Madrid
El Partido Popular prepara una reforma de pensiones si finalmente llega a Moncloa. Una de las medidas estrella camina en dirección opuesta a lo pactado por el ministro Escrivá en Bruselas. El líder del PP, Núñez Feijóo, prepara una auditoría de las cuentas públicas y una vez analizado el margen fiscal disponible decidirán si bajan las cotizaciones sociales. Desde Génova trasladan que la voluntad del PP es bajar las cotizaciones sociales y los impuestos sobre el trabajo siempre que la coyuntura económica lo permita. Además, blindan su apoyo a la revalorización de las prestaciones con el IPC.
La tesis primeriza del PP para buscar la sostenibilidad de las pensiones –que se enfrenta a un evidente desajuste demográfico por el retiro del baby boom que comienza de forma inminente– gira, esencialmente, sobre la formación, la natalidad y la productividad, y no sobre el recorte del gasto, para mejorar los ingresos por cotizaciones sin subirlas, una especie de contrarreforma.
España tiene los problemas que ya conocemos: 2,7 millones de parados, desajuste por las vacantes y 190.000 nacimientos menos que en 2008. En contraposición del incremento del tipo de cotización a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), apostarán por acercar el mercado laboral hacia el pleno empleo y mejorar la productividad con un papel "fundamental" de la formación.
La batería de medidas que preparan los populares se plantea pese a los cambios ya impuestos por el Gobierno de coalición durante esta legislatura. Desde el PP vislumbran nuevos cambios asentados en el consenso del Pacto de Toledo, con medidas concretas que pondrían sobre la mesa en el caso de llegar a la presidencia.
En consecuencia con la auditoría de las cuentas que plantean si llegan a La Moncloa, los populares consideran crucial reducir el gasto superfluo. Desde think tanks como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) cifran en 60.000 millones el exceso de gasto por falta de eficiencia en el uso del dinero público. El PP también tiene la intención de fomentar la natalidad, sin especificar hasta la fecha más concreción.
Dentro de la hoja de ruta económica de la formación popular, por tanto, no está la de tocar la generosidad de las prestaciones. Desde Génova afirman que el apoyo a la revalorización de las pensiones públicas con la tasa de inflación media anual está garantizada.
El reto en Europa
La hipotética bajada de las cotizaciones sociales se enmarcaría, por tanto, bajo un supuesto económico que lo permita. Sin embargo, el plan que ha pactado José Luis Escrivá, el titular de Seguridad Social, con la Comisión Europea, sienta un precedente que cualquier otro Gobierno deberá cumplir.
Bruselas obligó a incluir una cláusula de cierre en el Mecanismo de Equidad que revisa cada tres años esta medida, de tal forma que si el gasto previsto supera el 15% del PIB se aplicarían medidas adicionales. En última instancia, una subida del tipo de cotización por contingencias comunes. Así, convierte el MEI en una herramienta de ajuste automático (como lo era, por ejemplo, el Factor de Sostenibilidad), que era la voluntad de la Comisión Europea desde un primer momento.
De esta forma, el próximo Gobierno tiene el reto de la primera revisión del MEI, una cita en 2025 para la que el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya prevén medidas adicionales sobre el gasto o sobre ingresos.
A la espera de conocer el plan específico para el PP con las pensiones, lo que seguirá vigilando Bruselas son los números que provoquen los cambios: en todo momento, una reforma debe perseguir el objetivo de la sostenibilidad, según la tesis que promueve Bruselas.
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