El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado esta mañana en un acto junto al Consejo General de Economistas (CGE) y Unión Profesional que retomará las próximas medidas de la reforma de pensiones de cara a final de año, tras el parón de agosto. En concreto, el ministro explica que valorarán el destope de las bases y las pensiones máximas que afecta a un 15% de los pensionistas; y el cómputo para calcular la pensión.
El Ministerio de la Seguridad Social y el de Asuntos Económicos han desvelado cuál será la contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo que quiere impulsar el Gobierno: un máximo de 301 euros al año por trabajador, según se puede deducir de una farragosa fórmula que se incluye en el último borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, que desarrolla el fondo público de empleo. Junto a esta fórmula, la otra gran novedad del borrador es la posibilidad de que el trabajador tenga una mayor aportación que el empresario, aunque el exceso se graduará según una tabla de coeficientes.
La jubilaciones anticipadas ya suponen un 26% del gasto total anual en pensiones. La Seguridad Social destina para el pago de estas pensiones un total de 37.162 millones de euros, lo que significa que más de uno de cada cuatro euros que destina el Estado al colectivo corresponde a pensionistas que abandonaron el mercado laboral de forma prematura, es decir, antes de la edad legal de jubilación. Para este año, el Presupuesto de la Seguridad Social recoge un desembolso histórico en pensiones contributivas, que ascenderán en el conjunto del año a los 142.931 millones de euros y que rebasa en 7.000 millones el gasto del pasado 2021.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asume ya que uno de los puntos estrella de la reforma de pensiones deberá ser aprobada sin el apoyo explícito de los agentes sociales, con quienes aún mantiene reuniones de última hora para tratar de aglutinar un mínimo consenso sobre el fondo público de pensiones. "Nunca aspirábamos a una firma y una ratificación con los agentes sociales" del diseño de la medida, apuntaba el propio ministro durante la rueda de prensa celebrada para dar cuenta del avance quincenal de la afiliación a la Seguridad Social, y donde confirmó que el instrumento de ahorro complementario será aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado las exigencias que quería imponer en materia de comisiones a las gestoras que se postulen para tramitar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los fondos de empleo simplificados de nuevo cuño, tras las fuertes críticas que ha recibido de la industria de gestores de activos a través de la CEOE, encargada de negociar en la mesa.
Aunque políticamente costosa, la reforma laboral era solo una de las cuarenta reformas y planes de inversión que el gobierno español deberá completar en los próximos meses para poder acceder al siguiente pago del fondo de recuperación que asciende a 12.000 millones de euros, incluido el aumento de la edad de jubilación. El fondo de recuperación se basa en un sistema que evalúa el rendimiento de los países. Es decir, los desembolsos tienen lugar si, y solo si, se cumplen ciertos hitos o metas. La Comisión Europea está en contacto constante con los Gobiernos europeos para tratar de facilitar el proceso y exige total transparencia sobre las pruebas de que se han logrado los objetivos pactados.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hizo un hueco este lunes por la tarde a elEconomista. Estaba a caballo del viaje a Costa Rica, de donde regresó el viernes, y se preparaba para marchar a Dubai. "Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y si no sale, cada uno tendrá que responder muy bien de por qué no ha salido", dice sobre el debate de la reforma laboral este jueves en el Congreso.
Los empresarios no apoyaron la primera parte de la reforma de las pensiones y consideran difícil que su posición cambie respecto a la segunda pata de dicha reforma, que el Ejecutivo debe sacar adelante para cumplir con Bruselas.
Nada más entrar en vigor, la reforma de las pensiones que vuelve a vincular las prestaciones al IPC ha descuadrado las previsiones que el Gobierno plasmó en sus Presupuestos, redactados en septiembre.
El Gobierno planea aprobar el texto definitivo de la ley que regirá el fondo público de pensiones en el Consejo de Ministros del próximo martes con la oposición de los empresarios, que critican la concepción de la medida y la gobernanza del instrumento de ahorro, tal y como ha podido saber elEconomista sobre las últimas revisiones del documento llevadas a cabo por las organizaciones patronales.
Con las líneas fundamentales de la reforma del sistema público de pensiones ya sobre la mesa, parece evidente que buena parte de la mejora de los ingresos del Sistema durante las próximas décadas provendrá de las mayores aportaciones a la Seguridad Social que deberán realizar las rentas más altas. De hecho, solo la medida que se refiere al progresivo destope de las bases máximas supondrá, en el plazo marcado de 30 años, que estos cotizantes con bases de más de 49.000 euros anuales deberán de aportar cada año hasta 5.600 millones de euros más a las arcas para el pago de las futuras pensiones y prestaciones.
El gasto estructural a largo plazo de las pensiones coparía el 74% del aumento del gasto público hasta 2050. Actualmente, la deuda de las Administraciones Públicas españolas se coloca en el 122,1% del PIB según los datos del Banco de España del tercer trimestre, y en el ecuador de siglo sumaría 70 puntos, de los que un 52 puntos -prácticamente tres cuartos del incremento de deuda pública- sería gasto estructural de pensiones. Son datos extraídos de las simulaciones en diferentes escenarios que realiza la AIReF para mitad de siglo, confirmados por sus propios técnicos. En la vista a largo plazo, la auditora pública dibuja un horizonte negativo y prevé un crecimiento de la deuda pública hasta una ratio estratosférica del 191% sobre el PIB español en un escenario central sin cambios en política fiscal.
Entra en vigor la primera parte de la reforma de pensiones y con ella se introducen ciertos cambios en el funcionamiento de la Seguridad Social. El primer efecto de las medidas ya lo notan los pensionistas en sus bolsillos, ya que la vinculación por ley de las revalorizaciones con el IPC provoca que la paga de enero de los 8,9 millones de beneficiarios aumente entre 20 y 30 euros.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte al Gobierno de España sobre la reforma de pensiones, que hará el Sistema más insostenible si no se toman medidas complementarias sobre el gasto y los ingresos. De este modo, afea al gabinete dirigido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "la reforma de las pensiones ha priorizado la aceptabilidad social y la suficiencia, pero persiste la inquietud sobre la sostenibilidad en caso de que no se implementen medidas adicionales". Asegura el organismo que tan solo las medidas aprobadas en el primer paquete que entrará en vigor desde el 1 de enero supondrán un incremento del gasto de 42.000 millones de euros, es decir, unos 3,5 puntos porcentuales del PIB.
El rally inflacionista de final de año ha terminado por descuadrar buena parte de las previsiones plasmadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2022, incluidas las correspondientes al gasto estimado en pensiones. Concretamente, entre la previsiones que se fijaron allá por finales de septiembre y la confirmación de las subidas de las prestaciones estipuladas para las pensiones para comienzos de 2022, que fueron confirmadas por el Ejecutivo este miércoles, existe una diferencia de 2.700 millones de euros. Es decir, solo en dos meses el avance del IPC, ya confirmado en 2,5% de media entre noviembre de 2020 y de 2021, ha agregado 0,2 décimas de PIB al gasto total del próximo ejercicio.
La aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional aprobado en la primera parte de la reforma de pensiones será insuficiente para sufragar el exceso de gasto previsto por la jubilación de la cohorte del baby boom. Es más, durante ese periodo de tensionamiento financiero, la Seguridad Social cosechará unos déficit acumulados de hasta 86.000 millones de euros, ya que el mecanismo no logrará cerrar la brecha entre los ingresos del Sistema y los gastos entre los años 2040 y 2067
La reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo por el Gobierno hará que a medio plazo se reduzca el gasto por al menos en dos vías: el endurecimiento de la jubilación anticipada en el supuesto más extremo y el eventual incremento de años cotizados para el cálculo de la cuantía, que podría extenderse de 25 años a 35 años. La primera de las medidas implicaría un ahorro en el medio plazo de casi medio punto del PIB, mientras que el aumento del periodo de cálculo rebajaría la factura anual en un 0,88% del PIB. Ambas medidas implicarán una reducción del gasto de hasta 15.000 millones (1,3 puntos porcentuales de PIB) de euros en el momento de mayor tensión financiera de la Seguridad Socia, previsto para la década entre 2040 y 2050, cuando la jubilación del baby boom amenaza con abrir una brecha entre ingresos y gastos de 50.000 millones de euros al año -según las estimaciones del Banco de España-.
Finalmente, y tras cinco años desde que el Pacto de Toledo recibiese el mandato de realizar unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, el Congreso dio luz verde en la tarde del jueves al primer paquete de medidas que conformarán la reforma y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entre las principales cuestiones sustanciadas en esta votación se encuentran: la vinculación de las pensiones con el IPC, la modificación de coeficientes para la jubilación anticipada y el alza de incentivos para la demorada, además de la separación de las fuentes de financiación del Sistema y la derogación del factor de sostenibilidad para su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional.
La reforma de pensiones incluirá en su segundo paquete de medidas, que negociará durante los próximos meses el Gobierno y los agentes sociales, un incremento de los años cotizados necesarios para el cálculo de la base reguladora de la pensión. De elevarse hasta 35 años cotizados este periodo, tal y como apuntó el Ejecutivo en sus primeras comunicaciones con Bruselas sobre el plan de reformas a abordar para poder recibir los fondos de la reconstrucción, -y pese a los aspectos que mitigarán el impacto a la baja en las futuras prestaciones por la medida- los nuevos jubilados autónomos perderían de golpe el 60% de la mejora de las prestaciones experimentada por el colectivo en los últimos 10 años.
La modificación que propone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la creación de un macro plan de pensiones de promoción pública, permitirá que los autónomos puedan contratar un plan de pensiones vinculado al empleo obteniendo mayores ventajas. Eduardo Abad, presidente de UPTA, "en ningún caso, este nuevo plan debe mermar el sistema actual de pensiones. Además, debe estar garantizado por el Estado y con un sistema de gobernanza que permita la máxima transparencia del mismo".
Sólo una cuarta parte de las empresas españolas, en concreto el 26,8%, cuenta con planes de previsión social para sus empleados. El sector financiero es el más activo en esta materia ya que el 61,8% de las empresas cuenta con planes de previsión, en contraposición al del transporte y la logística, en el que tan sólo el 5,3% tiene este tipo de instrumentos para complementar la jubilación de sus empleados, según el V Informe Situación de las Pensiones en España en el que han participado 439 empresas de diferentes ramas de actividad.
La reforma del sistema público de pensiones será determinante para que España pueda acceder a los fondos europeos para la reconstrucción Next Generation. Un hecho que quedó constatado en el envío de los componentes de reformas a comienzos de este año que compromete nuestro país con Bruselas como contraparte a la recepción de ese dinero y donde se detallaban los aspectos concretos a modificar. Ahora, la Comisión Europea pone precio a estas reformas y al menos dos tramos de las ayudas por un valor de 16.000 millones de euros estarán altamente condicionados al éxito de las reformas previstas en el segundo paquete que se negociará a partir de 2022.
El Gobierno dio este martes un paso clave para el impulso del ahorro financiero entre la población trabajadora de nuestro país al aprobar el anteproyecto de ley del fondo público de pensiones destinado facilitar el ahorro de asalariados y de autónomos, así como de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas. Con este pliego de actuaciones, donde se incluye el desplazamiento de incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, el Gobierno pretende mejorar y elevar el ahorro en planes de empresa, y prevé que los 1,2 millones de autónomos con un plan individual incrementen en 9.000 euros el dinero de su plan de jubilación al ahorrar en el fondo público de pensiones.
La primera parte de la reforma de las pensiones diseñada por el Gobierno no llegó aún al Congreso de los Diputados, pero ya está sufriendo un importante desgaste.
Los últimos meses de negociación y cruce de propuestas del Gobierno para la reforma del sistema de pensiones en la mesa de diálogo social, impregnadas por la polémica, han terminado por hacer mella en el amplio consenso político alcanzado en octubre de 2020 en el seno del Pacto de Toledo, donde el acuerdo de recomendaciones recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción de tres abstenciones, y sin ningún voto en contra, cuando se elevó su votación al Congreso. Este lunes, durante la votación de las enmiendas que se incluirán en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social con los puntos acordados por Gobierno y agentes sociales el pasado mes de julio, los partidos políticos representados en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han mostrado su rechazo al texto que se votará previsiblemente el próximo 2 de diciembre en la Parlamento, con la abstención de EH-Bildu y el voto en contra del proyecto de ley han votado el PP, Vox, Ciudadanos y la CUP.
Finalizado el periodo de enmiendas para incorporar al proyecto de reforma del sistema público de pensiones, el Gobierno incluirá finalmente un complemento para aquellos jubilados que se hayan visto afectados por un retiro anticipado involuntario, y que perciban una paga mensual inferior a 900 euros.
Las cuentas para contener el incremento del gasto en pensiones por la jubilación de la generación del baby boom de cara a 2050 no salen, y el Gobierno deberá buscar recursos extra por valor de 17.000 millones de euros, tras la subida de cotizaciones generalizada del 0,6% por la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. Por un lado, el incremento de aportaciones a la Seguridad Social que durará de 2023 a 2032 ingresará en el Fondo de Reserva un total de 33.000 millones de euros, según los cálculos del propio Gobierno, mientras que tanto la AIReF como el Banco de España apuntan a un déficit para el año 2050 de 50.000 millones de euros. Es decir, la brecha para cubrir el desequilibrio presupuestario aún ascenderá a 1,5 puntos del PIB.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trasladó ayer que, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva, que situó en el 3,5%, este acumulará 42.000 millones de euros en 2032 con la subida de cotizaciones pactada con los sindicatos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abre la puerta a que la pensión máxima de jubilación llegue al entorno de los 3.300 euros mensuales a partir de 2050. Una cifra que se alcanzará una vez culminado el proceso de destope de la base máxima de cotización, que según un planteamiento preambular del propio ministro podría llegar hasta los 60.000 euros dentro de 25 años. De ser esta la senda finalmente ejecutada, la subida de la base máxima y de la pensión máxima de jubilación sería del 22,8% más. Sin embargo, para las rentas altas, el proceso de aumento de la cuota de aportación a la Seguridad Social será más del doble de gravosa que la media.
Aunque defiende la necesidad de pactar con los actores sociales, lo que la Comisión Europea evaluará a la hora de decidir si España recibe o no el tercer pago del fondo de recuperación la primavera del año que viene, cuyo tramo depende en parte de completar la reforma del mercado laboral, es que se hayan conseguido los objetivos incluidos en el plan nacional, no necesariamente cómo se haya logrado.