Economía

Más de la mitad de los despidos en España salen gratis

  • Si se incluyen la extinciones por no superar el periodo de prueba superan el 73%
  • Trabajo se centra en el despido improcedente y no en las modalidades más usadas

El debate sobre si la indemnización por despido improcedente a 33 días debe elevarse o no, sigue vivo en el seno del Gobierno como demuestra el desencuentro entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, pero soslaya una 'verdad incómoda' para el Gobierno: más de la mitad de los despidos de trabajadores con contratos indefinidos que se firman cada mes en España no tiene indemnización. Y se han disparado tras la reforma laboral.

Según los últimos datos disponibles de las estadísticas de la Seguridad Social, el pasado mes de febrero se registraron 71.541 bajas de afiliación por causas catalogadas como despidos, de las que el 91,9 afectaron a asalariados con empleo fijo. Hablamos de 65.788 casos, un 86% más que en el mismo mes de 2022.

La primera causa de cese de un asalariado con contrato indefinido es el despido disciplinario, que se justifica por una falta grave o incumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, no genera derecho a indemnización. Estos despidos 'gratis' para el empleador suponen el 55,3% del total. Aunque sea por unas décimas, se trata del mayor porcentaje de la serie histórica que arranca en 2012. En el último año se han disparado un 90%, hasta los 36.359 casos.

Pero la alternativa más utilizada para prescindir de un trabajador sin abonar indemnización ni siquiera es legalmente un despido. Se trata del recurso al periodo de prueba. Las extinciones por no superarlo se han disparado un 210% en los últimos 12 meses, hasta los 46.171. Si sumáramos esta cifra al total de despidos tendríamos un total de 111.959 ceses, de los que el 73% no conllevan indemnización.

La tercera causa de extinciones son los despidos objetivos. Se deben a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, aunque una minoría se pueden justificar por ineptitud o falta de adaptación del trabajador. En estos casos, la indemnización mínima legal es de 20 días por año trabajado. Suponen un 41% del total de despidos propiamente dichos y en el último año han aumentado un 102%.

¿Y dónde quedan los despidos improcedentes? La misma estadística únicamente contabilizó 108 bajas por procesos de este tipo en febrero, un 34% menos que hace un año. Y apenas un 0,16% del total de despidos propiamente dichos. Aunque este dato tiene una explicación, y es que el reconocimiento de un despido como improcedente es un largo camino que no pocas veces transcurre por una vía judicial cada vez más saturada.

Judicialización del despido

La reforma laboral de 2012 no solo redujo la indemnización por despido de 45 a 33 días por año trabajado, también eliminó el conocido como 'despido exprés', que permitía al empleador reconocer desde el primer momento la improcedencia y abonar la indemnización máxima. A partir de entonces solo podría determinarse tras la denuncia del propio trabajador o sindicato, lo cual complicó procesos que antes se realizaban con mucha mayor rapidez (e indemnizaciones más altas).

En buena parte, se debía a la filosofía que alimentó aquella reforma: que el despido siempre tuviera una causa. Una idea que la mayoría de laboralistas y también la reforma de 2021 comparten. Aunque discrepan en la manera en que se hizo y, sobre todo, el impacto inmediato que tuvo.

El Gobierno del PP argumentaba que nada impedía a las empresas pactar indemnizaciones más altas a las legales (ya que son topes mínimos, no máximos) en casos de despidos objetivos, pero los procesos eran más lentos (y costosos). Además, en un contexto de crisis económica la mayoría de despidos por causas objetivas eran declarados procedentes, con lo que la mayoría de las indemnizaciones se quedaban en 20 días.

En este contexto, surgió la sospecha de que los despidos disciplinarios se convirtieran en un 'atajo' para hacer una especie de 'despido exprés': si el trabajador reclama, en el acto de conciliación el empresario aceptaba abonar la indemnización a cambio de no llegar a juicio. Sin embargo, la falta de estadísticas claras impide corroborar esta sospecha.

Dudas con los datos de Trabajo

Por ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo publica una estadística de despidos y su coste que intenta arrojar luz. Aunque los datos no son comparables a los de Seguridad Social y solo llegan a 2021, apuntan a que solo un 0,5% de los despidos disciplinarios fueron declarados improcedentes, un número sorprendentemente bajo. Tanto, que pone en duda la utilidad de la propia estadística.

Pese a esta ausencia de datos concluyentes, el departamento que dirige Yolanda Díaz se ha alineado con los sindicatos ha centrado su ofensiva sobre el coste del despido en el improcedente por su efecto disuasorio sobre el resto. Pero tras el fracaso jurídico de propuestas como la prohibición de despedir y la introducción de nuevos supuestos de nulidad del despido, estos siguen creciendo.

Sin embargo, en ningún momento ha hablado de modificar las causas del despido objetivo, definidas en las reformas laborales de 2010 y 2012. Una línea roja que Bruselas no aceptaría, menos en un país que ya tiene las indemnizaciones más elevadas de la OCDE, como certifican diversos estudios.

Pero tampoco revisa las condiciones para no superar el periodo de prueba, a pesar de que hay una fórmula que permite poner coto a estas prácticas, y es la que se ha utilizado históricamente: la negociación colectiva. Actualmente, la reforma laboral establece que el periodo de prueba durará como máximo seis meses para técnicos titulados y dos meses para los demás trabajadores (aunque en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores, el límite se amplía a tres meses). Pero estos umbrales y sus condiciones de aplicación quedan sujetos a lo que dicte el convenio colectivo, que puede elevarlos o reducirlos.

En 2022, se firmaron 151 convenios que afectaban a 716.170 trabajadores que incluyeron cláusulas en este sentido. Pero más reveladoras que las cifras absolutas son los porcentajes: el 14,75% de los acuerdos registrados y el 25,9% de los empleados cubiertos por ellos. Un año antes alcanzó al 40,8% de los empleados en esos sectores y empresas. Ello pese a las sospechas de abuso en este sentido.

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