Reforma de pensiones

España afronta un reto demográfico que se deja notar ya en la actualidad. El sistema público de pensiones es un pilar socioeconómico que funciona como una especie de pacto entre generaciones: los actuales cotizantes sostienen el sistema, pagan las prestaciones de los jubilados actuales, con el acuerdo explícito e intergeneracional de que, en el futuro, una vez terminada su carrera y realizadas sus aportaciones a la Seguridad Social, recibirán la paga correspondiente. Uno de los citados problemas estructurales del país derivados del mercado laboral y la distribución de la pirámide demográfica es que en la actualidad ya hay nueve regiones en las que hay menos de dos cotizantes por cada pensionista.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá cierra hoy la fase de contratación pública de las gestoras de fondos de pensiones (englobadas en la banca, aseguradoras o en ninguna) que optarán a gestionar el plan de pensiones de empleo de promoción pública. Según se desprende la memoria justificativa de la licitación, que firma la secretaría de Estado de pensiones, el patrimonio previsto en este instrumento de ahorro generado por las aportaciones de aquellas empresas que se sumen al plan que promoverá el Estado será de sólo 4.000 millones de euros en cinco años.

El envejecimiento transformará inexorablemente la economía durante las próximas décadas, cuando España se tendrá que adaptar a una pirámide demográfica con mayor peso en las cohortes de mayor edad. Esto provocará una progresiva pérdida de la fuerza laboral por el retiro en masa de la generación del baby boom (1957-1977), una tendencia que avanza un menor crecimiento, según constata Cristina Herrero, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un seminario organizado por la Fundación Mapfre y la Universidad Carlos III de Madrid. En concreto, citando también datos de CaixaBank Research, el envejecimiento restará siete décimas al PIB español durante la presente década y ya restó seis décimas en la pasada.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado en el desayuno de Nueva Economía Fórum que el PP abordará una nueva reforma de pensiones si llega al Gobierno. El contenido de esta reforma sería el resultado de las consultas con el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, además de los agentes sociales. Ante el retiro del baby boom, asegura que "la sostenibilidad es el factor determinante para asegurar el sistema", así apoya el gallego su voluntad de trasladar a Bruselas una reforma de pensiones, pese a que la última se aprobó hace apenas tres meses.

Derogar el sanchismo es el lema que, de modo informal, ya se le atribuye al PP para las elecciones generales. El significado de esa consigna ya está claro en lo que se refiere a las leyes con mayor carga ideológica del actual Ejecutivo (Ley Trans, Solo sí es sí, Memoria Democrática...), condenadas a desaparecer o a una remodelación completa si los populares forman Gobierno. Ahora bien, en el ámbito económico las intenciones del equipo de Alberto Núñez Feijóo aún no han sido expresadas tan claramente.

El objetivo de la sostenibilidad que marca la reciente reforma de pensiones se carga esencialmente sobre los activos, especialmente sobre los trabajadores sénior, con mayor cualificación, y también sobre las empresas grandes. Ambos perfiles son los que mayor representación tienen en la base máxima de cotización respecto tienen al total de empleados y firmas, según expone el Banco de España.

El Banco de España ha analizado el impacto de la subida de cotizaciones sociales aprobada recientemente en la reforma de pensiones que ha ideado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El incremento será efectivo a través de tres herramientas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización y una cuota de solidaridad sobre el tramo salarial que supere ese límite previsto. Los salarios que superen la base máxima de cotización prevista, y en concreto los sueldos de 70.000 a 100.000 euros anuales afrontarán la mayor parte de un alza histórica de cotizaciones.

El Partido Popular prepara una reforma de pensiones si finalmente llega a Moncloa. Una de las medidas estrella camina en dirección opuesta a lo pactado por el ministro Escrivá en Bruselas. El líder del PP, Núñez Feijóo, prepara una auditoría de las cuentas públicas y una vez analizado el margen fiscal disponible decidirán si bajan las cotizaciones sociales. Desde Génova trasladan que la voluntad del PP es bajar las cotizaciones sociales y los impuestos sobre el trabajo siempre que la coyuntura económica lo permita. Además, blindan su apoyo a la revalorización de las prestaciones con el IPC.

Los consejeros editoriales de elEconomista.es Pensiones analizan a fondo la recién aprobada reforma. Según destacan los expertos, es llamativa la modificación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que comenzó a gravar a todas las nóminas desde enero y fue modificada en marzo, ya planteada como un mecanismo de ajuste semiautomático. Según destacaron, la cantidad de periodos transitorios de las medidas hace muy difícil la valoración de las medidas para la gente de a pie, y la cantidad de cambios abordados en varias fases genera incertidumbre jurídica.

La última reforma de pensiones centra sus esfuerzos en buscar la sostenibilidad a través de mayores ingresos, en vez de recortar el gasto como en cambios legislativos previos. Este aspecto, las cotizaciones sociales, es objeto de estudio y análisis de la patronal CEOE y su think tank económico, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que calcula para este medio que el alza de cuotas a cargo del empleador será de 9.000 millones de la actualidad, el 0,7% del PIB, una vez desplegadas todas las medidas. En la actualidad, el nivel de aportación sobre el PIB de la empresa española ya roza el de las francesas, que entre los grandes del euro son las campeonas.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a CEOE, ha analizado la subida de cotizaciones sociales que recoge la nueva reforma de pensiones. La orientación de los cambios legislativos lleva al sistema hacia un mayor esfuerzo en cotizaciones sin recortar el gasto. De hecho, tal y como calcula el IEE y los autores que han participado en la elaboración del informe, el desajuste a largo plazo dará lugar a un incremento del déficit de 2,3 puntos del PIB hasta 2050.

El Banco de España ha presentado su informe anual en el que realiza un análisis y valoración de una de las grandes reformas comprometidas con la Comisión Europea: la del sistema de pensiones. "El análisis de los principales cambios normativos introducidos desde 2021, si bien está sujeto a una elevada incertidumbre, apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera", explica el banco central que encabeza su gobernador, Pablo Hernández de Cos. De hecho, recalca que el esfuerzo de la Seguridad Social ha subido un 26% en una década, el equivalente a 1,6 puntos del PIB más desde 2012.

Miguel Ángel García es investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, también ha colaborado recientemente con el Instituto Santalucía y es una de las voces autorizadas del análisis del sistema de pensiones en España, ya que fue miembro del equipo de redacción del Pacto de Toledo. Ha sido uno de los profesionales más críticos con la reforma, y ahora es entrevistado por este medio. Díaz, esencialmente, quiere que la sociedad conozca las consecuencias de las nuevas medidas y reclama más información sobre "cuánto cuesta" y "quién paga" los esfuerzos extra de la nueva reforma.

El conjunto de la reforma de pensiones está siendo analizado con lupa por un amplio conjunto de expertos. Además de a los propios pensionistas, afecta a la población activa porque las cotizaciones subirán a través de varios mecanismos. A los autónomos se les aplica un nuevo sistema de cotización por ingresos reales que prevé equiparar su aportación a la de los asalariados. El impacto, una vez desplegado por completo el sistema en 2032, será de 9.000 millones más en cotizaciones. Por tanto, la cotización media será de 6.400 euros anuales para cada uno de los 3,1 millones de autónomos actuales que ahora abonan de media 3.500 euros a la Seguridad Social.

El Gobierno español tiene que basar su reforma de pensiones un desempeño económico que avale el gasto y los ingresos, es decir, el balance del sistema. Es el punto y final de la reforma, un informe en el que apoyen las medidas relativas al sistema de prestaciones públicas sobre los indicadores de empleo, productividad, saldo migratorio o, en definitiva, el PIB. En el indicador general del PIB, las previsiones de la auditora pública, la AIReF, rebaja en medio punto el optimismo previsto por el Ministerio.

El mantenimiento del sistema de pensiones se enfrenta a un reto durante las próximas décadas, con la jubilación del baby boom y la revalorización de las pensiones con el IPC. La salida los trabajadores del baby boom provocará un desajuste progresivo entre el número de cotizantes que sostienen y los pensionistas. En la actualidad, las prestaciones de los nuevos jubilados que provienen del régimen general (los asalariados) llegan a 22.722 euros anuales y ya son un 19% más elevadas que el salario más frecuente en España, que Estadística cuantifica en 18.480 euros al año. Una comparativa que revela el problema al que se enfrenta el sistema durante las próximas décadas: más pensionistas provocarán más gasto a asumir por menos trabajadores y salarios reales más bajos tras la reforma.

La reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido convalidada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. El último paquete de medidas, que incluye un mayor esfuerzo en cotizaciones sin minorar el gasto, ha contado con 179 votos a favor votos a favor y 104 en contra.

El decreto ley que reforma el sistema publico de pensiones se someterá este jueves a votación en el Pleno del Congreso y el Gobierno de coalición cuenta ya con los apoyos suficientes para su convalidación, al margen de lo que finalmente decidan votar el PP y Vox.

A solo un día de que se debata en el Congreso el Real Decreto-ley que modifica el sistema de pensiones español, el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) vuelve a alertar de que la 'reforma Escrivá' deteriora la equidad contributiva y lastra gravemente la sostenibilidad del sistema. El IAE viene a alinearse con los fundados temores expresados también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de los cambios que se prevén en la normativa. Como vía de escape, prevén más subidas de cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad por el desvío del gasto.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que, "de entrada", el Grupo Popular va a votar en contra del decreto de reforma del sistema de pensiones que se somete a convalidación este jueves en el Pleno del Congreso, un "parche" que, a su juicio, recoge una subida de impuestos "encubierta". Además, se ha quejado de que hasta el momento no se haya proporcionado información a su formación política.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "amnésico" al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, porque hace tres años cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) defendía en materia de pensiones lo mismo que dice ahora el Partido Popular, el Banco de España y la propia AIReF. Además, ha recalcado que el propio Ejecutivo "en el fondo lo reconoce" al aplazar este debate al 2025.

La segunda fase de la reforma de pensiones de Escrivá ha contado con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios pero no de la patronal. ¡Más que lógico! Serán las empresas las que tendrán que soportar el coste de esta reforma que no incluye ninguna medida para contener el gasto pero que espera incrementar la recaudación en 15.000 millones de euros al año cuando esté en pleno funcionamiento.

La pasada semana, la del polémico cierre de la conocida como "segunda fase" de la reforma de las pensiones, ha sido muy rica en declaraciones públicas que, sumadas a todas las que venimos estando acostumbrados, ilustran perfectamente lo descacharrante de la situación.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, reconoció ayer, ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el escaso alcance de su propia reforma de pensiones, acordada con la UE hace escasos días. Escrivá prevé una mejora de ingresos del orden del 1,1% del PIB a mitad de este siglo, apenas una cuarta parte del mayor gasto previsto para el sistema, según el contenido del Ageing Report de la Comisión Europea, situado en el equivalente al 4,5% del PIB. Ese será el bajo rendimiento de medidas como la ampliación de la base máxima de cotización más la creación de dos extracotizaciones "sin derecho a prestación", es decir, dos impuestos como son el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad.

Los sindicatos confirman junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones. El acuerdo recoge un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas con el IPC más "uno o dos puntos", explican fuentes negociadoras. Sobre la mesa, el Ministerio ha acordado con los sindicatos una mayor presión sobre los trabajadores y empresarios mediante una mayor carga en cotizaciones a través del destope de cuotas, y con la creación de dos nuevos impuestos que no generarán prestación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará al 1,2% en 2029, y el recargo de solidaridad del 6% sobre todo el salario que exceda la base máxima.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la última parte de la reforma de pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Como detalle de última hora, el Gobierno ha aceptado una modificación en la cuota de solidaridad que introduce una cotización extra sobre todo el salario que excede la base máxima prevista por el Gobierno para cada año. Dejando atrás el 6% como cuota única para todos los salarios que superen dicho tope, la propuesta de PDeCAT aplica una cuota de hasta el 7% para los salarios que excedan un 50% la base máxima prevista en 2045, tras el periodo transitorio. En términos actuales, la sobrecotización del 7% se aplicaría sobre sueldos superiores a 90.000 euros.

Sorprende que las medidas tomadas en esta legislatura para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo den como resultado un aumento en el gasto por pensiones. En las dos fases de esta reforma, se han aprobado: la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad, la mejora que supone el nuevo cálculo de las pensiones para los empleados con carreras irregulares y la subida de las pensiones mínimas.

El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal,  una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este jueves que "prácticamente" ha llegado ya a un acuerdo con la Comisión Europea sobre los elementos que conformarán la segunda pata de la reforma de pensiones. El ministro volvió a explicar que tramitará la reforma por la vía del real decreto-ley, como adelantó 'elEconomista.es'.

El Consejo Editorial de Pensiones de El Economista se reunió recientemente para discutir, principalmente, sobre la reforma de pensiones española. En un ágora crítico e independiente, consideran que es insuficiente y que España tiene pendiente un gran pacto despolitizado y una reforma integral que reparta el coste entre todos los agentes, los trabajadores y los pensionistas, para dejar de pagar pensiones a costa de endeudarnos. Los consejeros apuntan, además, a una mejora de los planes de pensiones individuales y colectivos que mejoren la capacidad de ahorro complementaria a la prestación pública bajo un prisma realista.