Economía

Sánchez y Díaz negocian una revolución para endurecer los despidos más allá de las indemnizaciones

  • Buscan vías para evitar el abuso de los despidos disciplinarios y los periodos de prueba
  • La clave es el impacto de la indemnización "disuasoria" en los despidos objetivos
  • El cambio no supone una derogación explícita de la reforma laboral de 2012
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Archivo.

El PSOE y Sumar negocian a contrarreloj un "pacto de investidura" con el que aspiran a reeditar el Gobierno de coalición una legislatura más. Uno de los principales flecos pendientes sobre la mesa consiste en dar una vuelta de tuerca a su propia reforma laboral, con el objetivo de abordar la principal cuestión que quedó fuera del acuerdo con patronal y sindicatos de diciembre de 2021: el despido. Pero lo que se discute hoy va más allá del incremento de las indemnizaciones, y constituye una auténtica revolución que pivota sobre una profunda revisión de las causas, incluido el periodo de prueba. Con ello se darán más herramientas a los jueces para decretar la improcedencia y que la empresa se vea obligada a readmitir al trabajador o a pagar la compensación más elevada.

Desde el estallido de la pandemia, Díaz exploró varias vías para limitar los despidos más allá de la alternativa que suponen los ERTEs. Las más sonadas fueron las 'prohibiciones de despedir' por causas asociadas a la crisis sanitaria y, posteriormente, a la guerra de Ucrania. Una fórmula vapuleada incluso por el Tribunal Supremo y que la ministra de Trabajo trató de reforzar con una ampliación de las competencias de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos, cuyo alcance sigue aún por concretarse.

Nada de ello ha impedido que las bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido se hayan disparado a niveles inéditos en la última década hasta donde llega la serie histórica. Un repunte que coincide, además, con la aprobación de la última reforma laboral.

Díaz quiere cambiar el sistema, para dotar de más herramientas a los jueces y abogados laboralistas que eviten este 'agujero', a la vez que dificultar a las empresas de manera general las opciones para echar a los trabajadores. Y ello se traducirá en una mayor judicialización de las extinciones de las relaciones laborales, que actualmente tampoco supone una barrera a lo que los laboralistas consideran un persistente en los despidos. 

El despido en España

Solo en lo que va de año, las bajas de afiliación por despido han aumentado un 32%, o un 51,5% si solo contamos los casos de trabajadores con contratos indefinidos. Más de la mitad, un 54%, corresponden a despidos disciplinarios que, en teoría, no conllevan indemnización. El 41% son objetivos, con una compensación de 20 días por año trabajado.

Paradójicamente, los declarados improcedentes, los más caros, con una indemnización de 33 días y en los que la líder de Sumar pone el foco a la hora de presentar sus ideas, apenas suponen un 0,14% del total. Y su número se ha desplomado un 50% respecto a 2022.

Pero la improcedencia se determina en un proceso judicial o de conciliación, lo cual hace que los datos de Seguridad Social no recojan adecuadamente sus cifras (solo el motivo inicial de baja que notificó la empresa). Y tampoco recogen los casos en los que se reclaman las otras tipologías de despidos, como los disciplinarios y los objetivos.

La Estadística de Despidos y su coste, que elabora también Trabajo con los datos de afiliación y de la Agencia Tributaria (que reflejan la indemnización que declaran estos trabajadores), arroja algo más de luz, aunque sus datos solo llegan a 2021. Según este análisis, se detectaron 118.373 despidos disciplinarios que acabaron percibiendo una indemnización (la mitad del total de bajas de afiliación por este motivo), con una compensación media de 9.512,3 euros. La cifra supera incluso la de los trabajadores afectados por despidos objetivos, pero quedan por debajo de los 18.000 euros que se abonan tras un procedimiento judicial o de conciliación.

Esto confirma que en muchos de estos ceses supuestamente sin indemnización la empresa acaba pagando. Sin embargo, la misma estadística también revelan que solo un 0,14% del total de despidos y un 0,31% de los disciplinarios acabó siendo declarado improcedente por un juez, lo que da lugar a la indemnización máxima. Los actuales datos apuntan a que un aumento de la vía judicial para resolver un despido puede resultar poco eficaz a la hora de frenar los planes de las empresas, sobre todo si tenemos en cuenta que la última reforma laboral ha generado nuevos indefinidos.

La reforma laboral de 2012 (que la de 2021 no alteró en este apartado), redujo la indemnización por despido improcedente de 44 a 33 días, pero a cambio eliminó el despido 'exprés', la posibilidad de que la empresa declarar la improcedencia en el momento del despido. Esto encarecía el despido, pero también lo agilizaba. Lo que planteó el ejecutivo de Mariano Rajoy es que la improcedencia se declarara solo por denuncia del propio trabajador, lo que abría la vía judicial. La idea era acabar con los "despidos sin causa".

Pero las empresas encontraron otra vía para mantener los despidos rápidos a través del despido disciplinario, que pasó de suponer el 28% del total en 2013 al 56% en 2019. Tras la nueva reforma laboral se mantiene en un 55%, con la diferencia de que se han multiplicado a un ritmo del 29% y un 50% entre los indefinidos y amenaza con convertirse en una fórmula para precarizar el empleo fijo que la norma pretendía impulsar.

El plan de Sumar, concretado en su programa electoral, no busca derogar la norma del PP, sino establecer un sistema "restaurativo y disuasorio" frente a los despidos. "Ello implica el derecho del trabajador a la readmisión o a la indemnización por despido improcedente" señala el programa electoral de Sumar. Es redacción implica que los jueces tengan más poder para declarar los despidos como improcedentes, casos en los que el trabajo puede optar por volver a su puesto o por la compensación de 33 días.

Dudas del PSOE

Aquí se introduce la polémica "indemnización adicional" del despido que compense efectivamente el daño causado "en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa". La complejidad de esta fórmula y su impacto en la empresa es algo que hace que el PSOE se muestre reacio a la propuesta, incluso con la prevención de que se tenga en cuenta "la capacidad económica de la empresa". Si se introduce, como la mayoría de los juristas y laboralistas da por hecho, las consecuencias son impredecibles. Y es que a no ser que a la norma lo explicite muy claramente, nada impide que se amplíe también a los despidos objetivos, por causas económicas o productivas, pero también tiene un tope tasado.

En cualquier caso, Díaz y su equipo son muy conscientes de que esta indemnización disuasoria no tendrá efecto, si no se acompaña de un "reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Es decir, reforzar la capacidad de los jueces de vetar los despidos con la amenaza de la improcedencia. Una pretensión que tendría incluso un mayor alcance que el encarecimiento de la indemnización por improcedencia, porque actuaría en los despidos disciplinarios, sin indemnización, pero también sobre el periodo de prueba, que en la legislación actual no se considera un despido. Pero que les iguala como motivo de cese en lo que se refiere al número de afectados.

Esto supondría una revolución en la extinción de empleo en España, incluso sin necesidad de introducir la indemnización disuasoria, ya que facilitaría que los fallos judiciales declaren despidos improcedentes (más caros y que pueden conllevar que el trabajador pida la readmisión) y a la vez cerraría la puerta a las alternativas a las empresas que utilizan las empresas, y cuyo uso se ha disparado tras la última reforma laboral.

A la vez, permitiría a Sánchez y Díaz cumplir su promesa de endurecer el despido pero sin tocar las claves de la legislación de 2012. Algo que no solo los empresarios, también Bruselas vería con malos ojos y podría interpretarse como una reversión de reformas comprometidas con la Comisión Europea. Evitar traspasar esta línea roja fue la razón por la que el Gobierno rechazó las exigencias de ERC y Bildu para volver a los 45 días.

Ahora la cuestión es concretar una fórmula que conjure estos riesgos y contente a ambos socios de la coalición. La reforma que sale, si el Gobierno de Sánchez y Díaz repite, afronta una negociación incierta. Se da por hecho de que no contará con el respaldo de la patronal, pero también tendrá que sortear la presión de sus aliados independentistas, sin cuyos votos el ejecutivo está abocado al naufragio.

WhatsAppTwitterTwitterLinkedinBeloudBeloud