variables más utilizadas por los expertos para medir la eficacia de los servicios que gestionan las comunidades.

Es importante introducir una precisión: cuando hablamos de colocaciones de demandantes activos se entiende que la mayoría son parados, pero no tiene que ser así. De los 4,2 millones de inscritos en la oficina de empleo de abril, 470.376 eran ocupados (aquí se incluyen los afectados por ERTE) y 687.854 tenían relación laboral (una categoría polémica porque aquí figuran los fijos discontinuos inactivos). Del restante 3,1 millones de demandantes no ocupados (DENOS), otros 578.036 son excluidos del paro registrado por no cumplir algunos de los requisitos estipulados.

Cambios estadísticos

La cifra de intermediación del año pasado es superior a la media anterior a la pandemia, del 6,2%, aunque aquí entre en juego un importante cambio estadístico: desde 2020 el SEPE modifica el recuento de colocaciones y distingue entre aquellas que afectan a demandas activas y las de demandas en baja inferior a 180 días.

El cambio se explica porque la pandemia disparó los demandantes en ERTE, con una alta volatilidad. Para mejorar la precisión en las cifras se consideró fundamental introducir este matiz en los datos, aunque la serie histórica ya no sea comparable.

Las colocaciones de este segundo colectivo ascienden a 7,1 millones, de las que 200.260 se lograron gracias a una oferta de las oficinas de empleo. Esto arroja una tasa de intermediación mucho menor, del 2,8%.

Si sumamos las cifras de ambos grupos obtendríamos 9,7 millones de colocaciones (7,1 millones más 2,65 millones) de las que 386.589 fueron a través de ofertas de los servicios públicos de empleo y la tasa total de intermediación se desploma al 3,9%. El gasto medio por colocación se reduciría entonces a 6.653 euros.

Pero la referencia más utilizada en los diferentes estudios sobre la eficacia de las oficinas de empleo es la tasa de intermediación de las colocaciones con demanda activa, ya que son los beneficiarios prioritarios de las políticas activas de empleo. A ellos se destinaron los mencionados 2.572 millones de 2024.

Cuando una persona no renueva su demanda de empleo 'sale' del sistema, con lo que, aunque pueda acceder a esas ofertas (por ejemplo. a través de portales públicos como Empleate.gob que es estatal) no se produce una verdadera intermediación parte de la oficina de empleo. O la menos no llega a su colectivo principal. De ahí el cambio estadístico de 2020.

El gasto en buscar trabajo a los parados se congela

Los datos de lo que va de 2025 no parece que vayan a mejorar las cifras. Si en abril de 2024 la tasa mensual era del 7,5%, para el mismo mes de 2025 ha descendido al 6,8%. Pero para 2025 la cifra comprometida para las comunidades es la misma que la repartida el pasado año: 2.572 millones de euros.

Ello se explica porque el paro baja a un ritmo interanual del 5,8% y los demandantes un 1,08%, aunque el gasto en prestaciones y subsidios (que constituyen las denominadas políticas pasivas, las que gestiona el SEPE), crece un 7,3% tras la última reforma.

Los responsables de los servicios públicos suelen destacar que la colocación intermediada no es la única forma en la que los servicios públicos de empleo crean empleo y que el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) presentado por el Ministerio de Trabajo sumaba un total de 6.388,5 millones para un total de 89 servicios y programas distintos de servicios para los desempleados.

Pero, al final, la competencia principal de las políticas activas de empleo, lo que incluye la gestión de demandas y ofertas de empleo corresponde a las comunidades autónomas, que recibieron una cuantía específica que en su mayor parte se destina a los servicios públicos de empleo, así como al diseño de otros programas de empleo a nivel autonómico, pero el objetivo es el mismo: encontrar empleo a quien lo pide en una oficina pública de empleo.

Cierto es que, en teoría, las comunidades cuentan con su propio presupuesto para estas actuaciones, pero en la práctica el sistema se configura desde 2006 como la mayoría de las transferencias autonómicas de competencias: el grueso del dinero es estatal, para 'compensar' a las comunidades por asumir esa carga burocrática, cuyo reparto es acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales.

Solo dos de cada diez euros van a las oficinas

Pero ni la cuantía del PAFED y las partidas repartidas entre las comunidades agotan el gasto total en políticas activas, que incluye otras partidas, como las destinadas a formación, y diversos incentivos, como los dirigidos al emprendimiento. Para valorar adecuadamente el gasto en servicios públicos de empleo hay que tener en cuenta esta referencia.

Eurostat publica una estadística de gasto en políticas laborales con este desglose diferenciado, si bien las cifras solo llegan a que solo llega a 2022.

El análisis europeo plantea que las partidas destinadas directamente a los servicios públicos de empleo suponían en aquel año un 19,7%% del total de políticas activas, un porcentaje que se sitúa en la franja baja de la Unión Europea, muy por detrás del 55,6% de Alemania o el 26,79% de Francia, países con una tasa de paro muy inferior a la española en 2022.

Aunque el gasto en servicios públicos de empleo superaba al de otros países con una tasa de paro también menor, lo que apunta a que no se trata de una cuestión de gasto sino de eficiencia de gasto. ¿Pero cómo estimarlo? El reparto de fondos en la Conferencia Sectorial se realiza a partir de los resultados obtenidos en diversos indicadores (incluida la tasa de intermediación), pero estos no son públicos ni se desglosan (en parte para evitar polémicas entre regiones en una de las pocas negociaciones 'pacíficas' entre el Gobierno de Sumar y PP y las regiones gobernadas por el PP).

Pero la complejidad de este sistema redunda en un profundo desconocimiento sobre su funcionamiento entre aquellos a los que dirige su actividad y presupuesto: los desempleados y las empresas que buscan trabajadores. Una mayoría de españoles, por ejemplo, piensa que el responsable de gestionar las ofertas y colocaciones es el SEPE y no los servicios autonómicos y hacia el primero dirigen sus críticas por la escasa efectividad de las políticas de empleo.

Aunque es cierto que tampoco el organismo estatal está completamente exento de responsabilidades, ya que entre otras cosas se encarga de coordinar las actuaciones interregionales. Un papel reforzado, al menos sobre el papel, por la Ley de Empleo aprobada en 2023, aunque la norma sigue sin desarrollo reglamentario para aplicar los cambios necesarios.

Brecha con las ETTs

Así la cosas, cuando los responsables administrativos y políticos insisten en la relevancia de su tarea, la Encuesta de Población Activa arroja un dato demoledor. Solo 354.500 trabajadores obtuvieron su empleo actual gracias a la participación de una oficina pública de empleo, un 1,9% de los asalariados y un 1,6% del total de ocupados, si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) no precisa si son nuevos empleados. Es decir, si lograron su contrato en 2024 o antes.

Es el dato más alto desde 2011, pero es menos de la mitad de los que lo lograron gracias a una ETT, que suman 734.200, el 4% de los ocupados. Aunque las empresas de trabajo temporal crean más empleo que los servicios públicos de empleo, un análisis de la serie revela que la brecha se ha incrementado sustancialmente desde los años anteriores a la crisis financiera (pese a la reducción del empleo temporal tras la reforma laboral).

Así, el número de ocupados que colocaron en 2024 es un 88% inferior al de 2007, cuando alcanzaron los 543,600 asalariados, el 3,2% del total. Entonces España registraba una tasa de paro del 8,23% en media anual, su mínimo histórico, frente al 11,23% del pasado año.

Estos datos confirman un evidente retroceso de la eficiencia de los servicios públicos de empleo que estaría lastrando el descenso del paro a niveles previos ala Gran Recesión. Un de las razones puede estar en la descoordinación de las actuaciones entre comunidades autónomas y Gobierno central, que afecta a los diagnósticos regionales y a nivel nacional.

No es un problema nuevo, se arrastra desde el trasvase de competencias, pero las diferentes propuestas para resolverlo no han dado resultado y simplemente han elevado la burocracia y opacidad de un sistema cada vez menos comprensible para los ciudadanos. Los problemas para poner en práctica la citada Ley de Empleo son una clara muestra de ello.

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