Junts asegura haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno para que salgan adelante a cambio de un grueso de medidas vinculadas en su mayoría con Cataluña, como modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a esa comunidad que se marcharon tras el referéndum independentista del 1-O, pero la formación de Carles Puigdemont también ha forzado un cambio de alcance nacional: establecer un tipo 0 en el IVA del aceite por pasar a ser considerado un alimento esencial.
Según han explicado desde la formación, esta abstención se produce tras alcanzar con los socialistas un acuerdo en el que se incluye, además, la delegación integral a la Generalitat de las competencias de inmigración (a través de una ley orgánica específica para Cataluña e incluyendo los "recursos necesarios") y la publicación inmediata de las balanzas fiscales (base para calcular el déficit fiscal del Estado con las CCAA, que Cataluña estima en casi 22.000 millones).
Otro de los puntos del acuerdo es la reforma de la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 -que permitió cambiar la sede social de las compañías por decisión del consejo de administración, sin tener que pasar por junta de accionistas- con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, considera que esta medida se aprobó "de mala fe" y ahora es el momento de revertir la situación. Para ello, ha pedido "reforzar" los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital para revertir la situación empresarial que la comunidad autónoma vivió en 2017 con el proceso independentista, cuando se fugaron miles de empresas. Ese artículo 9, en su punto primero, señala que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle "el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación". En un segundo punto, la norma señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España, sin distinguir por comunidades ni municipios, dado el principio de unidad nacional de mercado. Por su parte, el artículo 10 habla de la discordancia entre el domicilio registral y el real, pero sólo para decir que si existe dicha discordancia se podrá considerar el domicilio de la empresa cualquiera de los dos.
Inyección económica
Además, según los neoconvergentes, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconoce los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
Desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.
Asimismo, han pactado con el Gobierno la supresión del artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, que a su parecer ponía en peligro la amnistía, informa Europa Press.
