Digámoslo alto y claro España, la cuarta economía del área euro, tiene una tasa de desempleo impropia de un país desarrollado y además perteneciente esta área económica. Los datos publicados por la OCDE esta misma semana avalan la anterior aseveración, de acuerdo con los mismos, el desempleo alcanza el 14,1 % en noviembre. Esta tasa multiplica por tres a la de los países de la OCDE, comparada con la media de la eurozona tenemos más del doble de personas sin ocupar, en el área euro la cifra es de un 6,3%. Ante estos números no puede extrañar a nadie que nuestros responsables políticos deban llevar a cabo medidas para corregir severamente esta situación.
Hasta el momento, el recién estrenado Ejecutivo, parece haber puesto gran atención a este problema, eso sí de momento lo único que parece que oímos es demonizar la reforma llevada a cabo en el año 2012. Una reforma que desde el primer momento ha sido muy cuestionada desde los partidos de la izquierda y sindicatos de trabajadores, no así desde las organizaciones empresariales. Tampoco es una reforma que haya sido tan criticada por casas de estudios económicos o desde el propio servicio de estudios del Banco de España, BdE, más bien todo lo contrario. El propio BdE ha reconocido bondades y ha llegado a tildarla de una buena medida para combatir el destrozo que produjo en el empleo la crisis del crédito.
La normativa permitió combatir el destrozo que en el empleo produjo la crisis de crédito
Uno de los aspectos que la reforma quería combatir era la precariedad laboral, sin embargo y después de estos siete años podemos decir que ha fracasado. Hoy en día se siguen haciendo contratos principalmente temporales y los indefinidos escasean. Para muchas personas se ha convertido en habitual encadenar contrato tras contrato, por periodos en algunos casos irrisorios, valga el dato que en el año 2018 el 27% de los contratos tenían una duración inferior a los siete días. Ahora bien, hay que señalar que la reforma no ha contribuido o ha instaurado esa precariedad en la contratación, como algunos maledicentes dicen. La temporalidad en el empleo español se inicio en los años ochenta y desde entonces, cierto ahora más que antes, se ha institucionalizado.
Una de las cuestiones de esa precarización es nuestra estructura productiva. El peso del sector turístico sobre el PIB es del 15 %, el sector de construcción representa el 14 %, mientras que la agricultura aporta un 5 %. Si sumamos las tres cifras vemos que un 34 % de nuestra actividad se centra en sectores donde la precariedad es una constante. Fijémonos en el sector automoción, un sector generador de un empleo de calidad donde la precariedad prácticamente no existe, pues bien este sector tiene un peso semejante a la agricultura, un 5 %. Difícilmente con esta estructura se puede luchar contra la precariedad, donde por cierto el comercio representa un 12 %, otro sector complicado al hablar del mercado laboral.
La retrocesión total unida a la salvaje subida del SMI puede generar efectos negativos
En esa precariedad se debe tener muy en cuenta el impacto que los cambios tecnológicosy económicos están teniendo en los puestos de trabajo, y que amplifica la precariedad. La tecnología permite amortizar puestos de trabajo y además propicia contrataciones para empleo muy específicos y donde además tan solo se necesita parcialmente un empleado, con lo que ello supone un desvío hacia contratos a tiempo parcial. Un aspecto este a tener muy en cuenta en las medidas a adoptar con la reforma, pues la presencia de la tecnología es imparable e irá a más.
Otro aspectos cuestionado es la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial, así como el haber limitado las prórrogas automáticamente y de forma indefinida. Antes de entrar en su análisis debemos tener presente que precisamente en Europa este orden de primacía es el predominante, algo que en España parece que nadie quiere destacar, aquí esas dos medidas fueron un asunto execrable para los sindicatos al restarles poder. Por cierto sindicatos que registran unos datos de afiliación muy bajos, con desacredito por los escándalos que se han producido en su seno; donde además su poder de convocatoria, véanse las manifestaciones del 1 de mayo, son cada vez menores. Sin embargo, asómbrense, los convenios empresariales son mínimos, de acuerdo con los datos del INE y del Ministerio de trabajo, el 90 % de los trabajadores en empresas privadas están sujetos a algún tipo de convenio colectivo.
Por supuesto que hay cuestiones en la reforma laboral y que hay que revisar, adaptar y ampliar. Ahora bien aquella reforma, no lo olvidemos, vio la luz en un momento donde la situación económica era traumática, el propio BdE ha reconocido que esa reforma aligeró la carga de desempleo. También que consiguió que se crease empleo con crecimientos de actividad del 0,8 %, frente al 1,5 % previo a la reforma. Cuidado con la retrocesión total, pues unido a la salvaje subida del SMI puede generar efectos contrarios a lo buscado.
Se ha demonizado, con un interés exclusivamente político, sin analizar convenientemente la reforma. Es cierto que la norma no contempla temas tremendamente importantes como los cambios estructurales que necesitamos fomentar en nuestra economía: una educación encaminada a la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral, reforzar la formación continua, ligar salarios a la productividad, etc.
Además es necesario también tener presente que los Servicios Estatales de Empleo no pueden seguir siendo meros registradores de parados. Debe ser una institución que acompañe, que ayude, que capacite a las personas desempleadas a incorporarse al mercado laboral. No oigo hablar de dar mayores medios y competencia a esta figura, un organismo que debería ser un pilar básico.
