El Banco de España reduce a una nota a pie de página el examen a las políticas de empleo

El polémico informe anual del Banco de España de 2024 también ha defraudado las expectativas de contar con un veredicto sobre las reformas de las políticas destinadas a encontrar trabajo a los desempleados, una de las grandes asignaturas pendientes del mercado laboral español y que fue una de las preocupaciones recurrentes durante la etapa de Pablo Hernández de Cos como gobernador. Ahora, la cuestión brilla por su ausencia, ignorando incluso dos reformas cruciales: la Ley de Empleo, aprobada en 2023, y la reforma de las prestaciones por desempleo, que vio la luz definitiva en junio del pasado año. Ambas se tramitaron cuando el actual gobernador del organismo supervisor, José Luis Escrivá, aún formaba parte del Consejo de Ministros.

El documento presentado este martes solo incluye una mención muy tangencial a estas cuestiones: "Es fundamental mejorar el funcionamiento de las políticas activas y pasivas de empleo en nuestro país, que presentan algunas deficiencias importantes con respecto a las desplegadas en otras economías de nuestro entorno". Una afirmación que desarrolla poco más en una nota a pie de página en la que remite al informe de 2023, que dedicó un apartado completo a este asunto y cuyas conclusiones generales resume el nuevo texto.

El supervisor argumentaba ayer que el informe de 2024 no pretende repetir lo dicho hace un año, aunque los propios expertos de la casa han criticado que se omitan cuestiones como el análisis de la reforma de las pensiones, que el propio Escrivá impulsó como ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. Coincidiendo con las críticas a estas omisiones, se ha producido la dimisión de Ángel Gavilán, director de Economía del organismo dese 2022.

En el caso de las políticas de empleo, sorprende que ni siquiera mencione novedades relevantes en eso ámbitos. Máxime cuando se trata de reformas comprometidas por el Gobierno español con la Comisión Europea para recibir las ayudas 'Next Gen'.

En su brevísima exposición, el organismo se limita a admitir que "con una perspectiva temporal amplia y en comparación internacional", el grado de protección de los desempleados" a través de las políticas pasivas (es decir, las prestaciones y subsidios) ha sido "relativamente bajo", mientras que "la tasa de sustitución" de las prestaciones por desempleo ha sido "relativamente elevada".

Calidad de las prestaciones

Precisamente, reducir el elevado peso de los subsidios, que perciben los que más tiempo llevan apuntados al paro y cuya cuantía es más baja (una media de 480 euros al mes) sobre el total de las ayudas, y reforzar el papel de las prestaciones contributivas, que son las que cobran aquellos que acaban de perder su empleo y son más elevadas es la clave de esta reforma.

En roman paladino, este desequilibrio entre unas prestaciones iniciales muy altas y otras más bajas, pero más numerosas, supondría que el sistema de protección por desempleo español desincentiva la búsqueda de empleo y desemboca en la trampa del paro de larga duración.

Como contamos en elEconomista.es, la norma ha logrado corregir este problema, al menos a efectos estadísticos: hay más prestaciones contributivas que asistenciales. Aunque en buena parte porque hay más personas cobrando la prestación contributiva sin ser considerados parados: es el caso de los fijos discontinuos inactivos.

Pero es cierto que esta reforma, que tuvo una accidentada tramitación parlamentaria, no entró en vigor hasta noviembre de 2024. Aunque sus efectos fueron inmediatos, el supervisor puede argumentar que no ha tenido tiempo para analizarlos en profundidad.

Una Ley de Empleo sin desarrollar

Por lo que se refiere a la otra pata del análisis de 2023, las políticas de 2023, el Banco de España vuelve a constatar que tanto la "participación de los desempleados" como el gasto en ellas "son reducidos en España, en comparación con otros países de nuestro entorno", sobre todo cuando se ponen en relación con la tasa de paro. Aquí la omisión es más sorprendente, porque el informe de 2023 ya se hacía eco de la entrada en vigor de la Ley de Empleo en marzo de ese mismo año.

"La Ley de Empleo, recientemente aprobada, persigue una modernización de las políticas activas, si bien aún es pronto para valorar si permitirá resolver las deficiencias que estas políticas han presentado persistentemente en las últimas décadas", señalaba el organismo entonces dirigido por Pablo Hernández de Cos. Un año después, no solo no se ha actualizado el diagnóstico, sino que se omite toda mención a dicha reforma

Cierto es que esta norma no ha tenido un desarrollo visible en algunas de sus principales novedades, como la transformación del SEPE en una Agencia Española de Empleo para mejorar la coordinación de los servicios autonómicos, responsables de gestionar las demandas y las vacantes. Eso sí, el Ejecutivo sigue repartiendo miles de millones de euros a las comunidades por la ejecución de las políticas activas sin que nadie mencione la opacidad sobre la aplicación de la norma que las regula.

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