El Ministerio de Trabajo destinará en 2021 más de 3.500 millones de euros para modernizar las políticas activas de empleo (PAE) que ayuden a los desempleados a encontrar trabajo, tal como adelantó elEconomista. La mayoría se entregarán a las comunidades autónomas pero según se ha avanzado este viernes, el reparto se condicionará al cumplimiento de objetivos.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa de presentación del plan de modernización de las PAE en la que anunció que discutirá el próximo 28 de abril en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas la nueva estategia de políticas activas de empleo.
El desglose queda de la siguiente manera: de los 3.500 millones de euros totales, 2.110 millones se distribuirán entre las CCAA, a lo que se sumarán 258 millones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) y otros 1.100 millones en el marco de las ayudas europeas (componente 23 del Plan de Recuperación y Resiliencia), partida de la que 688 millones irán también a las regiones.
Si se suman los 175 millones de euros que se destinarán a modernizar el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y algunos otros planes de empleo sectoriales, la cifra ronda los 4.000 millones.
El reparto de los recursos se vinculará a los resultados de los planes aplicados, con "bonus buenos y malos"
En total, las CCAA recibirán 2.798 millones de euros durante este año, pero está por ver cómo se hará el reparto. En este sentido, Díaz ha avanzado un "cambio sustancial" porque a partir de ahora se realizará una "evaluación permanente" de los resultados de estos planes en cada comunidad y que el reparto de los recursos se vinculará a esos logros con "bonus buenos y malos".
Este condicionamiento de los recursos públicos sujetos a los resultados obtenidos y a su evaluación lo exige, según la ministra, Europa y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ha pedido a las CCAA que se implique en la "nueva política basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, que es una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo en nuestro país", ha dicho.
Lo que no ha detallado la ministra es el mecanismo que calculará cómo ha de ser el reparto bajo esa condición. Tan solo ha apuntado que esa evaluación también incluirá la gestión del Ministerio de Trabajo y que será la AIReF la encargada de esta supervisión.
Díaz ha emplazado a la celebración de la conferencia sectorial que se celebrará a final de este mes para entrar en más detalles sobre esta evaluación.
El número de trabajadores en Erte baja de los 700.000
Según Díaz, las claves para que las políticas activas de empleo sean "útiles al mercado de trabajo" pasan por acabar con la precariedad de los orientadores, contratando al menos otros 3.000 de forma estable, avanzar en la digitalización y hacer itinerarios personalizados con especial foco en mujeres y jóvenes, un colectivo al que se destinarán 800 millones.
También ha señalado el desarrollo de una "gran plataforma común", un portal público de empleo en el que estén todas las acciones. Según ha matizado, es necesario "afrontar cambios de envergadura, tras más de cuarenta años de un diseño unívoco, en el que las PAE han operado de manera deficiente, con un sesgo pasivo, centrado en el desempleo, y en dirección contraria a lo que Europa nos pide, que ha cuestionado reiteradamente los índices de precariedad, temporalidad y rotación de nuestro mercado laboral.
En la misma rueda de prensa, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha indicado que las personas trabajadoras bajo un expediente de regulación temporal del empleo (Erte) serán objetivo prioritario del impulso formativo.
En este punto, Díaz ha actualizado los datos de personas en Erte: desde finales de marzo, la cifra ha disminuido un 7,75%. Según ha concretado, a día de hoy hay poco más de 686.000 trabajadores bajo esta herramienta frente a los 743.623 que había a cierre de marzo.
