reforma de pensiones

La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.

Los españoles veníamos imaginando que las jubilaciones había que pagarlas con dinero. Escrivá, ministro de Seguridad Social y de otros asuntos –inclusión y migraciones- ha revelado el secreto de su reforma de las pensiones: o todos pagamos más o algunos cobrarán menos. Esta audacia, sintetizada así, en tan clara disyuntiva, no es cosa de cualquier mente o de cualquier equipo técnico. Porque no todo el mundo puede concebir con acierto una reforma financiera que consista en ese planteamiento: o me dais más dinero o voy a tener que pagaros menos. No extraña a nadie que el señor Escrivá sea economista. Así ya se puede. Conocedor de los secretos financieros, después de estudios y análisis, tras el esfuerzo de su gabinete y poniendo al servicio del país todos sus conocimientos, el ministro nos ha dicho algo que no podíamos ni siquiera imaginar: o se consigue más dinero o se va a cobrar menos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recordó que a España le quedan pendientes las reforma laboral y la reforma de pensiones, tal y como viene exigiendo Bruselas, para acceder a la mayor cantidad posible de los fondos europeos Next Generation EU.

Sánchez tiene ya prepara la hoja de ruta para los próximos años. Los indultos a los presos del procés serán el salvoconducto para lograr el apoyo de ERC a los Presupuestos. El ministro de Política Territorial y Gestión Pública, Miquel Iceta, convocará en breve la comisión bilateral con Cataluña, que llevaba tres años sin reunirse. El objetivo, en palabras de Iceta, es tratar "las cosas de comer". Es decir, la inversión en infraestructuras y los grandes capítulos como sanidad o educación, que recibieron un gran impulso en el último año, gracias a la pandemia.

Como reza el título de esa extraordinaria rumba flamenca, creación del genial Paco de Lucia, la CEOE de Antonio Garamendi se mueve hoy entre dos aguas, o como dice el refranero popular en un intento de nadar y guardar la ropa sin ahogarse en el intento.

Lo que parecía un claro salvoconducto para el Gobierno que garantizaba el acceso a los fondos europeos para la reconstrucción económica se confirma: la reforma de pensiones es condición de Bruselas para la recepción de esta financiación para aplacar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo reconoció el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, donde aseguró que este acuerdo alcanzado con los agentes sociales da respuesta a 12 de las 22 recomendaciones que los partidos elevaron al Ejecutivo tras el acuerdo en el pasado mes de octubre.

Una semana después del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para la primera parte de la reforma del sistema de pensiones, el vaivén de informaciones sobre el impacto de las medidas incluidas en el anteproyecto de ley aprobado ya también por el Consejo de Ministros parecen haber implantado el estado de incertidumbre entre el colectivo de los jubilados, y quienes está al borde del retiro laboral. La conclusión es que este primer paquete de medidas no reducirá las pensiones, a excepción de un caso, cuando un trabajador decida jubilarse anticipadamente de forma voluntaria y siempre que lo haga con la mayor anticipación posible, es decir, dos años. Para estos jubilados que decidan por motu propio abandonar el mercado laboral 24 o 23 meses antes sí habrá un recorte en la pensión inicial. Concretamente, para quienes, en condiciones de voluntariedad, se jubilen anticipadamente con menos de 38 años y seis meses cotizados la penalización se eleva a los 24 meses de anticipo del 16% al 21% y con 23 meses de anticipo del 16% al 17,60%. Para quienes cuenten con más de 38 y seis meses cotizados y menos de 41 años y seis meses, el anticipo de 24 meses pasará de ser penalizado con el 15% al 19%, mientras que el anticipo de 23 meses pasará del 15% al 16,5%. Además, para quien esté entre los 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses la reducción se eleva del 14% al 17% con 24 meses de anticipo y del 14% al 15% con 23 meses. Por último, con más de 44 años y medio cotizados se mantienen las condiciones actuales, con una reducción del 13% por 24 meses de anticipo, e incluso se mejoran los coeficientes a partir de este punto, con una rebaja de la penalización del 13% al 12% ya en el mes 23 de anticipo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones al subirlas con el IPC y con el que se persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

Tengo un gran respeto por el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Es uno de los economistas mejor preparados y con las ideas más claras que conozco. Frente al pesimismo de los demás, siempre saca algún conejo de su chistera para solventar el problema. Lo hizo hace unos meses, con la renta mínima, cuando Sánchez sufría la presión de Iglesias por introducirla, y lo repite ahora con acuerdo de los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones.

La puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional llevará a la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (baby boomers) a elegir entre "un pequeño ajuste" en la pensión o "trabajar un poco más", como explica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el propio Escrivá ha intentado este viernes rebajar la tensión tras la polémica al matizar que no se trata de acuerdo cerrado. 

Como alternativas para financiar las pensiones se argumenta que la Seguridad Social se nutre a través de las cotizaciones sociales que representan el grueso de sus ingresos y se propone descargarla de los costes destinados a cubrir las pensiones no contributivas. Algo contraproducente en un país que ya de por sí tiene unos costes de Seguridad Social de los más altos del mundo, sería aumentar los ingresos por cotizaciones que en buena lid debieran proceder de que aumente el número de personas que contribuyen o aumentando la cotización por trabajador, o ambas a la vez. De lo que no cabe duda es que más crecimiento económico, más empleo y menos paro constituyen una solución muy efectiva.

El Gobierno y los agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo que garantizará la revalorización de las pensiones conforme el IPC medio del año anterior para garantizar que los pensionistas no tengan pérdidas de poder adquisitivo.

Parieron los montes y nació un insignificante ratón”: esta frase del poeta latino Horacio se utiliza tradicionalmente para definir cualquier cosas ínfima y ridícula que se produce cuando se esperaba algo grande e importante. Y eso es lo que ha pasado con este acuerdo de mínimos y con reparos sobre la reforma de las pensiones. Que más que en reforma se ha quedado en un ligero cambio de imagen para hacerse una foto propagandística y ayudar a camuflar el impacto de los indultos a los golpistas catalanes.

El Gobierno avanza con paso firme en los aspectos concretos que regirán el funcionamiento del futuro fondo público de pensiones anunciado ya por el Gobierno para este año -aunque su activación se demorará hasta mediados de 2022-. A finales del presente ejercicio el Ejecutivo deberá haber puesto al menos las bases legales del instrumento financiero de ahorro negro sobre blanco. Sin embargo, no se espera que hasta mediados del próximo ejercicio eche a andar este producto de ahorro, ya que los primeros meses de 2022 servirán para cerrar los últimos flecos de esta parte de la reforma de pensiones destinada a impulsar los planes de pensiones de empleo entre la población ocupada, trabajadores autónomos y funcionarios. Uno de estos es el concurso público que lanzará el Gobierno en los primeros meses del próximo año para conceder por un lado la gestión de los ahorros y, por otro, el depósito de los mismos.

Luz verde para la primera parte de la reforma de sistema público de pensiones en España. El Gobierno y los agentes sociales sellaron este lunes el pacto para la primera remesa de medidas que se votarán próximamente en el Congreso de los Diputados y que entrarán en vigor a comienzos del próximo año. Entre ellas, destacan la vinculación de las prestaciones con el IPC, las medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la lega, además de la separación de fuentes de financiación, si bien la clave para el consensó está en el compromiso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de derogar antes de que finalice el presente año el conocido como facto de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en 2013.

Gobierno y agentes sociales han alcanzado este lunes un principio de acuerdo sobre la primera pata de la reforma de pensiones por la que se garantizará la revalorización de las pensiones según el IPC, se aproximará la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

El Gobierno y los agentes sociales afrontan esta semana la que puede ser la última reunión antes de anunciar el acuerdo de lo que será la primera pata de la reforma de pensiones. En ella se incluirán tres aspectos principales: la derogación del IRP y vinculación de la revalorización de las pensiones con el IPC, la reforma del esquema de jubilaciones anticipadas y de incentivos para la demora del retiro laboral, además de la separación de fuentes de financiación del Sistema que desplazará los denominados como gastos impropios de la Seguridad Social al Presupuesto General.

No hay semana en que el tema de las pensiones no esté en el candelero. Si se reforma por acá, por allá o por acullá. Que los acuerdos del Pacto de Toledo van en serio. Que si se posponen. Que si aquí decidimos una cosa y luego vendrán los amigos de Bruselas y marcarán otros derroteros sobre las pensiones. Que, si éstas se revalorizan según el Índice de Precios de Consumo, que electoralmente tiene su encanto, o no. En fin, un auténtico tiovivo de noticias al respecto en el que, a decir verdad, nadie tiene claro cuál será el futuro. Con todo, algo sí parece indiscutible: se trata de demorar la edad de jubilación para que la efectiva coincida con la legalmente establecida, incentivar la demora en la jubilación y penalizar la anticipada, así como ampliar el período de cómputo para calcular la pensión que en 2022 será de 25 años, y promover ese fondo público para animar los planes de pensiones con especial incidencia en los autónomos y las pymes.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que "todavía queda alguna cosa menor" del acuerdo sobre la primera pata de la reforma de las pensiones y espera que la semana que viene se acabe cerrando definitivamente con el visto bueno del Gobierno, la patronal y los sindicatos.

El Gobierno obtuvo el placet de la UE a su Plan de Reconstrucción. Es imposible que el aprobado despierte entusiasmo. No en vano libera un pago de las ayudas europeas menos cuantioso de lo previsto por el Ejecutivo, ya que todo apunta a que sólo 9.000 millones de su primer tramo se harán efectivos en 2021.

El acuerdo para la reforma de pensiones en la mesa de diálogo social está encontrando ciertos obstáculos para cerrarlo definitivamente en las exigencias de patronal y sindicatos sobre el plan de medidas concretas propuesto por el Gobierno. Es el caso de la derogación del factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, y que está en suspenso hasta 2023. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha comprometido a su eliminación durante el próximo año, incluyéndolo como parte del segundo paquete de medidas de la reforma, pero los sindicatos tensan la cuerda para que esta derogación se haga ya efectiva en la aprobación del primer paquete de medidas. Es decir, en este mismo 2021.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, insistió en la entrevista realizada hace escasos días con elEconomista en que la reforma de pensiones que negocia el Gobierno con los agentes sociales en este momento no afectará a aquellos trabajadores y ciudadanos que estén en este momento a punto de jubilarse o preparando una salida anticipada del mercado laboral. Ahora, fuentes de Moncloa confirman a este medio que en efecto se abrirá una ventana hasta el próximo 30 de septiembre para que las empresas den a conocer sus planes de ajuste de plantilla para los próximos meses y, más concretamente, sobre las posibles salidas por la vía de la jubilación anticipada y así garantizar que estos trabajadores no se vean afectados por el endurecimiento de los coeficientes reductores, que precisamente se agravarán en la cohorte de las rentas más altas -ya que son estas las que más anticipan la jubilación y donde más se eleva la penalización, mientras que se reduce en el 90% de casos restantes-.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja clara en elEconomista su intención de que la nueva reforma de las pensiones esté aprobada a finales de este mismo año.

La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.

El Gobierno trabaja a marchas forzadas para zanjar la primera fase de la reforma de pensiones con la que se pretende despejar el horizonte financiero del Sistema. Tras la eliminación de los gastos impropios, no contributivos, y la recuperación del mercado laboral así como las cotizaciones de los trabajadores una vez se replieguen los efectos de la pandemia, el Gobierno prevé que el déficit de la Seguridad Social se cierre, quedando en cero -es decir, alcanzando el equilibrio presupuestario- para finales del próximo año 2023. Así, el Ejecutivo con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al frente da un plazo de 24 meses, escasos dos años, para revertir una situación agravada con el impacto de la pandemia.

El Gobierno ha puesto en el centro de la diana de la reforma de las jubilaciones anticipadas a las rentas altas, que son los perfiles que más se verán perjudicados por la modificación prevista en el esquema de coeficientes reductores. Concretamente, el agravamiento de estos porcentajes de reducción de la pensión, en función de los meses de anticipo, se produce en los tres primeros meses de los 24 que puede adelantarse la salida del mercado laboral. Y según fuentes oficiales, esta medida se adopta al detectar que el sistema beneficia a las rentas altas que abandonan prematuramente el empleo, y que son las personas que más anticipan la salida y sobre los que se pretende demorar al menos en unos meses esta decisión.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado esta mañana que el pacto con los agentes sociales para reformar las pensiones es "cuestión de días". Hay un acuerdo global, ha explicado en una entrevista en TV3, pero todavía queda la aprobación de un texto puesto en común. Los sindicatos están satisfechos con garantizar la revalorización con el IPC, pero a la CEOE no le gusta la propuesta de recorte en las pensiones más altas cuando haya prejubilación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de llevar a cabo la reforma de pensiones encargada por el Pacto de Toledo, ha logrado una pequeña victoria en Bruselas, organismo que fiscalizará los avances en la materia como parte de las medidas comprometidas para acceder a los fondos de reconstrucción económica de la Unión Europea. Concretamente, el ministro José Luis Escrivá ha ganado en la Comisión la batalla de los datos y ha empujado al organismo comunitario a corregir la senda de gasto en pensiones asociada a España en las próximas décadas en un 31% tras modificar los parámetros de la previsión en términos de envejecimiento y número de pensionistas, así como de evolución de la población ocupada en nuestro país. Concretamente, de derogarse la reforma de pensiones del PP de 2013 -el elemento que condiciona la senda de gasto- haría crecer en el desembolso en 3,5 puntos porcentuales del PIB según las estimaciones del pasado año, contra el aumento previsto en 2018 de hasta un 5% del PIB.

La propuesta del Gobierno para cambiar los incentivos a la jubilación demorada supondrá un ahorro de hasta 21.000 euros para quienes accedan a esta modalidad de retiro y opten por el cobro de la mejora de pensión en forma de pago único, a modo de un cheque que se recibirá en el momento justo de la jubilación. Según los cálculos del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, la propuesta de Escrivá de premiar el retraso de la jubilación con un cheque de hasta 12.000 euros anuales permite visualizar a los trabajadores de forma más fácil los beneficios a largo plazo de demorar su jubilación, pero su diseño está "muy desequilibrado". Si bien, el organismo argumenta que la modalidad implica cobrar menos por este alargamiento en el largo plazo que si, por el contrario, se optara por la modalidad actualmente vigente donde esa mejora -del 4%- se prorratea en la pensión mensual.

El Gobierno ha deslizado una propuesta a los agentes sociales en el marco de la negociación para la reforma del sistema público de pensiones para que los convenios de empresa que incluyen cláusulas de jubilación forzosa demoren en un año el límite en el que estarían capacitados para prescindir de estos puestos de trabajo cercanos al retiro laboral. Concretamente, la medida se encuadra dentro del pliego de actuaciones que prevé impulsar el Ejecutivo para tratar de nivelar en nuestro país la edad efectiva de jubilación (64,5 años) y la edad legal (66 años en 2021), y busca acotar ciertos modelos de convenio empresarial que por contrato permiten la expulsión de su puesto de trabajo del empleado antes de alcanzar la edad legal de retiro. En lo que propone el Gobierno que estos convenios se amplíen en un año sobre la edad legal de jubilación para poder forzar la salida del trabajador -por ejemplo, hasta los 68 años en 2027 cuando la edad legal de retiro se sitúe en 67 años-.